19 Junio 2014
Un fiscal pidió que Brito sea llevado a juicio oral
En 2012, la entonces legisladora radical Elías de Pérez (hoy es senadora nacional) había denunciado al ex titular de la DAU por presunto fraude contra la administración pública Arnoldo Suasnábar, a cargo de la Fiscalía VII°, consideró que existen elementos de prueba para atribuirle al ex bussista la comisión de delitos
El ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Miguel Ángel Brito, podría convertirse en el primer funcionario alperovichista en ser llevado a juicio oral y público por presunta corrupción. Según fuentes judiciales y legislativas, el fiscal de Instrucción, Arnoldo Suasnábar, concluyó el requerimiento para elevar el expediente al Juzgado de Instrucción de la Vº Nominación, a cargo de Mirta Lenis de Vera, y sólo restan pocos pasos para que se concrete este trámite.
La carátula de la causa, iniciada por una denuncia de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, es sobre fraude contra la administración pública, en concurso ideal con negociación incompatible con la función pública.
En agosto de 2012, Brito renunció a cargo de la DAU, luego de que LA GACETA publicara un informe referido a una obra de restauración en la fachada de la Casa de Gobierno que había sido objetada por el Tribunal de Cuentas (TC), debido a presuntos sobreprecios en la compra de luminarias. Ese año, la entonces legisladora Elías de Pérez llevó a la Justicia penal una serie de informes en los que denunciaba presuntas irregularidades en esa repartición, como tareas facturadas que no habían sido realizadas y la contratación de supuestas empresas “fantasma”. A los Tribunales llegó más material que complicó a Brito.
También presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, remitió una auditoría efectuada sobre más de 400 obras públicas proyectadas durante la gestión de Brito. Se detectaron anomalías en 89 de ellas.
En un principio, el caso estaba en manos de la fiscala de Instrucción de la VIº Nominación, Adriana Reinoso Cuello. Pero esta se apartó aduciendo violencia moral, luego de que Elías de Pérez se quejara ante el ahora ex ministro fiscal, Luis de Mitri, por considerar que la magistrada no estaba actuando con celeridad. El titular de la Fiscalía de Instrucción de la Vª Nominación, Washington Navarro Dávila, tampoco aceptó el expediente, que finalmente recayó en manos de Suasnábar.
A fin de año pasado, Brito fue citado a declarar como imputado por primera vez en la causa. En su defensa, aseguró que cada una de las obras públicas realizadas en su gestión tenía el aval del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el fiscal Suasnábar consideró que existen elementos de prueba de la presunta comisión de delitos, atribuibles a Brito por su condición de director de la DAU.
El investigador encuadró estas conductas en las figuras de fraude a la administración pública, en concurso ideal con negociación incompatible con la función pública. Consignó el artículo 173 del Código Penal Argentino, inciso 7, que pena a toda persona que al tener a su cargo el manejo o el cuidado de bienes ajenos procurase para sí o para un tercero un lucro indebido. A esto se agrega el artículo 174, inciso 5, que prevé una pena de dos a seis años de cárcel para “el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”. También se le imputó el artículo 265, que contempla penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación espacial perpetua para “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Ayer al mediodía, la senadora Elías de Peréz visitó en su despacho a Suasnábar. Allí, el funcionario judicial le comunicó la medida adoptada respecto de la causa DAU.
La carátula de la causa, iniciada por una denuncia de la senadora radical Silvia Elías de Pérez, es sobre fraude contra la administración pública, en concurso ideal con negociación incompatible con la función pública.
En agosto de 2012, Brito renunció a cargo de la DAU, luego de que LA GACETA publicara un informe referido a una obra de restauración en la fachada de la Casa de Gobierno que había sido objetada por el Tribunal de Cuentas (TC), debido a presuntos sobreprecios en la compra de luminarias. Ese año, la entonces legisladora Elías de Pérez llevó a la Justicia penal una serie de informes en los que denunciaba presuntas irregularidades en esa repartición, como tareas facturadas que no habían sido realizadas y la contratación de supuestas empresas “fantasma”. A los Tribunales llegó más material que complicó a Brito.
También presidente del TC, Miguel Chaibén Terraf, remitió una auditoría efectuada sobre más de 400 obras públicas proyectadas durante la gestión de Brito. Se detectaron anomalías en 89 de ellas.
En un principio, el caso estaba en manos de la fiscala de Instrucción de la VIº Nominación, Adriana Reinoso Cuello. Pero esta se apartó aduciendo violencia moral, luego de que Elías de Pérez se quejara ante el ahora ex ministro fiscal, Luis de Mitri, por considerar que la magistrada no estaba actuando con celeridad. El titular de la Fiscalía de Instrucción de la Vª Nominación, Washington Navarro Dávila, tampoco aceptó el expediente, que finalmente recayó en manos de Suasnábar.
A fin de año pasado, Brito fue citado a declarar como imputado por primera vez en la causa. En su defensa, aseguró que cada una de las obras públicas realizadas en su gestión tenía el aval del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, el fiscal Suasnábar consideró que existen elementos de prueba de la presunta comisión de delitos, atribuibles a Brito por su condición de director de la DAU.
El investigador encuadró estas conductas en las figuras de fraude a la administración pública, en concurso ideal con negociación incompatible con la función pública. Consignó el artículo 173 del Código Penal Argentino, inciso 7, que pena a toda persona que al tener a su cargo el manejo o el cuidado de bienes ajenos procurase para sí o para un tercero un lucro indebido. A esto se agrega el artículo 174, inciso 5, que prevé una pena de dos a seis años de cárcel para “el que cometiere fraude en perjuicio de alguna administración pública”. También se le imputó el artículo 265, que contempla penas de uno a seis años de prisión e inhabilitación espacial perpetua para “el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en miras de un beneficio propio o de un tercero, en cualquier contrato u operación en que intervenga en razón de su cargo”.
Ayer al mediodía, la senadora Elías de Peréz visitó en su despacho a Suasnábar. Allí, el funcionario judicial le comunicó la medida adoptada respecto de la causa DAU.
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