18 Marzo 2013
La comisión de Juicio Político de la Legislatura volverá a reunirse esta tarde para definir la lista de testigos que se referirá a la actuación de los vocales Alberto Piedrabuena, Eduardo Romero Lascano y Emilio Herrera Molina durante el juicio por la desaparición de María de los Ángeles Verón.
De los casi 30 testigos aportados por la defensa y por la acusación (Susana Trimarco), seis ya dieron su visión ante los parlamentarios. La intención del oficialismo es reducir el número de personas que desfilará por la comisión, atento a que deben expedirse hasta el 4 de abril respecto del planteo de la madre de Marita Verón. Hasta ese día, los legisladores tendrán que resolver si desestiman la denuncia o acusan ante el Jury de Enjuiciamiento a los vocales de la Sala II de la Cámara Penal.
La arremetida contra los magistrados penales se desató el 11 de diciembre pasado. Ese día, los camaristas absolvieron a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a la joven desaparecida en 2002. La denuncia de Trimarco ante la comisión de Juicio Político de la Cámara puso en marcha -por primera vez desde su creación en 2006- al Jurado de Enjuiciamiento, instituto encargado de remover a los jueces no sujetos a juicio político.
El viernes, ante la comisión legislativa, Romero Lascano presentó sus declaraciones juradas de bienes, con la finalidad de hacer público su patrimonio. Cabe recordar que el presidente de la sala II de la Cámara Penal había precisado que en el punto 5.1.3 del escrito presentado por la presidenta de la Fundación María de los Ángeles ante la Legislatura figuraba una supuesta denuncia penal, formulada por Trimarco y con el patrocinio del abogado Carlos Garmendia, por la supuesta "compra de los jueces". Sin embargo, según pudo constatar el magistrado, no existía tal denuncia en la Fiscalía de Instrucción Penal de la IV Nominación, a cargo de Diego Alejo López Ávila. "Me presenté nuevamente ante el fiscal ofreciendo brindar toda explicación y prueba conducente al hallazgo de la verdad. Me ofrezco a declarar, no obstante ya bajo juramento niego la acusación que me hace el doctor Carlos Garmendia", añadió Romero Lascano en el nuevo escrito.
De los casi 30 testigos aportados por la defensa y por la acusación (Susana Trimarco), seis ya dieron su visión ante los parlamentarios. La intención del oficialismo es reducir el número de personas que desfilará por la comisión, atento a que deben expedirse hasta el 4 de abril respecto del planteo de la madre de Marita Verón. Hasta ese día, los legisladores tendrán que resolver si desestiman la denuncia o acusan ante el Jury de Enjuiciamiento a los vocales de la Sala II de la Cámara Penal.
La arremetida contra los magistrados penales se desató el 11 de diciembre pasado. Ese día, los camaristas absolvieron a los 13 acusados de secuestrar y prostituir a la joven desaparecida en 2002. La denuncia de Trimarco ante la comisión de Juicio Político de la Cámara puso en marcha -por primera vez desde su creación en 2006- al Jurado de Enjuiciamiento, instituto encargado de remover a los jueces no sujetos a juicio político.
El viernes, ante la comisión legislativa, Romero Lascano presentó sus declaraciones juradas de bienes, con la finalidad de hacer público su patrimonio. Cabe recordar que el presidente de la sala II de la Cámara Penal había precisado que en el punto 5.1.3 del escrito presentado por la presidenta de la Fundación María de los Ángeles ante la Legislatura figuraba una supuesta denuncia penal, formulada por Trimarco y con el patrocinio del abogado Carlos Garmendia, por la supuesta "compra de los jueces". Sin embargo, según pudo constatar el magistrado, no existía tal denuncia en la Fiscalía de Instrucción Penal de la IV Nominación, a cargo de Diego Alejo López Ávila. "Me presenté nuevamente ante el fiscal ofreciendo brindar toda explicación y prueba conducente al hallazgo de la verdad. Me ofrezco a declarar, no obstante ya bajo juramento niego la acusación que me hace el doctor Carlos Garmendia", añadió Romero Lascano en el nuevo escrito.