La industria azucarera advierte riesgos ante la desregulación que impulsa el gobierno de Milei

Preocupación en el sector sucroalcoholero por un proyecto del oficialismo.

POSICIÓN. Las empresas azucareras expresaron su apoyo al proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas. POSICIÓN. Las empresas azucareras expresaron su apoyo al proyecto de la Liga de Provincias Bioenergéticas.

La Cámara de Bioetanol de Maíz y el Centro Azucarero Argentino (CAA) expresaron su firme respaldo al proyecto de ley de biocombustibles presentado en el Congreso de la Nación por las senadoras Alejandra Vigo y Carolina Moisés, entre otras. La iniciativa, impulsada por la Liga de Provincias Bioenergéticas, propone aumentar el porcentaje de mezcla de bioetanol -producido a partir de caña de azúcar y maíz- y de biodiésel en las naftas y el gasoil, respectivamente, entre otras medidas.

Ese aval se hizo público días atrás, luego de que se conociera la intención del gobierno de Javier Milei de avanzar con un proyecto en paralelo, durante la última reunión informativa de las comisiones de Minería, Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda, ambas del Senado de la Nación. En esa instancia, Federico Veller, subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos, indicó que la Secretaría de Energía nacional tenía un proyecto borrador alternativo, y Ezequiel Atauche (LLA), oficialista y titular de la segunda comisión, manifestó el objetivo de lograr un único dictamen que contemple las distintas posiciones.

A partir de allí, se expuso un escenario marcado por la incertidumbre y la preocupación. En la industria azucarera observan con cautela la posible presentación de un nuevo proyecto de modificaciones en el marco regulatorio por parte del oficialismo, teniendo en cuenta la política de desregulación plena que impulsa la administración libertaria desde Buenos Aires.

El sector sucroalcoholero expresó la adhesión a la iniciativa impulsada por las provincias productoras de bioetanol y biodiésel - entre ellas Tucumán-, que fija un cronograma de incremento en las mezclas obligatorias con combustibles fósiles. En el caso de las naftas, para que el porcentaje de bioetanol pase del actual 12% al 15% en el corto plazo; mientras que en gasoil, se eleve del 7,5% al 15% dentro de los próximos tres años.

Otro punto central del proyecto de la Liga para la agroindustria azucarera es que preserva la participación de la caña de azúcar con un 6% y del maíz con otro 6% en el cupo, hasta cubrir el 12% del corte. A partir de ahí se libera la elección de las materias primas.

Apertura

El borrador de la Secretaría de Energía ya circula, y en su primera parte establece una apertura plena del mercado de biocombustibles, al acuerdo entre las partes y a la importación, lo que daría argumentos a la posición de las firmas azucareras. El proyecto además contempla un cronograma de transición hasta 2030, en el que se combina la asignación de volumen por cupo y licitaciones, y una reducción progresiva del 6% para caña de azúcar hasta la eliminación de este requisito de abastecimiento.

Una desregulación, como la que se plantea en esta última iniciativa, abriría un panorama complicado para la industria azucarera, una actividad “muy regulada en el mundo”. Fuentes de la agroindustria señalaron varios puntos de riesgo: la libertad en un mercado ultraconcentrado (tres empresas petroleras tienen el 95% de la demanda), la incorporación de esas compañías hidrocarburíferas en la comercialización de biocombustibles sin topes de mercado, la eliminación de la participación para la caña y la competencia con el bioetanol importado.

“Es un tema de negociación política de ahora en más. El Gobierno nacional y las provincias no llegaron a un acuerdo sobre el proyecto de modificación de la ley de biocombustibles este año. Las partes negociaron, pero no pudieron acercar posiciones. La Liga de Provincias quiere insistir con el proyecto propio, y en el Senado puede ser factible que se apruebe”, le confió una alta fuente de la industria sucroalcoholera nacional a LA GACETA.

De todas formas, por ahora se estima que no habrá tiempo suficiente para obtener dictamen ni la aprobación de ningún proyecto durante este año parlamentario, y es poco probable que sea tratado en sesiones extraordinarias. La negociación podría seguir en el verano.

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