Cartas de lectores

LA CONSTITUYENTE

Leyendo las tristes noticias sobre los repartos de fondos de la Constituyente, solamente se me ocurre decir: ¡Qué papelón!

Melitón Saldaño
Cejas de Aroca
Simoca-Tucumán

DROGA (I)

Maquiavelo decía en "El príncipe", que los problemas de Estado son como la tisis (la tuberculosis avanzada): al comienzo, difíciles de detectar, pero fáciles de resolver; con el tiempo se vuelven fáciles de detectar, pero difíciles de resolver. Sin duda, la droga, cuyo ingreso paulatino toleramos durante muchos años mirando hacia otro lado, mientras se enseñoreaba de nuestra sociedad, con la complicidad de algunos poderosos, la indiferencia de otros y la inacción gubernamental, se ha convertido hoy, con sus secuelas de muerte y destrucción del tejido social, en uno de los problemas más serios que afronta nuestro país. El 27/6, La Nación publicó un informe que ubicó al país como el tercer puerto proveedor mundial de cocaína, detrás de Brasil y Colombia. Era la primera vez que la oficina contra las drogas y el crimen de la ONU establecía en su estudio, el origen de los cargamentos decomisados en el mundo. También hubo una alerta de la ONU, sobre la falta de información oficial por parte de la Argentina respecto de los secuestros de drogas. Fue el único país señalado por esa falta de datos. Finalmente, fue imposible tapar el sol con la mano y fueron visibles las fronteras liberadas, la escasez de radares, las denuncias que hierven en internet sobre pistas de aterrizaje clandestinas, que todos parecen conocer menos los que deberían controlarlas. Para colmo la Sedronar, el organismo responsable de coordinar las políticas nacionales de lucha contra las drogas y las adicciones, se encuentra acéfala desde hace siete meses desde que renunció Rafael Bielsa, el ex canciller. Hace poco fueron los obispos, rogando por respuestas de parte del Gobierno. Luego fue la Corte Suprema la que recomienda al Gobierno Nacional que arbitre de modo urgente las sugerencias de los jueces federales para luchar contra el narcotráfico en el NOA. Junto a ellos hay un clamor de la sociedad toda, que ya no soporta más violencia, que hasta se anima a denunciar a pesar del miedo y suplica por respuestas que incluyan el respeto por la vida y su sentido trascendente, la recuperación de la cultura del esfuerzo y la creación de trabajo genuino.

Nora Vázquez de Argiró
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DROGA (II)

Hace cuatro años que se "descriminalizaba" la tenencia en pequeñas cantidades de marihuana para consumo personal en la Argentina. Medida que no fue sometida a la voluntad popular ni a una audiencia pública, simplemente vía Corte Suprema de Justicia de la Nación, abrió la puerta, al reinterpretar la Ley 23.737 artículo 14, para el consumo personal de marihuana. Tampoco nadie advertía que lo anterior era una adicción. Hoy en día debemos preguntarnos: 1) ¿Cuál es el porcentaje de THC -tetrahidrocanabinoides- (es el principio activo) que hay en cada "porro" y cuál es el organismo estatal, provincial o municipal que controla ese porcentaje de principio activo? Según información de otros países, de 9% -años 70- ha pasado al 27,13%, lo que significa más adicción, dependencia, síntomas, peligrosidad. 2) Con la medida de la "descriminalización" ¿Ha aumentado el consumo? ¿Han aumentado los carteles y su tráfico, así como los delitos vinculados al consumo de marihuana? ¿Se han creado organismos de protección, de contención, de tratamiento? 3) ¿Alguien puede indicarnos si su uso personal no trae consigo un peligro concreto, tanto para el consumidor, como un daño a terceros o de sus bienes? Autoridades, funcionarios, legisladores, educadores, equipo de salud, ONGs, medios de comunicación, sociedad en su conjunto, nos debemos un debate cierto, claro, honesto, concreto para saber donde estamos parados y adónde queremos ir.

Carlos Amieva
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CAMBIOS EN EL GABINETE

Se acaban de anunciar cambios en el Gabinete nacional. La realidad nos indica que se trata de una profundización del modelo y del relato (negación de la inflación, manipulación de los datos del Indec, más presión tributaria, recesión, etcétera). Bajo el ropaje de una "apertura al diálogo" nos enfrentamos al monólogo y al paternalismo autoritario de siempre. Una mayoría circunstancial en el Congreso, que en diciembre deberá darle lugar a una nueva recomposición del espectro democrático, pretende a las apuradas aprobar un código civil y comercial unificado que transformará seguramente para peor- la vida de los argentinos. Recuerda el voto del doctor Fayt en la sentencia del Grupo Clarín, transcribiendo a Clapmarius la existencia de los "simulacros, es decir, el arte de hacer una cosa y aparentar otra, pues en política tanto vale, y a veces más, aparentar como ser… la sustracción de derechos y libertades reales, pero aparentando que se mantienen, y sustituyéndolos por la adulación de los despojados, por sombras de libertades, por naderías jurídicas y por imágenes vacías de realidad". Hay que evitar la apresurada sanción de normas que son básicas para nuestra convivencia. Hay que abrir el debate y buscar nuevos consensos. Necesitamos una conciencia preocupada. Como decía Alberdi: "mejorar la sociedad para obtener la mejora del poder".

Carmen Fontán
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DICTÁMENES MENTIROSOS

Tanto los abogados y los respectivos fiscales de las Fiscalías de Estado provincial y municipal suscribieron dictámenes en los que afirmaron (con firma y sello) que el sector del parque Avellaneda que atravesaron con la calle Lucas Córdoba no está protegido por la Ley 7.535 de patrimonio cultural. En múltiples expedientes que inicié ante ambas fiscalías y otros sectores de la administración provincial y municipal acompañé las pruebas de la mendacidad en que incurrieron (mejor decir mentiras) con informes oficiales del Registro Inmobiliario que requerí y adjunté a los expedientes que no cito para no abrumar al lector, donde se expresa en el rubro 7 del formulario que está protegido por la ley 7.535. ¿Puede el ciudadano aceptar semejante conducta de los funcionarios que deben ceñirse a la ley, máxime siendo profesionales del derecho? Han incurrido todos los firmantes (abogados, fiscales, funcionarios) en incumplimiento de los deberes de funcionario público. El artículo 248 del Código Penal prescribe hasta prisión e inhabilitaciones cuando actúan apartándose de las normas vigentes. Ya es hora de que desde el Poder Judicial, los fiscales tomen conocimiento de lo que aquí se denuncia públicamente y actúen como corresponde a sus facultades y obligaciones. Ya es hora de desmontar tanto arbitrario ejercicio del poder en nuestra provincia. La degradación de la política va ensamblada con la degradación del ejercicio del poder, como si este fuera absoluto y quienes lo ejercen no fueran mandatarios del pueblo que los vota, con o sin bolsones.

Carlos Duguech
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TEATRO Y DEMOCRACIA

Vengo de una familia de profundas convicciones democráticas. Se me ha enseñado a respetar las instituciones, a considerar las jerarquías y a seguir estrictamente los canales orgánicos. Por eso ante el atropello que sufre en este momento la actividad teatral, desalojada tres días a la semana de su reducido espacio, me pareció prudente organizar un petitorio que fuera firmado debidamente por quienes consideraban que debían respetarse los espacios del teatro. Con absoluta educación, este fue elevado en dos oportunidades al presidente del Ente Cultural de la Provincia, al llegar a las 400 y al llegar a las 500 firmas. Cabe destacar que actualmente reúne 579 firmas. El petitorio se presentó con copia a diferentes autoridades provinciales, a la Defensoría del Pueblo de la Nación y de la Provincia, al Incaa, al INT, al Inadi, y a diferentes medios de comunicación locales. Sin embargo, en nota periodística de vuestro diario del 20/11, el mencionado funcionario faltando absolutamente a la verdad, manifiesta no haber recibido nada. Entiendo que el funcionario puede llegar a negar nuestro pedido, puede darnos razones que sean o no considerables, pero… ¿puede negarnos de esta manera? ¿A 579 ciudadanos que fuimos absolutamente respetuosos de todo procedimiento? ¿Alguien podría en ese caso explicarme cómo -si no es así- es que funciona la democracia?

Cristina Hynes O'Connor
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AMBULANTES (I)

La ley debería ser como la muerte, que alcanza a todos por igual. Todos los funcionarios públicos tienen la obligación de tener igual trato con todos los habitantes, por lo tanto, los taxistas de San Miguel de Tucumán estamos en alerta permanente, a lo que se decida con el destino de los vendedores callejeros. En caso de que se les permita continuar con la actividad en la vía pública luego del 1° de diciembre, nosotros, los titulares de taxis, advertimos entonces a los Ejecutivos municipal y al provincial, que no aceptaremos ningún tipo de control ni verificación sobre nuestros taxis, bajo apercibimiento de acudir al Inadi por considerarnos discriminados, con abuso de autoridad, respecto de cualquier ciudadano de cualquier parte, a los que se les autoriza a incumplir normas vigentes, tanto civiles y comerciales como penales. Para el caso en cada una de las entidades que nos nuclean, estamos recabando información y asesorándonos sobre jurisprudencias y procedimientos.

Roberto Córdoba
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AMBULANTES (II)

Reconocer que los ambulantes vivan, den de comer a sus hijos, los eduquen, paguen la luz, etcétera, es justificable. Se podría decir que pertenecen a la clase de los ricos pobres. ¿Qué opina el sindicato que los nuclea de los demás? ¿Se preguntaron sobre el sacrificio de los inquilinos o propietarios de los negocios del centro para ubicarse en el lugar donde están sin eximirse de impuestos? ¿Qué deducciones saca el sindicato del conglomerado de personas que circula a diario sin saber qué dirección tomar para poder caminar? Fueron muchos los ciudadanos que contribuyeron a la venta callejera, válgale a Dios la recompensa.

Estela Margarita Anauati
Marcos Paz 640, 1° A
San Miguel de Tucumán