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PRESUPUESTO 2026. El Senado aprobó por amplía mayoría la denominada ley de leyes.
El Gobierno de Javier Milei terminó el año con un importante triunfo en el Congreso de la Nación: la sanción del Presupuesto 2026. Uno de los pilares de la denominada ley de leyes vuelve a ser el equilibrio de las cuentas públicas.
El Poder Ejecutivo (PE) ratificó que no habrá déficit fiscal y que el resultado financiero será consistente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico impulsada desde el inicio de la gestión. En esa línea, la iniciativa consolida una política de fuerte contención del gasto y establece límites estrictos a la expansión presupuestaria, con el objetivo de evitar desvíos durante un año electoral.
Como ocurre cada año, el Presupuesto incluye estimaciones del Poder Ejecutivo sobre las principales variables macroeconómicas. En materia de actividad, el Gobierno proyecta que el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá un 5% durante 2026.
En cuanto a la evolución de los precios, la inflación prevista para todo el año es del 10,1%. A su vez, el tipo de cambio oficial alcanzaría los $1.423 en diciembre de 2026, un valor inferior a la cotización mayorista actual, que se ubica en $1.452,50.
Deuda
Entre los artículos más relevantes del Presupuesto 2026 se encuentra el que autoriza al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de la deuda pública. El texto habilita al Ministerio de Economía a llevar adelante canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras orientadas a mejorar el perfil de vencimientos.
Desde el Gobierno explicaron que esta herramienta apunta a “ordenar los compromisos del Tesoro y reducir riesgos financieros”, sin aumentar el stock de deuda. Si bien la oposición cuestionó este punto por considerar que amplía las facultades del Ejecutivo, el oficialismo defendió su inclusión al señalar que se trata de una práctica habitual en presupuestos de años anteriores.
El Presupuesto también contempla mecanismos para la reasignación de partidas presupuestarias dentro de límites preestablecidos. Según el Ejecutivo, estas facultades brindan flexibilidad para atender contingencias sin modificar el equilibrio general del gasto. Funcionarios insistieron durante el debate parlamentario en que estas reasignaciones no implican un incremento del gasto total, sino una redistribución interna de recursos ya aprobados por el Congreso. “El gasto está cerrado”, remarcaron desde el oficialismo.
Subsidios y transferencias a provincias
En línea con la política fiscal vigente, el Presupuesto 2026 mantiene el esquema de reducción de subsidios económicos, especialmente en los sectores de energía y transporte. El objetivo es profundizar el proceso de focalización, de modo que la asistencia estatal se concentre en los sectores de menores ingresos.
Respecto de las transferencias a las provincias, el texto no prevé aumentos discrecionales y se ajusta a los mecanismos automáticos establecidos por la normativa vigente. Este punto generó cuestionamientos por parte de legisladores provinciales, que reclamaron mayor margen de financiamiento para las jurisdicciones.
Gasto social y sistema previsional
El Presupuesto incluye las partidas correspondientes al sistema previsional y a los programas sociales en funcionamiento. Desde el Gobierno aclararon que las erogaciones destinadas a jubilaciones y pensiones se ajustarán según la fórmula de movilidad establecida por ley.
Durante el tratamiento legislativo, funcionarios aseguraron que el gasto social “está garantizado dentro de las reglas fiscales” y que no habrá recortes en términos reales más allá de lo que determine la evolución de los ingresos y la normativa vigente.
Impuestos y presión tributaria
El proyecto aprobado no incorpora nuevos impuestos ni incrementa alícuotas. El oficialismo destacó que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de estabilidad tributaria, con la expectativa de que la recuperación de la actividad económica sostenga la recaudación.
En paralelo, el Congreso avanzó con el debate de la denominada ley de inocencia fiscal, que propone cambios en el esquema de penalidades y fiscalización. Si bien no forma parte del Presupuesto, su tratamiento simultáneo generó cruces entre el oficialismo y la oposición.
Durante el debate en el Senado, los bloques opositores intentaron modificar o eliminar distintos artículos vinculados a las facultades delegadas, la administración de la deuda y la posibilidad de reasignar partidas sin autorización legislativa adicional. Sin embargo, el Gobierno rechazó cualquier cambio al texto aprobado por Diputados.
Uno de los puntos más controvertidos fue el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef). Hasta fines de este año, la legislación vigente exige destinar el 6% del PBI a educación, el 1% a Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto a educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario al reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
El Presupuesto 2026 refuerza los mecanismos de seguimiento y control por parte del Congreso mediante informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos. Estos reportes permitirán monitorear el cumplimiento de las metas fiscales a lo largo del año.
Desde el oficialismo subrayaron que la previsibilidad presupuestaria constituye una señal clave para los mercados y los organismos internacionales. “La Argentina necesita reglas claras y un presupuesto consistente”, afirmaron durante la defensa del proyecto.
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