Por Luis María Ruiz
06 Noviembre 2025
PARO. Los colectivos siguen sin funcionar en la Capital. Foto Analía Jaramilo
Tras la segunda jornada con paro de choferes de colectivos en la Capital, el conflicto se mantiene. Y si bien se abren espacios de diálogo entre distintos actores, no se descarta que se profundicen tanto los reclamos como la duración de las medidas de fuerza.
La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) ratificó la suspensión de unos 150 trabajadores afiliados a la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) que prestan servicios en las 13 de las 14 líneas urbanas (sólo la Línea 8 sostiene el servicio con la totalidad de su personal).
Ante este escenario, el gremio que encabeza César González mantendrá a las 18.30 de este jueves una nueva asamblea para definir los pasos a seguir, con la certeza de que el paro regirá efectivamente hasta la medianoche.
Según pudo averiguar LA GACETA, delegados de algunas empresas habrían anticipado la voluntad de plantear la continuidad de la huelga. Sucede que, si bien en esta instancia fueron suspendidos unos 150 choferes de forma rotativa por hasta 12 días, en los galpones se comenta que en la próxima etapa pasarían a verse afectados entre 200 y 250 trabajadores. Y aunque UTA no expresó en esta ocasión reclamos salariales -ni por incrementos ni por demoras-, si las suspensiones se extienden el personal sufriría una reducción del salario estimada en el 40%.
Los empresarios alegan que debieron recurrir a esta disposición de emergencia para hacer frente a la crisis económica, dada la imposibilidad de solventar los costos operativos de brindar el servicio. Y si Aetat no retrotrae la medida, está todo dado para que el reclamo no sólo se extienda incluso durante el fin de semana, sino también para que se endurezca la modalidad de la protesta, con manifestaciones en las calles y otras acciones.
Las razones del conflicto
Tras las elecciones del 26 de octubre, Aetat elevó una nota al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) que conduce la intendenta Rossana Chahla para exponer “la crítica situación del sector”, advirtiendo que “amenaza la continuidad misma del servicio”. A la vez, se propuso “una modificación sustancial en el sistema de retribución por la prestación”.
El texto firmado por Daniel Orell consignó una serie de observaciones al municipio -entre ellas, la falta de controles y “el incumplimiento al deber de fijar una tarifa justa y razonable-, y se instó a aplicar “un sistema de pago por kilómetro recorrido”.
"Este modelo, utilizado en diversas ciudades del mundo, permite al Estado municipal garantizar la prestación del servicio, determinando recorridos, frecuencia y calidad, y retribuyendo a las empresas por el costo real de la operación, independientemente de la cantidad de pasajeros transportados o de la tarifa que se fije al usuario”, planteó Aetat. Y aseguró que esta modalidad “aísla a las prestatarias de los efectos nocivos de la evasión, el transporte ilegal, las gratuidades no compensadas y las tarifas no rentables, asegurando la sustentabilidad del sistema".
Pese a que la reunión entre funcionarios y empresarios se concretó poco después de iniciado el expediente, no hubo acuerdo. Incluso, con posterioridad se sumaron más intercambios de notas, en este caso, entre el vicepresidente de Aetat, Jorge Berretta, y el fiscal municipal, Conrado Mosqueira.
El representante legal del municipio reprochó a Aetat una “conducta extorsiva” y objetó el pedido de un subsidio por $2.000 millones al municipio. Las empresas insistieron en que la situación era crítica y, finalmente, comunicaron las suspensiones a los choferes.
Las dos audiencias en la Secretaría de Trabajo de la Provincia finalizaron sin consenso. Así, UTA declaró un paro de dos horas en la siesta del miércoles, y continuó con la medida de fuerza durante todo el jueves. Está todo dado para que la huelga continúe.
En el Concejo
En este escenario, el presidente del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, Fernando Juri (PJ), convocó a una reunión de la comisión de Transporte, que encabeza José María Franco (PJ). Además, se invitó a las autoridades de Aetat; y a la secretaria de Gobierno municipal Camilia Giuliano y al secretario de Transporte de la Capital, Benjamín Nieva.
La intención del oficialismo es abrir un espacio de diálogo para que las partes formulen propuestas y traten de acercar posiciones.
Más allá de los avances que se puedan producir, no parece probable que este ámbito posibilite una salida al conflicto que dejó la ciudad sin las líneas urbanas. De hecho, no se citó a UTA dado que en el cuerpo colegiado entienden el paro como una cuestión privados.
Tampoco está previsto que se discuta el monto del boleto, puesto que las empresas advirtieron sobre el efecto negativo que podría tener un incremento en la tarifa, en un momento en que cada vez más pasajeros se mudan a las aplicaciones. Pero el encuentro ofrecerá un nuevo canal de comunicación en un escenario de tensión, sin soluciones simples a la vista.
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