Por Federico Türpe
27 Julio 2013
"El microcentro quedó despejado de ambulantes", afirmó el gobernador José Alperovich el 10 de enero de 2007. Y todos los festejantes incondicionales aplaudieron. Esta frase está en línea con tantas otras afirmaciones que ya pasaron a la historia de las realidades paralelas de Tucumán: la realidad de los hechos, por un lado, y la realidad que describe el relato del Gobierno, por el otro, a través de sus numerosos canales de información que sólo transmiten "buenas noticias".
La contaminación de los ríos y del aire, la quema de cañaverales, los distorsionados índices de desempleo, inflación y delincuencia, la deforestación, el transporte ilegal, el fracasado combate al narcotráfico, la violencia en el fútbol, el incremento del comercio ilegal y del empleo informal, la fallida erradicación de la prostitución, la impunidad, la lucha contra la corrupción, el desastroso transporte público y... tomemos aire... La lista de problemas que no se solucionaron o se agravaron durante la última década es demasiado extensa para citar completa en esta columna.
El gobernador repite a cada rato y casi mecánicamente que está "trabajando fuerte", como si acabara de iniciar su gestión. Lleva diez años gobernando sin oposición, más otros tantos como asesor y ministro, y la venta ambulante se ha multiplicado como nunca antes.
El intendente Domingo Amaya es corresponsable de la ilegalidad callejera, pero ya ha demostrado acabadamente que no mueve un dedo -o no deja de hacerlo- sin la autorización de su jefe.
Desde 2006 -hace nada menos que siete años- existe un fallo de la Justicia que prohíbe la venta callejera en el centro de la capital. Queda claro cuánto pesa una orden judicial para un sistema sólo republicano en las apariencias del discurso de la felicidad. La ocupación de la vía pública también está prohibida por ordenanzas municipales y por la ley de Contravenciones Policiales. Si el Gobierno no respeta a la Justicia ni acata las propias leyes que sanciona, ¿con qué autoridad podemos exigirle al ciudadano común?
El pretexto de que están en juego muchas fuentes laborales es una chicana tan vil como engañosa, o acaso la chicana es que el desempleo en Tucumán es del 3%, como afirma Alperovich.
Lo cierto es que ya les cedieron a los ambulantes dos predios de valor incalculable, como son la ex Terminal de Ómnibus y el ex Mercado Persia, y sólo consiguieron multiplicar los puestos ilegales.
Tema aparte es la inmundicia que dejan cada noche en el microcentro y el caos que generan en las peatonales y en las veredas angostas.
Nadie dice que atrás de estos explotados vendedores hay unos cuantos pícaros que manejan un negocio fabuloso, sustentado en el contrabando, la piratería, la evasión descarada y el empleo en negro. ¿O deberemos pensar que este puñado de empresarios "mayoristas" son socios o amigos del Gobierno?
¿Dónde está la AFIP que es tan celosa cuando persigue a asalariados, a monotributistas y a perejiles de toda cepa? ¿Dónde está la Dirección de Rentas que es implacable con los vecinos? ¿Dónde está el IPLA que es capaz de allanar sin orden judicial una vivienda particular para secuestrar unos cajones de cerveza? ¿Dónde están los inspectores municipales que aprietan sin piedad a almaceneros, quiosqueros, verduleros y demás "potentados" y les clausuran el negocio porque una pared no está bien pintada? ¿Dónde están la Dirección de Comercio y la Secretaría de Trabajo? ¿Dónde están Bromatología, Urbanidad e Higiene y tantas otras reparticiones atestadas de empleados expertos en burocracia? ¿Dónde está el Estado?
La contaminación de los ríos y del aire, la quema de cañaverales, los distorsionados índices de desempleo, inflación y delincuencia, la deforestación, el transporte ilegal, el fracasado combate al narcotráfico, la violencia en el fútbol, el incremento del comercio ilegal y del empleo informal, la fallida erradicación de la prostitución, la impunidad, la lucha contra la corrupción, el desastroso transporte público y... tomemos aire... La lista de problemas que no se solucionaron o se agravaron durante la última década es demasiado extensa para citar completa en esta columna.
El gobernador repite a cada rato y casi mecánicamente que está "trabajando fuerte", como si acabara de iniciar su gestión. Lleva diez años gobernando sin oposición, más otros tantos como asesor y ministro, y la venta ambulante se ha multiplicado como nunca antes.
El intendente Domingo Amaya es corresponsable de la ilegalidad callejera, pero ya ha demostrado acabadamente que no mueve un dedo -o no deja de hacerlo- sin la autorización de su jefe.
Desde 2006 -hace nada menos que siete años- existe un fallo de la Justicia que prohíbe la venta callejera en el centro de la capital. Queda claro cuánto pesa una orden judicial para un sistema sólo republicano en las apariencias del discurso de la felicidad. La ocupación de la vía pública también está prohibida por ordenanzas municipales y por la ley de Contravenciones Policiales. Si el Gobierno no respeta a la Justicia ni acata las propias leyes que sanciona, ¿con qué autoridad podemos exigirle al ciudadano común?
El pretexto de que están en juego muchas fuentes laborales es una chicana tan vil como engañosa, o acaso la chicana es que el desempleo en Tucumán es del 3%, como afirma Alperovich.
Lo cierto es que ya les cedieron a los ambulantes dos predios de valor incalculable, como son la ex Terminal de Ómnibus y el ex Mercado Persia, y sólo consiguieron multiplicar los puestos ilegales.
Tema aparte es la inmundicia que dejan cada noche en el microcentro y el caos que generan en las peatonales y en las veredas angostas.
Nadie dice que atrás de estos explotados vendedores hay unos cuantos pícaros que manejan un negocio fabuloso, sustentado en el contrabando, la piratería, la evasión descarada y el empleo en negro. ¿O deberemos pensar que este puñado de empresarios "mayoristas" son socios o amigos del Gobierno?
¿Dónde está la AFIP que es tan celosa cuando persigue a asalariados, a monotributistas y a perejiles de toda cepa? ¿Dónde está la Dirección de Rentas que es implacable con los vecinos? ¿Dónde está el IPLA que es capaz de allanar sin orden judicial una vivienda particular para secuestrar unos cajones de cerveza? ¿Dónde están los inspectores municipales que aprietan sin piedad a almaceneros, quiosqueros, verduleros y demás "potentados" y les clausuran el negocio porque una pared no está bien pintada? ¿Dónde están la Dirección de Comercio y la Secretaría de Trabajo? ¿Dónde están Bromatología, Urbanidad e Higiene y tantas otras reparticiones atestadas de empleados expertos en burocracia? ¿Dónde está el Estado?
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