Por Fernando Stanich
23 Junio 2014
El alperovichismo nunca quiso sancionar al fiscal Carlos Albaca. Tampoco la Corte Suprema demostró premura por tomar medidas contra el hombre que llevó durante siete años la investigación del crimen impune de Paulina Lebbos. Ni siquiera los colegas del cuestionado funcionario judicial fueron por él; al contrario, la mayoría de los fiscales y jueces se hizo a un costado en un mensaje de intolerable corporativismo. A su manera, todos lograron ganar tiempo para que el fiscal “que incurrió en conductas que evidencian el incumplimiento de los deberes que tenía a su cargo”, según el sumario administrativo de la fiscala de Cámara Marta Jerez, pudiera completar los trámites y acceder a una jubilación con el privilegio de percibir, por mes, unos $ 52.000.
El oficialismo legislativo, tan valiente en 2013 para decapitar a los vocales que firmaron el fallo absolutorio en el juicio de Marita Verón, esta vez no tuvo iniciativa. Ahora, los parlamentarios archivaron los pedidos de juicio político apenas Albaca presentó su renuncia condicionada. Luego, y sólo porque el fiscal debió reiniciar los trámites en la Anses, le corrieron traslado de la nueva acusación del macrismo. Pero cuando dieron ese paso, ya sabían que el hoy feliz jubilado podría ordenar sus papeles previsionales. Hace un año, el propio José Alperovich había mostrado otro ímpetu al rechazarles la dimisión a los magistrados del caso Verón con el argumento de que estaba en marcha un proceso de destitución.
En cambio, cuando a Albaca se le complicó la partida por el rechazo inicial de Anses, el mandatario ni siquiera derogó el decreto de aceptación de la renuncia. Su respuesta, en el caso Lebbos, fue que la Corte le había dejado “un escueto margen jurídico y jurisprudencial” y que lo había obligado a aceptar las dimisiones condicionadas de Alberto Piedrabuena y de Alberto Herrera Molina.
Para que Albaca pudiera salirse con la suya no hubo sólo responsabilidad del poder político. La Corte tuvo mucho que ver; al menos, por su hibridez. No hace falta irse tan atrás en el tiempo para encontrar acciones enérgicas de la cúspide judicial cuando de separar del cargo a funcionarios cuestionados se trata. En septiembre, por ejemplo, el alto tribunal pidió a la Legislatura la destitución del defensor oficial Héctor Gustavo Pereyra. Esta vez, por mayoría, sólo pidió al juez competente “el inicio de las actuaciones pertinentes” y giró el sumario contra Albaca al fuero penal. El resultado fue un rosario de excusaciones de fiscales y jueces. A eso, precisamente, se refiere el ciudadado común cuando grita por la falta de confianza en la Justicia.
Ya en el ocaso alperovichista, es más que claro que la buena relación entre el poder político y el poder judicial nació del vientre del beneficio del 82% móvil que el hoy opositor Sergio Massa, cuando en 2006 conducía la Anses kirchnerista, les concedió a los magistrados tucumanos con el decisivo impulso del gobernador. Desde entonces, el mandatario ubicó a tres de los cinco vocales de la Corte y les abrió una ventana tentadora de huida a los acorralados. También posibilitará que el gobernador designe a quien reemplazará a Luis de Mitri como custodio de la eficiencia en la justicia penal y garante de la transparencia en los comicios. Los que merodean al gobernador vaticinan que el sucesor saldrá de una oficina de la Casa de Gobierno y que son dos los nombres que pelean por el cargo de ministro fiscal: Edmundo Jiménez (el gran artífice de esta Justicia con la que se siente cómodo el alperovichismo); y más atrás el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Sea cual fuere la decisión, lo único seguro es que Alperovich no dejará en manos de un desconocido la brújula de la justicia cuando él ya no esté en funciones.
El oficialismo legislativo, tan valiente en 2013 para decapitar a los vocales que firmaron el fallo absolutorio en el juicio de Marita Verón, esta vez no tuvo iniciativa. Ahora, los parlamentarios archivaron los pedidos de juicio político apenas Albaca presentó su renuncia condicionada. Luego, y sólo porque el fiscal debió reiniciar los trámites en la Anses, le corrieron traslado de la nueva acusación del macrismo. Pero cuando dieron ese paso, ya sabían que el hoy feliz jubilado podría ordenar sus papeles previsionales. Hace un año, el propio José Alperovich había mostrado otro ímpetu al rechazarles la dimisión a los magistrados del caso Verón con el argumento de que estaba en marcha un proceso de destitución.
En cambio, cuando a Albaca se le complicó la partida por el rechazo inicial de Anses, el mandatario ni siquiera derogó el decreto de aceptación de la renuncia. Su respuesta, en el caso Lebbos, fue que la Corte le había dejado “un escueto margen jurídico y jurisprudencial” y que lo había obligado a aceptar las dimisiones condicionadas de Alberto Piedrabuena y de Alberto Herrera Molina.
Para que Albaca pudiera salirse con la suya no hubo sólo responsabilidad del poder político. La Corte tuvo mucho que ver; al menos, por su hibridez. No hace falta irse tan atrás en el tiempo para encontrar acciones enérgicas de la cúspide judicial cuando de separar del cargo a funcionarios cuestionados se trata. En septiembre, por ejemplo, el alto tribunal pidió a la Legislatura la destitución del defensor oficial Héctor Gustavo Pereyra. Esta vez, por mayoría, sólo pidió al juez competente “el inicio de las actuaciones pertinentes” y giró el sumario contra Albaca al fuero penal. El resultado fue un rosario de excusaciones de fiscales y jueces. A eso, precisamente, se refiere el ciudadado común cuando grita por la falta de confianza en la Justicia.
Ya en el ocaso alperovichista, es más que claro que la buena relación entre el poder político y el poder judicial nació del vientre del beneficio del 82% móvil que el hoy opositor Sergio Massa, cuando en 2006 conducía la Anses kirchnerista, les concedió a los magistrados tucumanos con el decisivo impulso del gobernador. Desde entonces, el mandatario ubicó a tres de los cinco vocales de la Corte y les abrió una ventana tentadora de huida a los acorralados. También posibilitará que el gobernador designe a quien reemplazará a Luis de Mitri como custodio de la eficiencia en la justicia penal y garante de la transparencia en los comicios. Los que merodean al gobernador vaticinan que el sucesor saldrá de una oficina de la Casa de Gobierno y que son dos los nombres que pelean por el cargo de ministro fiscal: Edmundo Jiménez (el gran artífice de esta Justicia con la que se siente cómodo el alperovichismo); y más atrás el fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa. Sea cual fuere la decisión, lo único seguro es que Alperovich no dejará en manos de un desconocido la brújula de la justicia cuando él ya no esté en funciones.
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