Paro universitario: Adiunt exige que se aplique la Ley de financiamiento

La Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Tucumán (Adiunt) puso en marcha una nueva semana de paro nacional que comenzó ayer y se extenderá hasta el miércoles, en el marco de un plan de lucha que se replica en todo el país. La medida responde a la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y al desfinanciamiento del sistema universitario público.

En Tucumán, las actividades incluyen clases públicas y ollas populares. Según informaron desde el gremio, ayer la protesta se inició en la Facultad de Filosofía y Letras y continuará con una asamblea y nuevas intervenciones en plaza Independencia.

La secretaria general de Adiunt, Anahí Rodríguez, remarcó la gravedad de la situación salarial y apuntó directamente al Gobierno nacional. “Es necesario que el Gobierno aplique la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada y marca cómo deben ser los salarios de los docentes. Hoy son los más bajos de la historia: son prácticamente ocho salarios los que nos han confiscado desde diciembre de 2023 hasta la fecha”, afirmó.

La dirigente agregó que “el Gobierno no reconoce esta enorme deuda salarial que tiene con la docencia universitaria” y advirtió que el deterioro se profundiza en un contexto inflacionario que ya supera el 55%. Rodríguez también detalló el cronograma de protestas: “El paro comenzó con clases públicas y olla popular en Filosofía y Letras. Hoy se realizará una asamblea en Adiunt y mañana vamos a hacer clases públicas en la plaza Independencia con la idea de mostrar a la sociedad lo que se trabaja, lo que se enseña y lo que se produce”.

En relación con la obra social, la gremialista señaló un fuerte aumento de costos sin mejoras en la prestación. “En este último año y medio se incrementó prácticamente un 100% el plan asistencial solidario, que es complementario y lo pagamos los docentes. Aumentaron, pero seguimos con carencias en servicio y atención, y se produjo el cierre de oficinas como la de Aguilares”, cuestionó.

Sobre el alcance de la medida, sostuvo que “el paro está siendo bastante contundente en las 61 universidades nacionales, con un importante nivel de adhesión”. Además, indicó que hoy se suma el personal no docente, lo que implica el cierre de numerosas unidades académicas.

Según explicaron desde Adiunt, tras la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario, el Ejecutivo avanzó con su veto, pero el Congreso lo rechazó y posteriormente la Justicia ordenó su aplicación en diciembre. Pese a ello, el Gobierno promovió una iniciativa para modificar la norma en la que reconoce solo una porción de la deuda salarial -un 12,3%- y propone abonarla en cuotas a lo largo de este año, sin contemplar la pérdida salarial de 2024, 2025 y el aumento de emergencia de 2026.

“Una lucha unificada”

A las críticas del sector docente se sumaron también las voces estudiantiles. La presidenta del centro de estudiantes de la facultad de Filosofía y Letras de la UNT, Lucía Gastaminza, advirtió que el desfinanciamiento impacta de manera directa en toda la comunidad universitaria. “Hace tres años que el desfinanciamiento viene afectando de manera integral a los distintos sectores. El estudiantil, por ser el más amplio, es el que más se ve. Tenemos situaciones concretas con becas como el Progresar que hace tres meses no se cobra y cuyos canales de comunicación ya no son los mismos”, señaló. Además, cuestionó el recorte en investigación y sostuvo que “se puso en duda la producción científico-social, algo que impacta de lleno en nuestra facultad”.

En ese contexto, Gastaminza respaldó las medidas de fuerza y planteó la necesidad de una respuesta colectiva. “Consideramos que la universidad es una institución histórica que permitió a muchos ciudadanos ser profesionales y que hoy sigue siendo elegida para construir proyectos de vida, por eso hay que defenderla”, afirmó. También remarcó que la protesta debe ser “unificada y estratégica”, aunque reconociendo la diversidad del estudiantado. “Hoy el perfil del estudiante cambió: muchos trabajan, están precarizados o tienen más de un empleo. Eso condiciona la participación, pero no significa que no haya acompañamiento; probablemente sea una minoría la que no apoye las medidas”, concluyó.

En la casa de Adorni

En paralelo, el conflicto tendrá hoy un capítulo en la Ciudad de Buenos Aires. Docentes y estudiantes de la UBA realizarán una clase pública frente al domicilio del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el barrio de Caballito.

La actividad, convocada por la comunidad de la Facultad de Filosofía y Letras, se enmarca en el paro nacional y comenzará a las 10. Allí se abordarán temas vinculados al extractivismo y la Ley de Glaciares, con el objetivo de analizar el impacto de las políticas económicas en el sostenimiento de la educación pública.

La protesta se realizará frente a la vivienda del funcionario, ubicada en Miró al 500, a pocos metros de la facultad, y no es casual el lugar elegido. En los últimos días se conoció -según declaraciones del propio jefe de Gabinete- que figura como copropietario del 50% del departamento junto a su esposa, Bettina Angeletti. Sin embargo, según informó Perfil en base a registros inmobiliarios y consultas a fuentes vinculadas al Registro de la Propiedad, la propiedad no habría sido incluida en su declaración jurada inicial al asumir funciones.

160 días sin cumplir la ley: Conadu Histórica y el CIN endurecen los reclamos al Gobierno nacional

La secretaria general de Conadu Histórica, Francisca Staiti, resaltó que el Gobierno lleva 160 días sin cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario: “El Congreso no solo la sancionó, sino que rechazó el veto y el intento de derogación que incluía la Ley de Presupuesto Nacional 2026. Luego, la Justicia obligó al presidente a cumplir la ley. Sin embargo, el Gobierno nacional no lo hace y encima intenta modificarla a través de Diputados, con un proyecto que todavía no tiene fecha de tratamiento”.  En este marco, la gremialista señaló que desde el lunes 6 hasta el viernes 17 de abril, los docentes llevarán adelante carpas “por la universidad y la soberanía” en todo el país. Al mismo tiempo, impulsan la realización de una nueva marcha federal universitaria.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) remarcaron que el incumplimiento de la ley también afecta a los gastos de funcionamiento de las universidades. En este aspecto, el dinero que reciben gira en torno al 40% de lo que recibían en enero de 2023. Para ejemplificar, señalaron que perdieron el equivalente a casi nueve meses de transferencias en lo que va de la gestión libertaria.