11 Febrero 2005
Por ING. Ernesto José Caram.
La semana pasada, en un comunicado conjunto, las principales entidades gremiales del agro argentino manifestaron su gran preocupación por la notable pérdida de competitividad que está experimentando el sector agropecuario por la cruel presión fiscal a la que es sometido. Las entidades afirmaron que, sin ningún tipo de argumento equitativo y justificable, el productor agropecuario es sometido por parte del Gobierno nacional a una cruel persecución.
Está claro que la asfixiante situación no la sufren ni en forma parecida los productores de otros países del mundo, ni nuestros principales vecinos del Mercosur y mucho menos en los EEUU y en Europa, en donde el Estado otorga a los productores beneficios económicos, impositivos y subvenciones para poder ser más competitivos frente a sus principales competidores.
El esquema impositivo argentino, en donde las retenciones son el impuesto más distorsivo, representan un 23,5% sobre la soja y el girasol, un 20% sobre el maíz y valores que van del 10% hasta el 5% en diferentes producciones de las economías regionales.
Los ingresos
Estos valores, sin duda alguna, le quitan al productor casi toda la rentabilidad y, más aún, en tiempos de crisis como la que padecen muchos sectores del agro.
No hay que olvidarse de citar que este tipo de impuestos significa una gran transferencia de recursos desde el campo hacia el Estado, que en el último período experimentó un superávit fiscal por la aplicación de este tipo de política distorsiva.
Al evaluar la recaudación por derechos de exportación, vemos como durante 2004 la misma fue de $ 10.271 millones, de los cuales al menos $ 7.000 millones correspondieron a ventas externas del complejo granario y sus subproductos oleaginosos.
Las Retenciones representan la tercera fuente de la recaudación, después del IVA y de Ganancias, respectivamente.
Según un informe publicado por el diario "La Nación", en la Argentina por cada tonelada de granos que se produce deben pagarse impuestos por casi un 45% sobre el valor nominal del grano.
Además de las Retenciones, se le suman el 1% del Impuesto al Débito Bancario, tasas inmobiliarias variables en cada región, retenciones del IVA de un 8% por tonelada, un 2% de retenciones por Impuesto a las Ganancias, un 11,90% por Ingresos Brutos y un 3 % por Bienes Personales.
Según Coninagro el que produce 70 qq/ha de maíz está perdiendo más de U$S 100 por hectárea cultivada.
No nos debemos olvidar que en los países desarrollados existe la aplicación de un IVA neutro en los bienes producidos.
Nuestra realidad
Mientras que en la Argentina, el Estado nacional implantó un sistema impositivo perverso que lleva a que un productor deba comprar los insumos vitales para su producción con un IVA del 21% y vender sus productos con un IVA del 10,5%, quedando siempre un saldo técnico o crédito fiscal en su favor que nunca podrá utilizar.
Sin lugar a dudas, en aquellas producciones más críticas por la caída en los precios internacionales como sucede con la soja, el maíz y en el caso particular de algunas economías regionales como los cítricos u otros frutales, el Gobierno nacional debería plantearse -con urgencia- una disminución gradual de las retenciones, en algunos casos; una eliminación urgente en otros, y hasta una reforma total de la actual política impositiva.
La semana pasada, en un comunicado conjunto, las principales entidades gremiales del agro argentino manifestaron su gran preocupación por la notable pérdida de competitividad que está experimentando el sector agropecuario por la cruel presión fiscal a la que es sometido. Las entidades afirmaron que, sin ningún tipo de argumento equitativo y justificable, el productor agropecuario es sometido por parte del Gobierno nacional a una cruel persecución.
Está claro que la asfixiante situación no la sufren ni en forma parecida los productores de otros países del mundo, ni nuestros principales vecinos del Mercosur y mucho menos en los EEUU y en Europa, en donde el Estado otorga a los productores beneficios económicos, impositivos y subvenciones para poder ser más competitivos frente a sus principales competidores.
El esquema impositivo argentino, en donde las retenciones son el impuesto más distorsivo, representan un 23,5% sobre la soja y el girasol, un 20% sobre el maíz y valores que van del 10% hasta el 5% en diferentes producciones de las economías regionales.
Los ingresos
Estos valores, sin duda alguna, le quitan al productor casi toda la rentabilidad y, más aún, en tiempos de crisis como la que padecen muchos sectores del agro.
No hay que olvidarse de citar que este tipo de impuestos significa una gran transferencia de recursos desde el campo hacia el Estado, que en el último período experimentó un superávit fiscal por la aplicación de este tipo de política distorsiva.
Al evaluar la recaudación por derechos de exportación, vemos como durante 2004 la misma fue de $ 10.271 millones, de los cuales al menos $ 7.000 millones correspondieron a ventas externas del complejo granario y sus subproductos oleaginosos.
Las Retenciones representan la tercera fuente de la recaudación, después del IVA y de Ganancias, respectivamente.
Según un informe publicado por el diario "La Nación", en la Argentina por cada tonelada de granos que se produce deben pagarse impuestos por casi un 45% sobre el valor nominal del grano.
Además de las Retenciones, se le suman el 1% del Impuesto al Débito Bancario, tasas inmobiliarias variables en cada región, retenciones del IVA de un 8% por tonelada, un 2% de retenciones por Impuesto a las Ganancias, un 11,90% por Ingresos Brutos y un 3 % por Bienes Personales.
Según Coninagro el que produce 70 qq/ha de maíz está perdiendo más de U$S 100 por hectárea cultivada.
No nos debemos olvidar que en los países desarrollados existe la aplicación de un IVA neutro en los bienes producidos.
Nuestra realidad
Mientras que en la Argentina, el Estado nacional implantó un sistema impositivo perverso que lleva a que un productor deba comprar los insumos vitales para su producción con un IVA del 21% y vender sus productos con un IVA del 10,5%, quedando siempre un saldo técnico o crédito fiscal en su favor que nunca podrá utilizar.
Sin lugar a dudas, en aquellas producciones más críticas por la caída en los precios internacionales como sucede con la soja, el maíz y en el caso particular de algunas economías regionales como los cítricos u otros frutales, el Gobierno nacional debería plantearse -con urgencia- una disminución gradual de las retenciones, en algunos casos; una eliminación urgente en otros, y hasta una reforma total de la actual política impositiva.
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