EEUU presentó su plan para reactivar la producción petrolera de Venezuela con un retiro parcial de sanciones
Washington anunció una flexibilización selectiva de las sanciones económicas para permitir la venta y el transporte de crudo venezolano, autorizar la importación de tecnología y avanzar en la modernización de la infraestructura petrolera y eléctrica del país.
El gobierno de Estados Unidos presentó un plan integral para reactivar la producción petrolera de Venezuela que contempla el retiro parcial y selectivo de las sanciones económicas que durante años limitaron la exportación de crudo. La iniciativa apunta a permitir la venta y el transporte de petróleo y derivados hacia los mercados internacionales, bajo un estricto esquema de control financiero y supervisión directa de Washington.
La medida fue comunicada tras la reciente operación estadounidense que derivó en la captura de Nicolás Maduro y redefine el manejo de uno de los mayores reservorios de petróleo del mundo. La flexibilización de sanciones está centrada exclusivamente en el sector energético y busca reactivar la comercialización de petróleo venezolano, sin extender los beneficios a otras áreas de la economía.
Según informó el Departamento de Energía de Estados Unidos, las operaciones comenzaron de manera inmediata con una primera fase que prevé la venta de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo. De acuerdo con el comunicado oficial, estas transacciones “continuarán de manera indefinida”, siempre que se realicen por canales autorizados y en cumplimiento de la legislación estadounidense y los criterios de seguridad nacional.
Uno de los ejes centrales del nuevo esquema es el control de los ingresos generados. Washington precisó que todos los fondos obtenidos por la venta de petróleo y productos derivados serán depositados inicialmente en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos internacionales de primera línea. El objetivo, señalaron las autoridades, es garantizar la trazabilidad, legitimidad e integridad de los recursos, en contraste con los mecanismos opacos que caracterizaron la gestión petrolera venezolana durante la última década.
“Todos los ingresos se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos”, indicó el Departamento de Energía.
El presidente Donald Trump sostuvo que la medida permitirá reorganizar el flujo de crudo venezolano hacia mercados formales. En declaraciones previas, el mandatario republicano había anticipado que el petróleo del país sudamericano volvería a circular bajo supervisión directa de Washington, luego de años en los que una parte significativa de las exportaciones se realizó mediante intermediarios y destinos alternativos para evadir las sanciones.
El retiro parcial de las sanciones también incluye medidas técnicas orientadas a recuperar la capacidad productiva del sector petrolero venezolano, severamente deteriorado por años de desinversión, mala gestión y pérdida de personal especializado. En ese marco, Estados Unidos autorizó la importación de equipos, repuestos y servicios destinados a los campos petroleros, con el objetivo de frenar el declive de la producción y generar un aumento en el corto plazo. Estas autorizaciones habilitan la participación de empresas energéticas estadounidenses y de otros países en tareas de modernización y mantenimiento.
Otro componente clave del plan es el suministro de diluyentes. Washington confirmó que se enviará crudo liviano estadounidense a Venezuela para mezclarlo con el petróleo pesado y extravpesado, que constituye la mayor parte de las reservas del país, y así mejorar su calidad y facilitar su comercialización.
Además del sector petrolero, el acuerdo incorpora compromisos vinculados a la infraestructura eléctrica venezolana, considerada un factor crítico para la producción energética. El Departamento de Energía advirtió que la red eléctrica del país se encuentra en condiciones precarias y que la generación nacional cayó más de un 30% en los últimos años. En ese contexto, funcionarios estadounidenses indicaron que trabajarán en la mejora del sistema eléctrico, al considerarlo indispensable para sostener cualquier proceso de recuperación económica y energética.
El proceso de implementación de esta política será objeto de evaluaciones continuas y podrá ajustarse en función de la evolución de la situación política y económica de Venezuela. Bajo el nuevo esquema, solo las operaciones autorizadas por Estados Unidos serán consideradas legales, mientras que cualquier intento de evadir los mecanismos de control establecidos dará lugar a sanciones adicionales.






















