Según la defensa, Herrera Molina no puede asistir a las audiencias por una enfermedad

Ahumada, abogado del juez que integró el tribunal del caso Verón, solicitó la tutela judicial. La Comisión de Juicio Político evaluará los pedidos.

BATALLA JUDICIAL. Herrera Molina y sus pares que integraron el tribunal del caso Verón afrontan un proceso que podría terminar en la destitución. ARCHIVO LA GACETA BATALLA JUDICIAL. Herrera Molina y sus pares que integraron el tribunal del caso Verón afrontan un proceso que podría terminar en la destitución. ARCHIVO LA GACETA
11 Marzo 2013
El abogado Arnaldo Ahumada, quien asesora al juez Emilio Herrera Molina, integrante del tribunal que absolvió a los 13 imputados en el juicio por la desaparición y el secuestro de María de Los Ángeles Verón, presentó hoy formalmente una serie de pedidos a la Comisión de Juicio Político de la Legislatura que lleva adelante un proceso que podría terminar con la destitución de los tres vocales. En uno de ellos, el letrado manifestó que su defendido no puede asistir a las audiencias, que comenzarán mañana, debido a que padece una enfermedad.

En el escrito, Ahumada remarcó que el magistrado "se encuentra afectado de una grave dolencia". Luego, señaló que, tanto el médico particular como el cuerpo forense concluyeron "en la necesidad de que no sea sometido a situaciones de stress y guarde reposo absoluto".

El abogado subrayó que el juez "se encuentra imposibilitado de concurrir a las audiencias del proceso y ejercer su derecho de defensa", y solicitó la tutela judicial efectiva. Además, volvió a cuestionar el juicio político que afronta su defendido, tras el fallo absolutorio del caso Verón. "Queda claro que la Comisión de Juicio Político ha decidido proseguir con un ilegal procedimiento en el que se persigue a todo trance la destitución de mi mandante", sostuvo.

La comisión de Juicio Político, presidida por el parlamentario alperovichista Sisto Terán, se reunirá esta tarde para evaluar los pedidos que formuló Ahumada, entre los que figuran la televisación de las audiencias y que los debates sean abiertos al público, entre otros. Los legisladores oficialistas rechazarían las solicitudes. LA GACETA

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