Un hombre denunció a tres efectivos de la Policía de Tucumán por haberle secuestrado la camioneta con el argumento de que había una orden judicial contra el rodado (que posteriormente comprobó que era falsa), y por haberlo mantenido retenido durante más de cuatro horas en la Brigada de Investigaciones de Banda del Río Salí. El caso ya fue remitido al Ministerio Público Fiscal y será investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos.
Según el escrito que presentó la víctima, F.L, junto al abogado Álvaro Zelarayán, ante la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, el sábado 15 de noviembre, un móvil policial llegó hasta su domicilio en el barrio 100 Viviendas, Alderetes. De allí descendieron tres policías de civil, quienes le consultaron si era el propietario de una camioneta Toyota Hilux y le informaron que sobre el vehículo pesaba un pedido de secuestro.
F.L les aclaró inmediatamente que su nombre no coincidía con el mencionado en la supuesta orden y que la camioneta estaba a su nombre desde 2021. Les pidió entonces que le mostraran la documentación judicial. Los policías le habrían afirmado que la Fiscalía y el Juzgado Federal N º 1 habían ordenado el secuestro y que la secretaria del juzgado había autorizado el procedimiento. Bajo ese argumento -y prometiéndole que le mostrarían la orden al llegar- lo convencieron de acompañarlos hasta la Brigada.
Una vez dentro de la dependencia policial, nunca le exhibieron la orden sino que le retuvieron su teléfono, le hicieron vaciar los bolsillos y lo fotografiaron de frente y de espaldas contra un banner institucional de la División Policial correspondiente. El hombre denunció que esas imágenes fueron publicadas en internet como resultado de un operativo. Aseguró también que permaneció retenido en la dependencia hasta las 16.15, cuando le devolvieron el teléfono y le permitieron llamar a un amigo para que lo retirara.
Al lunes siguiente, el denunciante se presentó junto a su representante legal al Juzgado Federal N.º 1, donde la secretaria le confirmó que nunca había dado una orden de secuestro y que la que existió en su momento había caducado en 2021. La funcionaria también le indicó que la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos le había informado al juzgado ese mismo lunes sobre la retención del vehículo. Al constatarse que el pedido de secuestro no era vigente, en el Juzgado ordenaron que le devolvieran el rodado a su dueño.
Persecución
En el parte policial los efectivos consignaron que el secuestro se produjo en el marco de una persecución. Según detallaron, ese sábado un equipo de tres oficiales se encontraban realizando recorridos preventivos cuando visualizaron el rodado. “El demorado, al notar la presencia policial realizó una maniobra evasiva, por lo que los efectivos tomaron la iniciativa de realizar un control. Al consultar con la Oficina de Verificación de Dominio, les informan que sobre el rodado pesa un pedido de secuestro vigente”, indicaron.
“Su versión es que vieron a F.L circular por la calle y al constatar que era un vehículo con pedido de secuestro lo siguieron hasta llegar a su casa y ahí lo interceptaron. Pero ellos llegaron más de 20 minutos después que mi representado, le golpearon, le tocaron el timbre de la casa y se lo llevaron delante de todos sus vecinos. Si lo venían siguiendo tendrían que haber llegado detrás de él, no 20 minutos más tarde”, dijo Zelarayán.
El abogado explicó que su pupilo adquirió el vehículo en 2021 y que, cuando estaba a nombre del dueño anterior, la camioneta sí había tenido un pedido de secuestro por una deuda fiscal, pero que actualmente no estaba vigente. “Entiendo que quizás al buscar la patente en su base de datos figuró el pedido de secuestro, pero no tenían ninguna orden de llevarla. Lo que tendrían que haber hecho, en todo caso, era presentar un informe al Juzgado Federal notificando que habían ubicado la camioneta y ahí pedir la orden de secuestro; no actuar ellos por anticipado y mucho menos retener a alguien en contra de su voluntad e incomunicado durante tantas horas”, sostuvo.
En su denuncia, F.L solicitó que se investigue a los tres efectivos por privación ilegítima de la libertad y falsificación de instrumento público. Entre las evidencias ofrecidas, aportó filmaciones de cámaras de vecinos en las cuales se observaría que los policías llegaron a su casa y no lo interceptaron en la vía pública, como ellos habrían declarado.
El caso fue rápidamente remitido a la Fiscalía de Delitos Complejos que conduce Mariana Rivadeneira. Una vez que la fiscala analice la denuncia y las evidencias aportadas decidirá los próximos pasos a seguir.
























