13 Octubre 2006
El sector frutícola pierde U$S 20 millones anuales por los aranceles
Cultivos alternativos. Un experto en el tema destacó el impacto negativo que causa la presión impositiva en la competitividad, respecto de Chile. Los precios referenciales de ingresos también acarrean problemas y restringen el desarrollo de la actividad.
mayores ventas. Este año, a pesar de la crisis que debió enfrentar el sector citrícola, las naranjas tucumanas tuvieron mercados y precios razonables.(ARCHIVO LA GACETA)
Concentrando el análisis sobre la fruticultura argentina, y dada la resistencia estatal al cuestionamiento de las retenciones, es necesario reflexionar sobre aspectos macro de la competitividad sistémica, como son la política impositiva y comercial respecto de los competidores chilenos, dijo a LA GACETA Rural Miguel Angel Giacinti, consultor Internacional frutícola.
La fruticultura argentina tiene una desventaja competitiva, ya que se restringe su desarrollo en algunos períodos, como el iniciado en 2005 y que impactó negativamente en el empleo de las economías regionales nacionales. Los impuestos directos implican U$S 0,14 por kilo empacado de fruta (U$S 0,159 y U$S 0,166 por kilo; 2001 y 2003, respectivamente), cuando la rentabilidad sectorial es menor.
También hay que recordar que además del arancel de importación existen precios referenciales de ingresos y, por debajo de ellos, los impuestos son mayores, algo que tiene una enorme sensibilidad sobre el negocio de limón argentino en Europa, explicó Giacinti.
Cada año, el sector frutas frescas en general debe descontar U$S 20 millones de sus ventas en el mercado europeo, por aranceles superiores a los negociados por la competencia chilena. La gravedad de esta política comercial en los acuerdos bilaterales es de alto impacto, porque prioriza una mejor negociación de carnes y de cereales a costa de un serio perjuicio para las economías regionales extra-pampeanas.
La gravedad es de tal magnitud, que si el sector frutícola tributara internamente con la ecuación chilena, en manzanas y en peras mejoraría la rentabilidad en U$S 70 millones anuales, mientras que en las frutas de carozo lo harían en U$S 30 millones (cereza, durazno, nectarina y ciruela), y algo similar ocurriría en cítricos y uvas.
Sin duda, la fruticultura argentina atravesó una dramática crisis estructural en los 90, que se minimizó un par de años tras la abrupta salida de la convertibilidad. El resultado a 2005 es una situación de baja competitividad sistémica, muy similar a la de 2001 en varios aspectos; si bien 2002 y 2003 fueron años buenos, desde 2004 se volvió a una situación de deterioro estructural en la rentabilidad. La mejora proyectada para 2006 no abarca a todo el sector, dada la reducción de cosecha.
La reflexión inicial pasa por la necesidad de reestructurar la fragmentada representación sectorial o gremial de las economías regionales (aún dentro de un producto, reconociendo en Federcitrus lo más avanzado), bajo un nuevo modelo más unificado (similar al de Chile o Sudáfrica entre los competidores del Hemisferio Sur, u otras interesantes de Europa y América). Este cambio tiende a una mejor representación y negociación con el Gobierno nacional. También a alentar diagnósticos competitivos regionales, incluso para consensuar acciones públicas y privadas, elaborando agendas locales de competitividad para abarcar las asimetrías existentes y concretar la confección de planes rectores nacionales.
La reflexión final es que sólo se avizoran dos alternativas en el posicionamiento del Estado hacia las economías regionales: reducir los impuesto sectoriales (especialmente los que afectan a la exportación) a los niveles mínimos, como el de los competidores chilenos, o bien, hacer eficiente la negociación y la formulación de políticas de desarrollo sectorial sustentables; de las cuáles carecen en la actualidad, las economías regionales del interior.
La fruticultura argentina tiene una desventaja competitiva, ya que se restringe su desarrollo en algunos períodos, como el iniciado en 2005 y que impactó negativamente en el empleo de las economías regionales nacionales. Los impuestos directos implican U$S 0,14 por kilo empacado de fruta (U$S 0,159 y U$S 0,166 por kilo; 2001 y 2003, respectivamente), cuando la rentabilidad sectorial es menor.
También hay que recordar que además del arancel de importación existen precios referenciales de ingresos y, por debajo de ellos, los impuestos son mayores, algo que tiene una enorme sensibilidad sobre el negocio de limón argentino en Europa, explicó Giacinti.
Cada año, el sector frutas frescas en general debe descontar U$S 20 millones de sus ventas en el mercado europeo, por aranceles superiores a los negociados por la competencia chilena. La gravedad de esta política comercial en los acuerdos bilaterales es de alto impacto, porque prioriza una mejor negociación de carnes y de cereales a costa de un serio perjuicio para las economías regionales extra-pampeanas.
La gravedad es de tal magnitud, que si el sector frutícola tributara internamente con la ecuación chilena, en manzanas y en peras mejoraría la rentabilidad en U$S 70 millones anuales, mientras que en las frutas de carozo lo harían en U$S 30 millones (cereza, durazno, nectarina y ciruela), y algo similar ocurriría en cítricos y uvas.
Sin duda, la fruticultura argentina atravesó una dramática crisis estructural en los 90, que se minimizó un par de años tras la abrupta salida de la convertibilidad. El resultado a 2005 es una situación de baja competitividad sistémica, muy similar a la de 2001 en varios aspectos; si bien 2002 y 2003 fueron años buenos, desde 2004 se volvió a una situación de deterioro estructural en la rentabilidad. La mejora proyectada para 2006 no abarca a todo el sector, dada la reducción de cosecha.
La reflexión inicial pasa por la necesidad de reestructurar la fragmentada representación sectorial o gremial de las economías regionales (aún dentro de un producto, reconociendo en Federcitrus lo más avanzado), bajo un nuevo modelo más unificado (similar al de Chile o Sudáfrica entre los competidores del Hemisferio Sur, u otras interesantes de Europa y América). Este cambio tiende a una mejor representación y negociación con el Gobierno nacional. También a alentar diagnósticos competitivos regionales, incluso para consensuar acciones públicas y privadas, elaborando agendas locales de competitividad para abarcar las asimetrías existentes y concretar la confección de planes rectores nacionales.
La reflexión final es que sólo se avizoran dos alternativas en el posicionamiento del Estado hacia las economías regionales: reducir los impuesto sectoriales (especialmente los que afectan a la exportación) a los niveles mínimos, como el de los competidores chilenos, o bien, hacer eficiente la negociación y la formulación de políticas de desarrollo sectorial sustentables; de las cuáles carecen en la actualidad, las economías regionales del interior.
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