14 Mayo 2014
BUENOS AIRES.- El titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Sbatella, se presentó ayer de manera espontánea ante la Justicia para aportar pruebas ante la acusación formulada por tres legisladores nacionales en una causa en la que lo acusan de presunto incumplimiento de deberes de funcionario público y encubrimiento de lavado de activos.
Sbatella se puso a disposición del juez federal Julián Ercolini, mediante un escrito en el que ofrece “explicaciones” y sugiere “prueba útil” por la denuncia planteada el 30 de abril por el senador Ernesto Sanz y los diputados Martín Lousteau y Fernando Sánchez.
Sbatella, en el escrito presentado ante la Justicia Federal, refutó las acusaciones sobre “supuesto encubrimiento de una operación de blanqueo de capitales realizada en 2009 por poco más de U$S 1 millón por parte de Mauricio Alvarez Sarría, hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado el año pasado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico”.
El funcionario aportó detalles de los procedimientos seguidos por la UIF en el caso puesto en cuestión para aseverar que de las mismas surge “la perfecta regularidad” de su actuación y “la de los funcionarios y agentes de la dependencia” a su cargo.
Alvarez Sarría es uno de los imputados por presunto lavado de dinero en una de las causas derivadas del operativo “Luis XV”, en el que la Policía Federal desbarató en 2012 a una banda que pretendía enviar 280 kilos de cocaína a España en muebles antiguos.
Pero a su vez, Alvarez Sarría es hijo de Ignacio Alvarez Meyendorff, un sindicado lavador de dinero narco vinculado al Cartel del Valle colombiano que fue detenido en Argentina en abril de 2011 por un pedido de captura de Estado Unidos, país al que fue extraditado a mediados del año pasado.
Por otra parte, en febrero pasado, Sbatella había negado el “cajoneo” de investigaciones en las causas que involucran al vicepresidente, Amado Boudou, al empresario Lázaro Báez y a Sergio Schoklender, y “quedamos colaborando con la justicia” aportando la información requerida. Además, enfrentó las impugnaciones que tuvo su nombramiento para cumplir un nuevo período al frente de la UIF de parte de legisladores opositores, ONGs y particulares, estimando que “en muchos casos se desconocía cuál es la operatoria del organismo”.
Respecto a la denuncia que en 2011 planteó en su contra José Mangiocalda, titular de la ONG Ciudadanos Libres, por la presunta demora de la UIF en brindar información a la justicia vinculada al caso Schoklender “fuimos sobreseídos” y destacó que “no hubo posibilidad de demostrar que hubo demora en la entrega”, resaltó. (DyN)
Sbatella se puso a disposición del juez federal Julián Ercolini, mediante un escrito en el que ofrece “explicaciones” y sugiere “prueba útil” por la denuncia planteada el 30 de abril por el senador Ernesto Sanz y los diputados Martín Lousteau y Fernando Sánchez.
Sbatella, en el escrito presentado ante la Justicia Federal, refutó las acusaciones sobre “supuesto encubrimiento de una operación de blanqueo de capitales realizada en 2009 por poco más de U$S 1 millón por parte de Mauricio Alvarez Sarría, hijo del colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado el año pasado a los Estados Unidos bajo cargos de narcotráfico”.
El funcionario aportó detalles de los procedimientos seguidos por la UIF en el caso puesto en cuestión para aseverar que de las mismas surge “la perfecta regularidad” de su actuación y “la de los funcionarios y agentes de la dependencia” a su cargo.
Alvarez Sarría es uno de los imputados por presunto lavado de dinero en una de las causas derivadas del operativo “Luis XV”, en el que la Policía Federal desbarató en 2012 a una banda que pretendía enviar 280 kilos de cocaína a España en muebles antiguos.
Pero a su vez, Alvarez Sarría es hijo de Ignacio Alvarez Meyendorff, un sindicado lavador de dinero narco vinculado al Cartel del Valle colombiano que fue detenido en Argentina en abril de 2011 por un pedido de captura de Estado Unidos, país al que fue extraditado a mediados del año pasado.
Por otra parte, en febrero pasado, Sbatella había negado el “cajoneo” de investigaciones en las causas que involucran al vicepresidente, Amado Boudou, al empresario Lázaro Báez y a Sergio Schoklender, y “quedamos colaborando con la justicia” aportando la información requerida. Además, enfrentó las impugnaciones que tuvo su nombramiento para cumplir un nuevo período al frente de la UIF de parte de legisladores opositores, ONGs y particulares, estimando que “en muchos casos se desconocía cuál es la operatoria del organismo”.
Respecto a la denuncia que en 2011 planteó en su contra José Mangiocalda, titular de la ONG Ciudadanos Libres, por la presunta demora de la UIF en brindar información a la justicia vinculada al caso Schoklender “fuimos sobreseídos” y destacó que “no hubo posibilidad de demostrar que hubo demora en la entrega”, resaltó. (DyN)
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