Por Gustavo Rodríguez
25 Octubre 2025
SEGUIRÁ EN UN CALABOZO. El entrenador de fútbol Juan José Sáez, por orden de un juez, permanecerá detenido dos meses por el momento.
El entrenador de una escuelita de fútbol de Yerba Buena fue formalmente acusado de tres cargos de grooming, de tentativa de abuso sexual, corrupción de menores y producción de material pornográfico. Por estos hechos, un juez le dictó la prisión preventiva por dos meses. La audiencia estuvo cargada de polémicas, ya que el acusado denunció agresión y una serie de ataques e irregularidades que, en principio, no pondrían en peligro la investigación.
El auxiliar Juan Villardi, con instrucciones de la fiscala Alejandra Navarro, formuló cargos contra Juan José Sáez, responsable de una escuelita de fútbol que funcionaba informalmente en Yerba Buena. El representante del Ministerio Público aclaró que por el momento son tres las denuncias que recibieron, pero que habría por lo menos otras cinco víctimas y que estiman que en las próximas jornadas realizarían las presentaciones correspondientes.
Villardi enumeró los tres casos que sostuvieron la acusación:
1- El domingo pasado, comenzó a enviarle mensajes con contenido sexual explícito sexual a un adolescente con el único propósito de tener una relación con la víctima. A cambio, le habría ofrecido un vaper.
2- En fecha no determinada por el momento, comenzó a intercambiar mensajes de índole sexual con otros de los menores que entrenaban con él. Además, concertó un encuentro con este chico en un bar donde intentó darle un beso a la fuerza.
3- Le pidió a otro menor a través de mensajes de WhatsApp que se filmara realizando actos de significación sexual con la promesa de llevarlo a un club de fútbol.
Por todos estos hechos, Sáez fue acusado de grooming, tentativa de abuso sexual, corrupción de menores y producción de material de abuso sexual infantil. Villardi pidió que se le dictara la prisión preventiva por dos meses, planteo que fue aceptado por el juez Bernardo L’Erario Babot.
Polémica
El caso salió a la luz el domingo, cuando el padre de una de las víctimas descubrió el mensaje y, haciéndose pasar por su hijo, acordó un encuentro con el imputado. El hombre fue hasta ese lugar acompañado por otros progenitores y, después de agredir a Sáez, se quedaron con su celular porque, según dijeron, se le había caído cuando escapaba.
“Vamos a pedir la exclusión probatoria de lo que surja de ese teléfono. No es cierto que se le haya caído, los padres, se lo quitaron cuando lo golpearon salvajemente”, aseguró su defensor Javier Lobo Aragón. “Desde el domingo hasta ayer estuvo en poder de no sé quién, sin ningún tipo de custodia. No sólo eso, sino también que desconocidos sacaron videos íntimos de mi defendido para viralizarlo”, añadió.
El profesional también lamentó que extrajeron datos sensibles que terminaron caldeando más los ánimos. “Entiendo el dolor y el enojo de los padres, pero intentaron quemarle la casa a la madre que no tuvo nada que ver. También están siendo sometidos a escraches en las redes sociales. También voy a pedir que se inicie una investigación por todo lo que sucedió”, argumentó Lobo Aragón que decidió no impugnar la resolución del magistrado.
Los investigadores le restaron importancia al hecho de que el celular recién haya aparecido ayer. Valleri indicó que la fiscalía ya tiene en su poder el móvil de una de las víctimas en el que podrán conseguir pruebas. Esperan que en las próximas horas los otros progenitores también entreguen los teléfonos de sus hijos para que sean analizados por los peritos.
El representante del Ministerio Público anunció que solicitarán los turnos para que los menores sean entrevistados en Cámara Gesell. “Esta será una prueba categórica para sostener nuestra teoría del caso”, finalizó.
Cada vez se denuncian más casos de acoso
Las estadísticas que manejan las fiscalías especializadas en delitos sexuales: dos de cada 10 casos de abusos son de grooming, según pudo establecer LA GACETA. Los especialistas explicaron que la cifra podría ser mucho mayor, ya que se trata de un delito que no es normalmente denunciado por pudor o porque los ciudadanos no saben que se trata de un ilícito. El Código Penal no sólo lo contempla, sino que establece una pena de entre seis meses y cuatro años. En nuestra provincia, por una investigación realizada por la fiscalía que conduce Alejandra Navarro, se logró condenar a un docente que había solicitado a una de sus alumnas imágenes íntimas. La adolescente, para preservarse, le envió fotografías bajadas de la red. El profesor, a través de un juicio abreviado, recibió una pena de cumplimiento condicional.
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