Por Nahuel Toledo
25 Noviembre 2025
Cristina Fernández
Tras una intensa jornada de cuatro horas, el Tribunal Oral en lo Penal Federal N°7 (TOF 7) puso fin a la última sesión del juicio conocido como “Causa Cuadernos”, dejando un cúmulo de impactantes testimonios y una gran expectativa de cara a la próxima audiencia de hoy.
El Tribunal difundió que la actividad se reanudará puntualmente este 25 de noviembre a las 13.30, marcando la continuidad de un proceso judicial que ha puesto al descubierto presuntas maniobras de corrupción durante los gobiernos kirchneristas.
El foco de la última audiencia estuvo puesto en detallar los aportes de los imputados colaboradores, cuyas confesiones se han convertido en el motor central de la acusación.
El testimonio del ex funcionario Claudio Uberti, antiguo director ejecutivo de Occovi y hombre de confianza de Néstor Kirchner y Julio de Vido, ex ministro de Planificación Federal, acaparó la atención con revelaciones de alto impacto.
Uberti, quien fue el primer imputado colaborador en la causa, puso sobre la mesa una cifra escalofriante al referirse a la muerte del ex presidente: “El día que murió Néstor Kirchner había más de U$S 60 millones en Juncal”.
Aunque aclaró que no presenció el dinero, afirmó haberlo sabido por comentarios directos de José María Olazagasti, ex secretario privado de Julio de Vido, dando un indicio sobre el presunto manejo de dinero en efectivo.
Su relato continuó describiendo la logística de entrega de dinero en el departamento de Uruguay y Juncal, incluyendo bolsos de “más de diez kilos” entregados por Gerardo Ferreyra y coordinados con Daniel Muñoz.
La escena que pintó Uberti en el departamento es gráfica y elocuente: en una ocasión, subió y vio un gran número de valijas -alrededor de 20- en el palier y el dormitorio, las cuales Muñoz presuntamente llevaría a Santa Cruz. “’Después de esto voy a poner un negocio de valijas’”, le habría dicho Muñoz, según su testimonio.
Según la declaración de Uberti, esas valijas tenían como destino final la casa de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner en Río Gallegos, donde se encontraban bóvedas que habrían comprado al Banco Hipotecario.
Lo más grave es la logística de traslado: el dinero, aseguró, era llevado a Santa Cruz en el Tango 01, cargado en la Base Aérea Militar de Aeroparque y descargado en el aeropuerto de Río Gallegos.
No obstante, otro testimonio clave que resuena en el expediente es el del ex secretario de Fernández de Kirchner, Fabián Gutiérrez, cuya declaración como “arrepentido” nunca será leída en el juicio oral debido a su trágico fallecimiento en 2020.
A pesar de que la acción penal en su contra se anuló, el relato de Gutiérrez sigue siendo parte del expediente judicial y es crucial, ya que lo describía como un engranaje clave para “asegurar el dinero ilícito”, según el fiscal Carlos Stornelli.
Antes de su muerte, Gutiérrez había aportado detalles sobre los traslados de dinero hacia el sur: vuelos frecuentes y valijas con candado manipulados exclusivamente por Daniel Muñoz, el otro fallecido secretario de Kirchner.
Equipaje sellado
Su testimonio del 28 de septiembre de 2018 aseguró que Muñoz viajaba con equipaje sellado y que al llegar a la residencia de los Kirchner, se ordenaba el retiro del personal por aproximadamente una hora para permitir las maniobras.
Además, mencionó haber visto a otros funcionarios clave: José López llegando con bolsos y Ricardo Jaime con mochilas en visitas a Néstor Kirchner, señalando que Muñoz era quien se retiraba con el contenido de lo que ellos traían.
La brutal muerte de Gutiérrez, quien fue maniatado y asfixiado, generó en su momento una fuerte teoría conspirativa de “silenciamiento”. Sin embargo, la Justicia provincial determinará que fue un homicidio común por robo, descartando el móvil político.
La relevancia del testimonio de Gutiérrez se entrelaza de manera directa con el otro gran “arrepentido” de la causa: José López, ex secretario de Obras Públicas. Este último, en su propia confesión, apuntó al rol de Gutiérrez y la ex presidenta. De hecho, al ser consultado por los famosos bolsos que intentaron ocultar en un convento, López aseguró que ese dinero de la “recaudación” provenía de Fabián Gutiérrez y, por inferencia, de Cristina Fernández de Kirchner. Esta cadena de confesiones es la que el TOF 7 busca exponer, demostrando cómo la maquinaria ilícita se habría sostenido a través de colaboradores de extrema confianza que, luego, se volvieron contra la cúpula.
El expediente judicial también revela una trama tecnológica que complicó la investigación. Al momento de su detención, José López portaba un iPhone 6 en el que figuraban contactos relevantes como Julio De Vido, Daniel Muñoz y el propio Gutiérrez, una pista digital crucial. Sin embargo, cuando la Policía Federal arrestó a Gutiérrez, no se pudo acceder al contenido de su dispositivo, solo se logró recuperar la información de la tarjeta SIM. Este detalle subraya el secretismo que rodeaba a la red y cómo los eslabones clave intentaron borrar su rastro digital, un elemento que la Justicia trata de reconstruir a través de los testimonios orales.
Causa Vialidad: ¿decomisan el departamento de Cristina?
Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola analizan incluir en un nuevo pedido de bienes a decomisar en la causa Vialidad al departamento donde Cristina Kirchner cumple su pena de seis años de prisión, en San José 1111, Constitución. La decisión final es del Tribunal Oral Federal 2, que el martes pasado ordenó decomisar 80 propiedades de Lázaro Báez y sus empresas; un terreno en Santa Cruz de la ex presidenta y una veintena de inmuebles que fueron cedidos en su momento a Máximo y Florencia Kirchner.
¿Cómo sigue el proceso?: audiencias determinadas
Está previsto que, en las audiencias del 27 de noviembre y del 2 de diciembre, se concluya con la lectura de los requerimientos correspondientes a los dos restantes tramos en la causa “Cuadernos”, formulados por Stornelli ante el fallecido juez Claudio Bonadio. Luego, en las jornadas del 4, 9, 11 y 16 de diciembre, se leerán las partes de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal y la UIF, en la causa denominada “La Camarita”, donde se investigó la cartelización de obras públicas.
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