06 Junio 2013
EN TUCUMÁN. Ilarraz ejerció como párroco del Sagrado Corazón, en Monteros. LA GACETA
PARANÁ.- La defensa del sacerdote Justo José Ilarraz tendrá la oportunidad de ampliar los argumentos del recurso de apelación que presentó ante la resolución del juez de Instrucción Alejandro Grippo de rechazar el planteo de prescripción de la causa. Ilarraz enfrenta una causa penal por abuso de menores, hechos que habrían ocurrido mientras ejerció como prefecto de disciplina en el Seminario de Paraná, en Entre Ríos.
El portal Eldiario.com.ar, informó que la Sala I de la Cámara del Crimen fijó para el jueves 13 del actual la audiencia para que el abogado Juan Ángel Fornerón, defensor del cura Ilarraz, presente la ampliación de los argumentos.
Ilarraz ocupó, entre otros cargos, el de prefecto de disciplina en el Seminario Arquidiocesano Nuestra Señora del Cenáculo, donde también fue director espiritual de varios de los jóvenes que cursaban la escuela secundaria, orientados al sacerdocio, en calidad de pupilos. En ese puesto permaneció entre 1985 y 1993, y tan pronto como fue reemplazado comenzaron a escucharse las primeras denuncias en su contra por casos de abuso sexual de menores. En el expediente Nº 52.886/2, caratulado “Ilarraz Justo José s/Promoción a la corrupción de menores agravada”, el juez Grippo acumuló el testimonio de siete víctimas, todos ex estudiantes del Seminario, que relataron de qué modo Ilarraz se les acercaba, los seducía, y después abusaba de ellos.
Una de las victimas contó que una noche fue donde la habitación del padre Ilarraz a confesarse: el chico le dijo al cura que se masturbaba, a lo cual el confesor le respondió que eso estaba bien, que él lo hacía también. “Le decía que estaba bien que hiciera eso de vez en cuando porque era algo natural, que no era un pecado tan grave. Manifiesta que cuando se despidieron, el padre Ilarraz le dio un beso en la boca”, según se lee en el expediente judicial.
La defensa de Ilarraz siempre trabajó sobre la línea de la inocencia del cura respecto de todos los cargos en su contra. El abogado Fornerón sostiene que la acción penal contra Ilarraz se encuentra “extinguida por prescripción”. El delito que se le imputa es el que está previsto en el artículo 125º del Código Penal, bajo el rótulo “promoción a la corrupción de menores agravada”, cuya pena máxima prevista es de 10 a 15 años de prisión. Fornerón plantea que han transcurrido más de 20 años, es decir que “largamente (ha) expirado el plazo de prescripción de la acción penal dispuesto por nuestro ordenamiento”. La Fiscalía pretende que los curas que acusan a Ilarraz empiecen, en lo inmediato, a dar su testimonio.
En Tucumán, Ilarraz había estado en los últimos años como párroco del Sagrado Corazón, en Monteros, perteneciente a la diócesis de Concepción. Entre 2000 y 2012 Ilarraz ejerció el ministerio sacerdotal en Tucumán, tras ser aceptado formalmente por el obispo de Concepción, el dominico José María Rossi, el 31 de diciembre de 2002. La Justicia de Tucumán no encontró suficientes elementos, ni testimonios valederos como para continuar con la investigación que permita determinar la existencia del delito de abuso de menores cometidos por Ilarraz en la provincia.
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