CONFLICTOS RECURRENTES. El servicio de transporte público se vio afectado la semana pasada por un paro de UTA, producto de 150 suspensiones. FOTO LA GACETA/ANALÍA JARAMILLO
Se superó el paro de choferes, pero el conflicto del transporte generó un cimbronazo en la política de Tucumán. Y autoridades de distintos ámbitos coincidieron en la idea de comenzar a abordar de manera conjunta las distintas aristas de la crisis.
La intendenta de la Capital, Rossana Chahla, y el vicegobernador Miguel Ángel Acevedo coincidieron en la importancia de resolver los problemas de fondo en el sector con una convocatoria amplia, incluyendo la participación de la Provincia y de los municipio del área metropolitana. “La sociedad quiere un diálogo maduro, quiere un municipio con una gestión madura”, apuntó la jefa municipal.
En simultáneo a estos mensajes, el Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán dio inicio a las primeras charlas para avanzar con un proyecto de ordenanza que regule las app de servicio de pasajeros (como Uber, Uber-Moto y Didi).
A esto se suma además la expectativa por la presentación que formalizarían en los próximos días desde la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) para solicitar al cuerpo municipal un ajuste en el boleto, hoy fijado en $950.
“La gente está cansada”
El viernes por la noche, el Departamento Ejecutivo municipal (DEM) y Aetat firmaron un acta con cuatro cláusulas que posibilitaron el levantamiento de las medidas de fuerza por parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA), adoptadas tras la suspensión de trabajadores de 13 de las 14 líneas urbanas. Así, tras dos días de paro, el servicio se restituyó para el fin de semana.
El gobernador Osvaldo Jaldo afirmó que “felizmente, la intendenta Chahla ha resuelto” la situación, y “los funcionarios han estado a la altura de la circunstancia”. Hoy el transporte público está funcionando y la Municipalidad ha reaccionado en tiempo y forma”, valoró. Y recordó los aportes que efectúa la Provincia en este rubro, como la compra de 100 colectivos y la aplicación de la tarjeta Independencia.
Pero las tensiones permanecen en el sector del transporte. Y Chahla, ante los micrófonos, marcó que “estas situaciones no pueden volver a ocurrir”. Más allá del acuerdo rubricado, aseguró que el municipio no tiene “la documentación de las 150 suspensiones” anunciadas por Aetat. “Los datos son importantes”, advirtió. Luego, ante una pregunta sobre un posible incremento del boleto, aclaró que ese tema “no está en el acta”. Y se refirió a las concesiones con tenencia precaria, dado el reclamo de los empresarios para que se regularice esta cuestión. En esa línea, Chahla llamó a constituir “una mesa donde estemos todos” los actores. “No es solamente la Capital, es todo el Gran San Miguel (de Tucumán)”, profundizó. Y planteó que además deberán estar involucrados otros sectores, como empresarios y usuarios. “Necesitamos tener vecinos de cada distrito”, añadió. Y mencionó luego que desde su equipo ya se han comunicado con expertos para elaborar una propuesta para la adjudicación. “No podemos volver a mandar un pliego de hace 30 años”, añadió. E insistió con que el transporte “no empieza y termina el recorrido en la Capital”. “La solución también tiene que venir de la mano con los otros intendentes, con la Provincia, con la Legislatura, con el Concejo, y con ideas de expertos y de vecinos”, expresó. Y agregó: “la gente está cansada. Nosotros tenemos que ir a una mesa de diálogo común”.
Por otro lado, advirtió que en el municipio “estamos controlando” el servicio que brindan las líneas urbanas. “Vamos a ser muy estrictos, muy rigurosos”, dijo.
Acevedo, a su turno, sostuvo que desde el Poder Legislativo “venimos bregando desde hace un tiempo” por un nuevo sistema. “Creo que hay que darle un tratamiento integral a lo que es el Gran San Miguel de Tucumán. Vamos a servir de nexos y de colaboradores con cada uno de los municipios para que se llegue a tener un transporte público más ordenado, más coordinado y con el respeto a las normas de cada uno (de los distritos”, planteó el titular de la Cámara provincial.
Incluso, abrió al puerta a la posibilidad de analizar la sanción de proyectos relacionados a las app con impacto en toda la provincia. “El mundo está cambiando; hay que adaptarse y no negar la realidad”, consideró. La discusión, sin embargo, quedaría para el próximo período parlamentario, dado que a falta de menos de dos meses para cerrar el año, la Cámara provincial tiene en agenda el proyecto del Presupuesto 2026 y otros debates complejos.
Rumbo al recinto
Al margen del pedido de diálogo de la Intendencia y de la Legislatura para una revisión integral del transporte, en el Concejo Deliberante dieron los primeros pasos para tratar aspectos concretos en lo inmediato.
El presidente del cuerpo vecinal, Fernando Juri, dialogó con el titular de la comisión de Transporte, José María Franco, para poner en marcha la discusión sobre las aplicaciones. En esta etapa, la idea es que se elabore una propuesta unificadora y que, ante todo, se alcance cierto consenso entre las bancas del oficialismo y de la oposición. A ello se sumarán además las conversaciones con el Departamento Ejecutivo municipal (DEM) y, eventualmente, con la Provincia. El objetivo es que, antes de fin de año, se pueda llevar al recinto una iniciativa que regule el funcionamiento de las plataformas.
En una entrevista con “Buen Día”, el matutino de LG Play, Juri insistió con el pedido para “cambiar el sistema” del transporte público con una revisión de fondo. “El actual es anacrónico; no funciona para ninguna de las partes”, enfatizó Juri, en alusión al recurrente malestar que expresan tanto los usuarios como las empresas y el gremio de UTA.
El peronista aclaró que todavía no ingresó al Concejo el pedido de Aetat para ajustar el boleto. Sin embargo, los empresarios están trabajando en el planteo. Más allá del monto que se calcule en los informes técnicos, la versiones indican que, de avanzar, el cuerpo vecinal no ajustaría la tarifa más allá de un 30%.





















