20 Noviembre 2025
LA POLICÍA ACTÚA en el lugar.
El Ministerio Fiscal formuló cargos contra dos pastores evangélicos de 34 años, residentes en Bella Vista, acusados de usurpación por engaño, circunvención de incapaz y privación ilegítima de la libertad en perjuicio de una mujer de 85 años del barrio Independencia. La investigación determinó que los imputados lograron apoderarse del inmueble mediante maniobras engañosas y aprovechando la vulnerabilidad de la víctima.
El juez interviniente dispuso la prisión preventiva bajo modalidad de arresto domiciliario por 20 días y ordenó la restitución provisoria de la vivienda en un plazo máximo de cinco días corridos.
La imputación: engaño, abuso de confianza y privación de libertad
La Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Ministerio Fiscal, bajo instrucciones de su titular, Diego López Ávila, imputó a los pastores —un hombre y una mujer, ambos de 34 años— como coautores de los delitos investigados. La auxiliar de fiscal, Carolina Brito Ledesma, expuso las pruebas reunidas, entre ellas un reciente informe médico que señala que la víctima presenta “un perfil de vulnerabilidad que la hace influenciable y manipulable por terceros”.
Al declarar datos personales, el imputado afirmó trabajar en una empresa privada y la mujer como docente. “Se trata de hechos graves, con una víctima vulnerable y una evidente relación de superioridad ejercida por los acusados, ministros de culto que aprovecharon la confianza depositada en ellos”, destacó la fiscalía.
Según la investigación, entre enero y julio de 2025 los acusados ejercieron presión constante para que la mujer les entregara su vivienda, argumentando que, si no lo hacía, quedaría sola y en situación de calle. La fiscalía solicitó tres meses de prisión preventiva, pero el juez finalmente dictó 20 días de arresto domiciliario, contemplando que la imputada tiene un hijo menor con discapacidad.
La restitución de la casa: cinco días para desocupar el inmueble
La fiscalía también pidió la restitución provisoria del inmueble, ubicado en calle Manuela Pedraza al 700, en un plazo máximo de cinco días. En caso de incumplimiento, se autorizará el uso de la fuerza pública a partir del 2 de diciembre.
La auxiliar de fiscal remarcó la urgencia de la medida: “La víctima, pese a ser propietaria, se encuentra viviendo en condiciones precarias junto a una sobrina, incluso compartiendo la cama. No cuenta con recursos para alquilar o adquirir otra vivienda”.
El magistrado hizo lugar al pedido y ordenó rondas policiales diarias durante la detención domiciliaria de los imputados.
Cómo se cometió el hecho: presión, engaños y encierro
De acuerdo con la acusación, los imputados —junto a una tercera persona aún investigada— aprovecharon su rol religioso y la confianza que la víctima les tenía desde 2023. En junio, luego de una reunión religiosa en pasaje Tejerina al 500, el pastor llevó a la mujer ante un falso policía y la hizo firmar un boleto de compraventa por $1.000.000, una cifra calificada por el juez como “vil”. Solo le entregaron $15.000.
Entre fines de junio y comienzos de julio, los acusados la sacaron de su vivienda, trasladaron algunos muebles propios, cambiaron la titularidad de los servicios e iniciaron obras de remodelación, apropiándose de la casa.
Tras el despojo, la mujer fue alojada en la casa de la madre de la imputada, donde la mantuvieron en una habitación cerrada con llave, sin contacto con su familia y con retención de su documentación y tarjeta de débito, controlando así sus movimientos y el cobro de su jubilación. Esta situación se prolongó hasta el 28 de julio.
Una investigación que continúa
La causa seguirá su curso con nuevas medidas de prueba y la posible imputación de la tercera involucrada. Mientras tanto, la víctima deberá recuperar su vivienda en los próximos días, y la fiscalía mantiene la acusación firme ante la gravedad de los hechos.
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