13 Noviembre 2013
SALTA.- La polémica que echó a rodar la Corte Suprema, cuando pidió al Consejo de la Magistratura y a los ministerios de Justicia y de Seguridad que adopten medidas urgentes, sugeridas por jueces federales de Salta, Tucumán y Jujuy, para combatir el narcotráfico en el Norte del país continuó hoy.
Esta mañana, dos jueces federales de Salta advirtieron que están sobrepasados. "No podemos más", dijo el magistrado Miguel Medina, quien aseguró que son escasos los recursos que poseen para luchar contra el avance de la droga. Alertó, además, que en las últimas semanas bajó la cantidad de efectivos de Gendarmería porque fueron reasignados para las tareas en el conurbano bonaerense.
"Nuestras estructuras son escasas y nuestra capacidad de alojamiento de detenidos es peor", declaró Medina, en diálogo con radio "La Red".
El juzgado de Orán, enclave muy cercano a la frontera, está desbordado, ejemplificó. "Tienen incapacidad de personal, deficiencias edilicias y falta de lugar para los detenidos. Ese juzgado está a cargo del doctor Raúl Reynoso y hace una tarea encomiable en una soledad muy grande", añadió Medina.
Otro juez salteño fue más duro aún: "El narcotráfico tiene cantidad de armamento y gente que nosotros no podríamos tener nunca", le dijo el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada, a la radio local "Imagina".
Ayer, la Corte Suprema trasladó los reclamos al Gobierno nacional y solicitó medidas urgentes para frenar el avance narco en el norte del país. La AFIP dio la primera respuesta institucional y prometió que se instalarán escáneres especiales en 2014.
La semana pasada la Iglesia había alertado sobre la misma problemática y había pedido al Estado que tome medidas urgentes; una de ellas es la de designar una autoridad al frente del Sedronar, vacante desde la salida de Rafael Bielsa.
Entre otras medidas, se solicitaron la designación de magistrados para ocupar cargos vacantes, la habilitación de nuevas secretarías penales y el incremento del personal de fuerzas de seguridad asignado a las investigaciones sobre drogas.
En los juzgados de Salta y Jujuy entraron 19.642 causas en 2012, la mayoría vinculadas con infracciones a la ley antidrogas.
Esta mañana, dos jueces federales de Salta advirtieron que están sobrepasados. "No podemos más", dijo el magistrado Miguel Medina, quien aseguró que son escasos los recursos que poseen para luchar contra el avance de la droga. Alertó, además, que en las últimas semanas bajó la cantidad de efectivos de Gendarmería porque fueron reasignados para las tareas en el conurbano bonaerense.
"Nuestras estructuras son escasas y nuestra capacidad de alojamiento de detenidos es peor", declaró Medina, en diálogo con radio "La Red".
El juzgado de Orán, enclave muy cercano a la frontera, está desbordado, ejemplificó. "Tienen incapacidad de personal, deficiencias edilicias y falta de lugar para los detenidos. Ese juzgado está a cargo del doctor Raúl Reynoso y hace una tarea encomiable en una soledad muy grande", añadió Medina.
Otro juez salteño fue más duro aún: "El narcotráfico tiene cantidad de armamento y gente que nosotros no podríamos tener nunca", le dijo el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Jorge Villada, a la radio local "Imagina".
Ayer, la Corte Suprema trasladó los reclamos al Gobierno nacional y solicitó medidas urgentes para frenar el avance narco en el norte del país. La AFIP dio la primera respuesta institucional y prometió que se instalarán escáneres especiales en 2014.
La semana pasada la Iglesia había alertado sobre la misma problemática y había pedido al Estado que tome medidas urgentes; una de ellas es la de designar una autoridad al frente del Sedronar, vacante desde la salida de Rafael Bielsa.
Entre otras medidas, se solicitaron la designación de magistrados para ocupar cargos vacantes, la habilitación de nuevas secretarías penales y el incremento del personal de fuerzas de seguridad asignado a las investigaciones sobre drogas.
En los juzgados de Salta y Jujuy entraron 19.642 causas en 2012, la mayoría vinculadas con infracciones a la ley antidrogas.
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