17 Febrero 2013
FLORIANÓPOLIS.- El Gobierno del Brasil, por orden de la presidenta Dilma Rousseff, implementó desde ayer una serie de medidas para combatir la escalada de violencia que vive el Estado de Santa Catarina, cuyas playas constituyen uno de los principales destinos turísticos en el sur del país, donde se han registrado más de un centenar de ataques contra colectivos y edificios públicos desde enero.
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunció que, en decisión conjunta con el Gobierno local, se dispuso la transferencia de unos 40 presos a penales federales de máxima seguridad en el norte brasileño; el envío de tropas federales para apoyar a las policías locales (los 350 agentes comenzaron a llegar el viernes), y la puesta en marcha de la Operación Frontera (consiste en el patrullaje exhaustivo y con el uso de alta tecnología de todos los límites provinciales, sean terrestres, aéreos o marítimos, para frenar el tráfico de armas y de drogas).
Además, se creó el Frente Nacional de Defensores Públicos, para analizar el estado de las cárceles regionales y la situación judicial de cada detenido. Esta medida busca que aquellos reos que estén en condiciones de salir en régimen abierto o semiabierto, puedan hacerlo cuando antes para descongestionar las cárceles, ya que el hacinamiento es uno de los mayores problemas de los presidios.
En paralelo, policías locales concretaron 65 detenciones de presuntos involucrados en los atentados incendiarios, que afectaron los sitios turísticos de Florianópolis, Criciúma, Blumenau y Camboriú, entre otras ciudades.
Entre la noche del viernes y la madrugada de ayer, la Policía Militarizada registró cinco nuevos ataques: el incendio de dos ómnibus, un automóvil y una casa (en la que vivía la hermana de un policía), y un tiroteo contra una base de la Guardia Municipal de Sao José, lo que eleva a 106 el número total de agresiones perpetradas desde el 30 de enero.
La violencia urbana ocasionó, entre otras consecuencias, que algunas escuelas nocturnas suspendieran las clases y que los conductores de colectivos de Florianópolis decidieran interrumpir su trabajo durante la noche y la madrugada, lo que provoca trastornos en la principal terminal de la ciudad, por la que pasan alrededor de 200.000 personas cada día.
Las autoridades están seguras de que los ataques son ordenados por los cabecillas de las organizaciones delictivas, que están detenidos en las cárceles locales. (DPA-Télam)
El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, anunció que, en decisión conjunta con el Gobierno local, se dispuso la transferencia de unos 40 presos a penales federales de máxima seguridad en el norte brasileño; el envío de tropas federales para apoyar a las policías locales (los 350 agentes comenzaron a llegar el viernes), y la puesta en marcha de la Operación Frontera (consiste en el patrullaje exhaustivo y con el uso de alta tecnología de todos los límites provinciales, sean terrestres, aéreos o marítimos, para frenar el tráfico de armas y de drogas).
Además, se creó el Frente Nacional de Defensores Públicos, para analizar el estado de las cárceles regionales y la situación judicial de cada detenido. Esta medida busca que aquellos reos que estén en condiciones de salir en régimen abierto o semiabierto, puedan hacerlo cuando antes para descongestionar las cárceles, ya que el hacinamiento es uno de los mayores problemas de los presidios.
En paralelo, policías locales concretaron 65 detenciones de presuntos involucrados en los atentados incendiarios, que afectaron los sitios turísticos de Florianópolis, Criciúma, Blumenau y Camboriú, entre otras ciudades.
Entre la noche del viernes y la madrugada de ayer, la Policía Militarizada registró cinco nuevos ataques: el incendio de dos ómnibus, un automóvil y una casa (en la que vivía la hermana de un policía), y un tiroteo contra una base de la Guardia Municipal de Sao José, lo que eleva a 106 el número total de agresiones perpetradas desde el 30 de enero.
La violencia urbana ocasionó, entre otras consecuencias, que algunas escuelas nocturnas suspendieran las clases y que los conductores de colectivos de Florianópolis decidieran interrumpir su trabajo durante la noche y la madrugada, lo que provoca trastornos en la principal terminal de la ciudad, por la que pasan alrededor de 200.000 personas cada día.
Las autoridades están seguras de que los ataques son ordenados por los cabecillas de las organizaciones delictivas, que están detenidos en las cárceles locales. (DPA-Télam)
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