18 Abril 2006
Hasta el momento, el Poder Judicial fue el único que se salvó de las críticas de Alberto Lebbos. El padre de Paulina apuntó todos sus dardos contra el Ejecutivo y el Legislativo, advirtiendo que no sólo no se hizo nada para encontrar al asesino de su hija, sino que, además, la seguridad en la Provincia es cada vez peor y que los parlamentarios no se preocupan por mejorarla. Pero Lebbos no quiso ponerse en contra de la Justicia, ni puntualmente contra el fiscal Alejandro Noguera. No porque no tuviera quejas por su labor (las tiene), sino porque son los únicos que pueden ordenar la detención del homicida, si alguna vez lo encuentran, y luego juzgarlo y condenarlo. Además, sabe que sería terriblemente perjudicial para la causa que Noguera se apartara, ya que el expediente debería pasar a otra fiscalía, y la investigación recomenzaría desde cero. El caso tomó un cariz político que desvía la pesquisa en cuanto a la identificación del homicida. Funcionarios, legisladores y hasta miembros del Poder Judicial temen que la enorme repercusión que está teniendo, con marchas en las que cada vez hay más gente que pide justicia por casos impunes, termine arrebatándoles sus cargos. Por eso, se desató una sorda disputa para que el centro de atención sea el otro poder. Una forma de tirar la piedra y esconder la mano.
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