Por la crisis, favorecen a empresas constructoras

Cerca de 1.000 obreros de la construcción que quedaron sin trabajo en Tucumán, a raíz de la crisis económica, fue el disparador que motivó al oficialismo para aprobar una ley que beneficia directamente a las empresas constructoras que le facturan al Estado provincial, a través de la obra pública.

El proyecto de ley que ingresó desde el Poder Ejecutivo (PE) faculta al Gobierno -a través de la Secretaría General de la Gobernación- a otorgar un anticipo de hasta $ 30 millones a las empresas que contrataron con el PE y que, por la demora en el pago, debieron suspender los trabajos. La parálisis que sufrió el programa “Más Cerca” es un ejemplo palpable que grafica la situación, según coinciden algunos parlamentarios alperovichistas.

Con los fondos recibidos -serán suministrados mediante de subsidios- las empresas contratistas deberán adquirir, de manera exclusiva, materiales e insumos básicos que figuren en el programa nacional denominado “Precios cuidados”. Previamente, las firmas contratistas deberán suscribir un convenio con el PE.

El proyecto de ley fue defendido a ultranza por los legisladores oficialistas. El flamante presidente de la comisión de Obras Públicas, Alejandro Martínez -asumió en lugar del desplazado José Teri luego de haberse convertido al massismo- ponderó la iniciativa de la Casa de Gobierno al remarcar que, con la nueva norma, las empresas constructoras podrán continuar generando mano de obra en Tucumán.

“Esta herramienta es necesaria para lograr revertir el proceso en crisis que atraviesa la construcción. Desde la Uocra, el compañero Adrián Santillán nos dijo que el sector está sufriendo despidos por la merma de los trabajos. Y es muy importante que podamos darle un envión a la obra pública y contribuir a que no quede gente sin trabajo”, planteó el legislador y ex intendente de Tafí Viejo.

A continuación, el presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto, Ramiro González Navarro, avizoró que la ley se transformará “en una inyección” para la obra pública. “Reactivará el mercado interno”, ponderó el alperovichista.

En el recinto, la iniciativa del PE caminó entre algodones de alabanzas hasta que les tocó opinar a los legisladores de la oposición.

El primero en cuestionar el proyecto de ley fue el presidente de Fuerza Republicana, Ricardo Bussi. “Comprendo el esfuerzo que hace el gobierno para intentar paliar la inflación, pero mal que le pese la Legislatura, no se puede otorgar $ 30 millones a las empresas, a gusto y piacere, cuando no ganaron una licitación pública y fueron beneficiadas con el dedo del gobernador (José Alperovich)”, se quejó Bussi.

El radical Federico Romano Norri objetó que el proyecto de ley que ingresó a la Cámara no brinde precisiones sobre la operatoria de entrega de dinero a las empresas y de qué manera serán administrados esos recursos. “¿La entrega de fondos se realizará de manera discrecional? Porque en ningún lado dice a cambio de qué va a ser la entrega de los recursos. Como eso no está establecido, voy a votar en contra”, cuestionó el ex presidente de la UCR local.

Durante la sesión, algunos legisladores de la oposición deslizaron, en off the record, que la medida buscaría -directa o indirectamente- favorecer a las empresas “amigas” de la Casa de Gobierno. Pero el radical Ariel García fue más directo que sus pares refractarios al edificio de calle 25 de Mayo y San Martín. “Pude encontrar algunas omisiones en el articulado. Se ve que sus autores debieron estar apurados a la hora de firmar el dictamen. El artículo 2º del texto dice que se anticipará hasta la suma de $ 30 millones a las empresas. Pero en el artículo 1º no se especifica cuáles son esas empresas. La falta de claridad oscurece el proyecto”, criticó García, al tiempo que ironizó: “no se puede determinar con qué criterio se van a hacer estas asignaciones de fondos. Tampoco se sabe cuales serán los montos. No sabemos si la empresa Emiliano SRL será una de las beneficiadas, ya que la secretaria General de la Gobernación (Carolina Vargas Aignasse) será la encargada distribuir esos fondos”.

El destinatario de la ironía fue, precisamente, el legislador Emilio Vargas Aignasse, hermano de la funcionaria alperovichista, y señalado por sus pares opositores como uno de los tantos legisladores que le facturarían al estado a través de cooperativas y pequeñas empresas de las construcción.

Cuando la iniciativa era vapuleada por algunos opositores, el taficeño Martínez volvió a hacer uso de la palabra para defenderla. “No hay nada escondido bajo la alfombra. El Gobierno le otorga un anticipo a las empresas para que estas puedan ir a comprar los materiales con los precios establecido por el programa nacional ‘Precios Cuidados’. A cambio de esto, las constructoras retiran las demandas que realizaron en contra del estado por la demora en los pagos. Esta ley es muy buena para la economía de Tucumán. Defendió.

Sorpresivamente, los massistas Gerónimo Vargas Aignasse y José Teri votaron a favor del proyecto de ley. “Me parece positiva la medida del gobierno porque protege la mano de obra”, fundamentó Vargas Aignasse.

ANALISIS

La madre del borrego

Juan Pablo Durán - LA GACETA

Si hay algo que caracterizó a la década kirchnerista fue el desparpajo con que los gobiernos nacional y provincial manejaron los recursos del Estado. La realización de obras públicas a través de llamados a licitaciones fueron la excepción a la regla. La discreción y el favoritismo, la generalidad. Ayer, los legisladores alperovichistas y massistas no se apartaron de esa máxima y sancionaron una norma más que polémica. Con la arbitrariedad como estandarte, el Poder Ejecutivo podrá, ahora, decidir a cuántas empresas constructoras sacará primero del pozo económico en el que cayeron, como consecuencia de la crisis económica y la espiral inflacionaria. La Secretaría General de la Gobernación sumará más poder del que tiene y tendrá la potestad de elegir cuáles firmas estarán en condiciones de gozar del beneficio. Las suspicacias de opositores afloraron en el recinto cuando lograron divisar a la madre del borrego. Porque si bien calificaron de loable la iniciativa -busca que los obreros de la construcción recuperen sus trabajos- el fantasma de eventuales favoritismos a “los amigos del poder” sobrevoló durante toda la sesión.