Hace 17 Hs
La crisis que atraviesa el Pequeño Cottolengo Don Orione es el síntoma elocuente de un sistema que se está resquebrajando en uno de sus puntos más sensibles, como es la atención a las personas con discapacidad. Cuando una institución que alberga y cuida a casi un centenar de personas en situación de alta vulnerabilidad advierte que “se rompió la cadena de pagos”, lo que está en juego no es sólo su equilibrio financiero, sino el cumplimiento de derechos que son básicos en toda sociedad.
El cuadro es grave. Desde noviembre de 2025, el Cottolengo no recibe en tiempo y forma los pagos correspondientes a prestaciones brindadas a través de organismos como PAMI e Incluir Salud. Durante meses, la institución sostuvo su funcionamiento con recursos propios, hasta que esa capacidad se agotó. En paralelo, los aranceles que fija el Estado -es decir, el mismo actor que contrata y regula- se actualizan tarde y por debajo de la inflación, generando un desfasaje estructural que vuelve inviable cualquier planificación. Tal como está planteado, el sistema condena a quienes lo integran a una asfixia progresiva.
El impacto de esta situación es concreto y cotidiano. Ubicado en el corazón de Villa Urquiza, el Cottolengo alberga a unas 90 personas adultas con discapacidad, muchas de ellas con dependencia total para realizar actividades básicas como alimentarse o higienizarse. La institución cuenta con entre 75 y 80 trabajadores, una planta que no admite recortes sin comprometer la calidad del cuidado. A ello se suman gastos ineludibles: medicamentos, alimentos, servicios, mantenimiento de un predio de siete hectáreas con edificaciones de más de ocho décadas. Cada rubro crece al ritmo de la inflación; los ingresos, en cambio, llegan tarde y licuados. La paradoja es tan evidente como injusta, porque el Estado que no paga a tiempo exige el cumplimiento puntual de las obligaciones fiscales. Un día de atraso implica intereses y sanciones.
La situación se replica en todo el país. La red de prestadores que sostiene el sistema de atención a la discapacidad -hogares, centros de día, transportistas, profesionales- ha quedado a la deriva. “Ni siquiera nos atienden el teléfono”, confesó a LA GACETA un referente del Cottolengo.
El reclamo es, en esencia, modesto y contundente. El Cottolengo no pide subsidios extraordinarios ni privilegios, sino el cumplimiento de la Ley 24.901, que establece el sistema de prestaciones básicas para personas con discapacidad. Es decir, exige que el Estado honre sus compromisos legales.
El tiempo, además, es un factor crítico. Las instituciones pueden sostenerse durante un período acotado con recursos propios o apelando a la solidaridad, pero ese margen se agota. Cuando eso ocurre, las decisiones dejan de ser administrativas para convertirse en dramáticas, como reducir prestaciones o dejar de admitir nuevos residentes -como ya ocurre- o. Frente a este panorama, la indiferencia no es una opción, porque los derechos de las personas con discapacidad no pueden quedar sujetos a la lógica del ajuste.
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