El escándalo por presuntas irregularidades en el arbitraje del fútbol argentino sumó nuevos elementos a partir de chats que analiza la Justicia. En esas conversaciones, vinculadas a Juan Pablo Beacon, aparecen indicaciones que comprometerían al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, en supuestos movimientos de dinero destinados al director nacional de arbitraje, Federico Beligoy.
Según la investigación de Clarín, los mensajes datan de marzo de 2021 y muestran cómo Beacon habría recibido instrucciones para retirar sobres con efectivo que luego debían ser entregados. Aunque no se especifican montos ni motivos, el contenido alimenta sospechas sobre posibles maniobras dentro de la estructura arbitral.
El caso se da en un contexto más amplio, donde la Justicia también investiga presunto lavado de dinero y movimientos millonarios vinculados a empresas relacionadas con la AFA. Además, otras causas apuntan a bienes y operaciones económicas que involucran a personas cercanas a la dirigencia.
A su vez, los chats revelan estrategias para manejar designaciones arbitrales en medio del conflicto con el sindicato SADRA, conducido por Guillermo Marconi. En ese marco, se menciona la inclusión selectiva de árbitros para desactivar medidas judiciales que obligaban a darles participación.
Periodistas implicados
La polémica también alcanza al periodista Pablo Carrozza, quien habría recibido pagos vinculados a estas maniobras, según reconstrucciones basadas en transferencias y mensajes. Esos fondos habrían sido utilizados para influir en la opinión pública y respaldar determinadas posturas dentro del ambiente arbitral.
Por otro lado, denuncias impulsadas por el ex árbitro Javier Castrilli y el legislador Facundo Del Gaiso apuntaron a una supuesta red de manipulación de partidos. Sin embargo, una resolución judicial posterior determinó el archivo de parte de la causa por falta de delito federal.
El entramado expone tensiones entre dirigentes, árbitros y sectores del fútbol argentino, en un escenario donde las sospechas sobre designaciones y resultados vuelven a poner en discusión la transparencia del sistema.





















