Por Gustavo Rodríguez
04 Diciembre 2025
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El fiscal Regional Fernando Blanno será el responsable de investigar la denominada “causa espejo” del caso Vélez, según lo resolvió el juez Bernardo L’Erario Babot. No se conocieron muchos detalles de las razones de la decisión jurídica, ya que la audiencia fue declarada secreta por el magistrado, por pedido de la fiscala Mariana Rivadeneira.
Semanas atrás, el futbolista José Florentín Bobadilla, uno de los acusados de haber abusado de una joven, a través de sus abogados Florencia Abdala y Camilo Atim, denunció que se había formado una asociación ilícita para perjudicarlos legalmente. Acusó al diputado nacional Carlos Cisneros, a los defensores de la denunciante Juan Andrés Robles, Patricia Neme y Franco Venditi, a la víctima y a su padre, a tres testigos y a un colaborador de La Bancaria de diferentes delitos.
Salvo Cisneros, a todos los otros mencionados se les inició una investigación por falso testimonio y estafa procesal, por sólo mencionar algunos. Los señalados solicitaron una audiencia para que sean sobreseídos, se declaren ilegales los allanamientos que se realizaron en el marco del expediente. También cuestionaron que el expediente haya quedado en las manos de Rivadeneira cuando debería haber intervenido desde un primer momento Blanno, ya que uno de los señalados en la denuncia era un parlamentario.
Después de varias suspensiones, se realizó la audiencia que deparó varias sorpresas. Una de ellas es que al denunciante no se le había otorgado el rol de querellante, por lo que sus representantes legales no pudieron estar presentes.
Además, pese al pedido de los defensores de los denunciados, por un planteo realizado por la fiscala Rivadeneira que fue aceptado por L’Erario Babot, la audiencia fue declarada secreta. Por esa razón, no pudo ser presenciada por la prensa ni por los defensores de Sebastían Sosa (Ernesto Baaclini), Braian Cufré y Abiel Osorio (José María Molina, Ernesto García Biagosch y Antoniella Battaglia).
LA GACETA pudo acceder a la resolución judicial firmada por L’Erario Babot, aunque no pudo presenciar los alegatos de cada una de las partes. El magistrado, entre otros puntos, decidió:
- Declarar secreta la audiencia solicitada por los investigados.
- Rechazar los planteos de los defensores que pidieron la nulidad de los allanamientos. Las quejas se habrían fundado en que se revisaron domicilios no autorizados y, en el caso de Neme, sin la presencia de un veedor del Colegio de Abogados, como lo estipulan las normas.
- Negar la declaración de incompetencia porque Rivadeneira, al estar mencionado Cisneros en la denuncia, debería haberse excusado de investigar el caso. En el debate, la representante del Ministerio Público habría asegurado que en ningún momento habría iniciado una pesquisa en contra del diputado nacional.
- No aceptar la exclusión probatoria de los elementos secuestrados durante los allanamientos al considerar que fueron legales.
- Rechazó que se devolvieran los celulares de todos los mencionados que fueron decomisados durante las medidas realizadas.
- Negar el sobreseimiento de todos los investigados.
- Remitir el expediente que había instruido Rivadeneira a manos de Blanno. Según se pudo establecer, habría entendido que podrían dictarse dos sentencias contradictorias si en dos legajos diferentes se investigan mismos delitos.
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