Según legisladores, la Justicia se excedió en sus facultades

Por Luis María Ruiz 14 Abril 2013

Primero llegó el rumor. Luego la noticia. Así, una Legislatura que comenzó el año "ardiendo" por los fallos adversos en los Tribunales se enteró de la cautelar interpuesta por un abogado en contra de la implementación del plan piloto para la profundización del sistema acusatorio, lanzado por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT), y de la decisión del alto tribunal de suspender la ejecución del novedoso programa para el fuero penal.
En medio de este conflicto para el Poder Judicial, fuentes de la Legislatura aseguran que recibieron de manera informal un borrador de un anteproyecto de ley, mediante el cual -supuestamente- se pretendería autorizar a la CSJT a modificar normativas provinciales referidas a los procesos penales, con el fin de darle forma de ley provincial al plan piloto.
Pero en la Cámara no están dispuestos a otorgar esas potestades, aseguraron varios parlamentarios. Incluso, todos los consultados por este diario se mostraron de acuerdo con el amparista Nicolás Pedro Brito, quien sostiene que este cambio de modalidad implica actos que corresponden exclusivamente a la Legislatura, como la creación de cargos y figuras "inexistentes en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)". Además, el letrado entiende que la ejecución de este nuevo mecanismo "importa lisa y llanamente una modificación total, plena y absoluta del actual Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT)", acto que también -afirmó- es potestad del parlamento.
Desde la divulgación de la acción de amparo, más de un legislador tiene la mirada clavada en el fallo que dictará la Cámara en lo Contencioso Administrativo sobre la supuesta inconstitucionalidad del plan piloto. Si bien en el edificio de calle Muñecas y avenida Sarmiento no quieren hablar de revancha contra el Poder Judicial, en los últimos tiempos el cuerpo colegiado ha recibido reveses en los Tribunales que acabaron fulminando normas y otros actos emanados de la Legislatura. De hecho, en el parlamento aún resuena el dictado de las cautelares que suspendieron el proceso de destitución contra los camaristas penales Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano por su presunto mal desempeño en el juicio por el caso de María de los Ángeles Verón, en el que los vocales absolvieron a 13 acusados por falta de pruebas. 
LA GACETA consultó diversas fuentes del Poder Judicial y del Poder Legislativo, y todas dieron fe del borrador que habría pretendido enviar la CSJT al parlamento para que este dé un marco legal al plan piloto instaurado mediante acordadas. Las versiones indican que el texto tenía como objetivo habilitar a la Corte Suprema para que efectúe los actos necesarios con el fin de instaurar los cambios el fuero penal del Centro Judicial de Concepción. "Eso implicaría modificaciones en el Código Procesal Penal de Tucumán y en la LOPJ", advirtieron varios legisladores. Y no están de acuerdo con otorgar esas facultades a la CSJT.
"Todos coincidimos en avanzar en una reforma del sistema penal que acorte los plazos de una Justicia penal perezosa, burocrática y congestionada de causas, que cada día se aleja más de la demanda social. Pero, para hacerlo, debemos transitar por el camino correcto: las acordadas del Poder Judicial son normas de grado inferior, sin entidad para modificar una ley", afirmó el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse, titular de la comisión de Seguridad y Justicia de la Legislatura.
El ex diputado nacional consideró luego que esta reforma "implica inexorablemente un trabajo en conjunto entre los tres poderes del Estado". "El Legislativo debe abocarse a las normas, el Judicial a la implementación y el Ejecutivo a proveer el presupuesto y el apoyo político. Además, es necesario que magistrados, abogados y universidades realicen aportes a un cambio tan necesario como complejo", propuso Vargas Aignasse.
Además, coincidió con los argumentos del amparo planteado en contra del plan. "Sólo el Poder Legislativo puede crear obligatoriedad a partir de la sanción de una ley. Si se mantiene una reforma (del sistema penal) por acordadas del Poder Judicial, la inseguridad jurídica sería la regla, y la parálisis de los procesos algo cotidiano. Entonces, sería peor el remedio que la enfermedad", analizó el legislador oficialista. Y agregó: "no vi el proyecto que informalmente llegó al parlamento, en cuanto a delegar facultades legislativas  al Poder Judicial, ya que no tiene estado parlamentario; pero me parece inviable. Sería tan inconstitucional como que los legisladores nos arroguemos la potestad de dirigir procesos o de firmar sentencias".
Las apreciaciones del ex diputado son compartidas por todos los legisladores consultados. Por eso, en el espejado edificio del parlamento están pendientes de la decisión del gobernador, José Alperovich, respecto de si la Casa de Gobierno envía o no una iniciativa para que el plan se apruebe en el recinto. "No está en nuestra voluntad hacerlo", afirmó un referente de la Cámara. Otra fuente destacó: "ellos quieren una ley con efecto retroactivo, pero si nosotros votáramos algo así, nos la 'voltearían'".
El clima de tensión motivó, incluso, que los "viejos" peronistas y los "nuevos" alperovichistas del bloque Tucumán Crece se unieran, pese a las diferencias que en ocasiones relucen. Las críticas contra la Corte se escuchan al unísono en la Cámara.