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ESTRATEGIA. El Gobierno busca que el proyecto no vuelva a Diputados.
El Gobierno nacional atraviesa horas decisivas en el Congreso. La gestión de Javier Milei ha fijado el 26 de diciembre como la fecha clave para que el Senado se convierta en ley el Presupuesto 2026. La premura no es casual: el oficialismo necesita enviar una señal contundente de gobernabilidad a los mercados financieros, especialmente ante el vencimiento de US$ 4.200 millones de deuda previsto para el 9 de enero.
La estrategia de La Libertad Avanza (LLA) en la Cámara alta es clara: aprobar el proyecto tal como fue enviado por Diputados, aceptando la exclusión del polémico Capítulo XI. Este apartado, que buscaba derogar las leyes de financiamiento universitario y servicios de discapacidad, fue el epicentro de una derrota política para el oficialismo en la Cámara Baja. Ahora, el oficialismo prefiere la cautela y evitar cualquier modificación que obligue a devolver la iniciativa a Diputados, donde el margen de maniobra temporal es casi nulo.
Endeudamiento
Desde el Ministerio de Economía, Luis Caputo sigue de cerca las negociaciones. El titular de la cartera es el principal interesado en obtener la sanción, ya que el texto autoriza un endeudamiento público por $288,7 billones —unos US$ 202.891 millones según el tipo de cambio previsto—. Respecto al impacto fiscal que generarán las leyes de universidades y discapacidad, fuentes legislativas anticiparon que Economía buscará subsanarlo medidas mediante administrativas o proyectos correctivos adicionales.
El pragmatismo se ha impuesto sobre la intransigencia inicial. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich (en coordinación con las directivas de Casa Rosada), sabe que cualquier alteración al texto implicaría un retorno a Diputados los días 29 o 30 de diciembre. De no lograrse la sanción en esos dos días hábiles, el Ejecutivo se vería forzado a reconducir el presupuesto actual por tercera vez consecutiva, un escenario que considera políticamente insostenible.
Además de la urgencia financiera, existe una fuerte presión federal. Los gobernadores han manifestado que la sanción del Presupuesto es su prioridad absoluta, ya que necesitan previsibilidad sobre los recursos que recibirán sus provincias el próximo año. Solo después de garantizados estos fondos, los mandatarios provinciales estarían dispuestos a discutir otras reformas de la agenda libertaria, lo que condiciona el calendario legislativo del verano.
La resistencia interna también juega su papel. Bloques aliados, como la UCR, ya han advertido que no acompañarán la iniciativa si el oficialismo intenta reintroducir los recortes en educación y discapacidad. Por otro lado, Unión por la Patria (UP) ya tiene en la mira otros puntos sensibles para la administración libertaria.
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