Archivan una causa por presuntas irregularidades con fondos millonarios en municipios de Tucumán

La investigación por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos de municipios tucumanos, que había sido impulsada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), fue finalmente desestimada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz y archivada por el juez subrogante Guillermo Díaz Martínez. La resolución se apoyó en un eje central: la inexistencia de delito en los hechos denunciados, más allá de cuestionamientos de tipo administrativo. Así, el fiscal federal concluyó que no hubo delito en el uso de fondos municipales cuestionado por la Procelac, y el juez Díaz Martínez archivó la causa al considerar que no podía avanzar sin impulso del Ministerio Público.

La causa se había iniciado a partir de una denuncia presentada por la Procelac a fines de 2024, en la que se advertían movimientos financieros considerados inusuales en distintos municipios del norte argentino, entre ellos Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros, Alberdi y Lules de Tucumán. El organismo antilavado había puesto el foco en la reiteración de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad de baja trazabilidad, y en la posible vinculación de esos fondos con el financiamiento de campañas electorales.

A partir de esa presentación, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz llevó adelante una serie de medidas de prueba orientadas a reconstruir el circuito del dinero: requirió informes bancarios, analizó ejecuciones presupuestarias, tomó declaraciones testimoniales y examinó la evolución patrimonial de los funcionarios involucrados.

El resultado de esa pesquisa fue determinante. En su dictamen, el representante del Ministerio Público sostuvo que las operaciones observadas “fueron autorizadas por la entidad bancaria”, se realizaron dentro de circuitos administrativos formales y respondieron a prácticas habituales en la gestión municipal. En ese sentido, subrayó que la emisión de cheques al portador es una operatoria “normativamente permitida” y que, en ausencia de elementos subjetivos de ilicitud, no configura una conducta penalmente típica.

Uno de los puntos centrales del análisis fue la hipótesis de financiamiento político irregular. Sobre este aspecto, el fiscal fue categórico: no se logró acreditar que los fondos retirados hubieran sido destinados a campañas electorales ni se detectaron transferencias hacia estructuras partidarias.

Tampoco el examen patrimonial de los funcionarios arrojó inconsistencias relevantes respecto de los ingresos declarados, lo que debilitó aún más la sospecha de delitos como lavado de activos o enriquecimiento ilícito.

Con ese cuadro, Vehils Ruiz concluyó que los hechos denunciados “no revisten entidad suficiente para habilitar la formulación de cargos” y encuadró el caso en el supuesto previsto por el artículo 180 del Código Procesal Penal de la Nación, que habilita la desestimación cuando los hechos no constituyen delito.

No obstante, el fiscal introdujo una advertencia relevante desde el plano institucional. Señaló que, si bien no se configuraban ilícitos penales, del análisis surgían prácticas administrativas que podían calificarse como “displicentes” o como una “arbitraria disposición de fondos públicos”, en el marco de la discrecionalidad propia de la gestión municipal. Esa valoración, sin embargo, quedó circunscripta al ámbito administrativo y no al penal.

Con el dictamen fiscal en sus manos, el juez federal subrogante Guillermo Díaz Martínez resolvió archivar el expediente. En su decisión, el magistrado hizo hincapié en un principio estructural del sistema acusatorio: la titularidad de la acción penal corresponde al Ministerio Público Fiscal. En consecuencia, sin impulso de la fiscalía, el juez no puede avanzar de oficio en la persecución penal.

El juez también aclaró por qué no correspondía dictar un sobreseimiento, sino un archivo. La diferencia radica en que no existían imputados en la causa: se trataba de una denuncia para investigar hechos, sin que se hubiera formalizado acusación contra persona alguna.

Como excepción, y a partir de una recomendación del fiscal, Díaz Martínez dispuso remitir las actuaciones vinculadas al municipio de Juan Bautista Alberdi a otro juzgado federal, para su acumulación con una causa ya en trámite en la que se investigan delitos de mayor gravedad, entre ellos presunto narcotráfico y lavado de activos.

De este modo, una investigación que había generado fuerte impacto político por los montos involucrados y las sospechas iniciales concluyó en sede judicial sin consecuencias penales. La clave de la resolución estuvo en la falta de tipicidad: para la fiscalía y el juzgado, las irregularidades señaladas no alcanzaron el umbral necesario para ser consideradas delito.