ANOTACIONES. Los cuadernos de Centeno, base de esta nueva megacausa, de las pruebas más controvertidas de la historia judicial nacional.
A partir de mañana, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner enfrentará un nuevo capítulo en su compleja historia judicial. Lo hará desde su departamento de la calle San José 1.111 en el barrio porteño de Constitución, sentada ante la webcam de su computadora, un escenario digital que contrasta con la mística de los viejos Tribunales. Este juicio oral, que comienza mientras cumple una condena por la Causa Vialidad, la ubica una vez más en el centro de las acusaciones de corrupción.
La base de esta nueva megacausa es una de las pruebas más controvertidas de la historia judicial argentina: los “cuadernos de las coimas”, escritos por el chofer Oscar Centeno. Sus anotaciones, validadas por una pericia caligráfica de Gendarmería Nacional, funcionarían como una radiografía del supuesto esquema de recaudación de sobornos que operó bajo el manto del Ministerio de Planificación Federal.
El escándalo se centra en la supuesta continuidad y expansión de un sistema ilícito de que se basaba en el pedido de coimas a empresarios, gestado originalmente durante la presidencia de Néstor Kirchner. Centeno, chofer de Roberto Baratta (mano derecha de Julio De Vido), afirmó en sus escritos que, incluso en mayo de 2013, que la propia Cristina Fernández convocó a De Vido y Baratta para reactivar y consolidar la maquinaria de coimas ligadas a la obra pública.
La figura de Centeno se erigió como la máxima “traición de estilo” en la política contemporánea. Su declaración como “arrepentido”, en la que aseguró haber visto a la entonces presidenta “en jogging” en la Quinta de Olivos recibiendo los supuestos bolsos, se convirtió en una imagen icónica y demoledora para la narrativa kirchnerista.
La acusación formal, elevada por el fallecido juez Claudio Bonadío en septiembre de 2019, es de una gravedad institucional ineludible. El magistrado consideró a la ex mandataria como la jefa de una asociación ilícita que se mantuvo activa entre 2003 y 2015. Se le imputan no menos de 204 episodios de recepción de coimas.
La logística
El escrito de Bonadío detalló la logística de la presunta red, señalando que el dinero era entregado alternativamente a los titulares del Poder Ejecutivo o a sus secretarios privados en puntos neurálgicos del poder y la vida privada de la ex pareja presidencial: sus domicilios de Uruguay 1.306 y Juncal 1.411, la Residencia Presidencial de Olivos, y hasta la Casa Rosada.
El juicio que comienza en el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF N°7) exhibe una dimensión inédita: serán juzgados 87 imputados. Esta lista incluye a 22 exfuncionarios y empleados políticos clave, como Julio De Vido y Roberto Baratta, junto a una imponente nómina de 65 empresarios de la construcción y los servicios, quienes están acusados de cohecho activo.
Entre los hombres de negocios imputados, figuran nombres de peso como Ángel Calcaterra, Aldo Benito Roggio, Enrique Menotti, y los socios del Grupo Indalo, Cristóbal López y Osvaldo Manuel De Sousa. Esta masiva inclusión de la cúpula empresaria nacional dimensiona el supuesto esquema como una red sistémica que vinculaba al poder político con el económico.
Dada su magnitud, el proceso se desarrollará en una cuadrícula virtual de Zoom, transmitida de forma oficial por YouTube, democratizando el acceso a las audiencias. Los acusadores, la fiscal Fabiana León y su colega Paul Starc (titular de la UIF), comenzarán su tarea con la presentación de las partes, seguida por la lectura del voluminoso pedido de elevación a juicio del fiscal Carlos Stornelli.
Las implicancias del proceso son de carácter político y legal, pero también narrativo. El inicio del debate oral se da en un contexto de derrota política del kirchnerismo, lo que, según algunos análisis, podría reducir la intensidad del impacto mediático del caso, si bien la acusación en sí mantiene toda su potencia institucional.
La complejidad del caso se refleja en su duración impredecible. Nadie puede prever el plazo de cierre del proceso. Esta posible “eternidad” del juicio podría prolongarse durante años con las múltiples presentaciones de las defensas
Conscientes de esta prolongación y de su falta de fe en la justicia local, la defensa ya ha iniciado gestiones en tribunales internacionales, buscando en Madrid un aval de un dictamen internacional sobre la violación de las garantías constitucionales. El objetivo final es conseguir un instrumento vinculante que permita anular la sentencia, demostrando que, para el kirchnerismo, la batalla por la Causa Cuadernos se extiende mucho más allá de las fronteras argentinas.
“Vergüenza judicial”: la defensa impulsa la nulidad del caso
La defensa de la ex mandataria, en manos de Carlos Beraldi y Gregorio Dalbón, sostiene una postura de rechazo absoluto, calificando el expediente como la “vergüenza judicial más grande” en democracia. Alegan que el caso es “insanablemente nulo” y forma parte de una “persecución” política”. Entre las supuestas irregularidades denunciadas, se destaca que los elementos centrales de prueba fueron alterados más de 1.500 veces. Además, denuncian una red de extorsión a los empresarios para que declararan como arrepentidos.
























