09 Junio 2006
El largo conflicto sobre las matrículas profesionales entre los ingenieros agrónomos de las distintas provincias argentinas y el Consejo Profesional de Ingeniería Agronómica (CPIA), podría ingresar en sus últimos días. Hace un mes, la Cámara Baja de la Nación dio media sanción a un proyecto de la diputada Adriana Bortolozzi, para que sean los colegios provinciales las instituciones autorizadas a llevar el control de las matrículas. En estos días se espera la sanción en el Senado.
Ramiro Ponssa, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tucumán, señaló que el CPIA pretende el reconocimiento de una única matrícula nacional, ignorando que el gobierno y el control de esa matrícula de los ingenieros agrónomos radicados y que ejercen su profesión en el territorio de una provincia, les compete -en forma excluyente- al colegio profesional de esa provincia. En Tucumán rige la Ley N° 5.409, que regula el ejercicio de la profesión y delega en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán (Ciaztuc) el control de la matrícula. La Ley que dio vida al CPIA es de 1958 y es relativa al ejercicio de la agrimensura, la agronomía, la arquitectura y la ingeniería, en épocas en que esas profesiones liberales no tenían regulación provincial. Ponssa apuntó que el poder de policía sobre el ejercicio profesional no es delegable. Es una potestad reservada a la provincia. "El CPIA se comportó hasta acá sólo como un ente recaudador.
En Tucumán no existe una oficina", subrayó. El Ciaztuc y los colegios, consejos, centros y asociaciones de profesionales nucleadas en la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) trabajan en este tema desde hace años. finalizó Ponssa.
Ramiro Ponssa, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tucumán, señaló que el CPIA pretende el reconocimiento de una única matrícula nacional, ignorando que el gobierno y el control de esa matrícula de los ingenieros agrónomos radicados y que ejercen su profesión en el territorio de una provincia, les compete -en forma excluyente- al colegio profesional de esa provincia. En Tucumán rige la Ley N° 5.409, que regula el ejercicio de la profesión y delega en el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Zootecnistas de Tucumán (Ciaztuc) el control de la matrícula. La Ley que dio vida al CPIA es de 1958 y es relativa al ejercicio de la agrimensura, la agronomía, la arquitectura y la ingeniería, en épocas en que esas profesiones liberales no tenían regulación provincial. Ponssa apuntó que el poder de policía sobre el ejercicio profesional no es delegable. Es una potestad reservada a la provincia. "El CPIA se comportó hasta acá sólo como un ente recaudador.
En Tucumán no existe una oficina", subrayó. El Ciaztuc y los colegios, consejos, centros y asociaciones de profesionales nucleadas en la Federación Argentina de la Ingeniería Agronómica (FADIA) trabajan en este tema desde hace años. finalizó Ponssa.
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