18 Julio 2014
RESIDUOS EN EL AGUA. La avenida Circunvalación, uno de los accesos a la ciudad más conflictivos en higiene. la gaceta / foto de diego aráoz
Los diferentes sectores políticos de la Legislatura habían coincidido en sus objeciones respecto a la idea de la Secretaría de Saneamiento del PE de aplicar la cuestionada Ley de Contravenciones Policiales para evitar los basurales en los accesos a la ciudad y otros espacios públicos urbanos. Por eso, desde el bloque oficialista Tucumán Crece se pensó en una herramienta legal que sirva para perseguir a los infractores, pero no quede expuesta a planteos judiciales de inconstitucionalidad. Ayer, tras un debate interno, representantes del alperovichismo elevaron un proyecto de ley que podría “salvar” al titular de la nueva repartición, el licenciado legislador Carlos Assán.
La iniciativa prevé la modificación de la ley N° 7.883, sancionada en 2007, cuyo objetivo era prohibir “el traslado de residuos en vehículos no habilitados” y la conformación de los basurales clandestinos. Los oficialistas Roque Álvarez (presidente del Tucumán Crece), Manuel Fernández (vicepresidente de la Cámara) y Marcelo Caponio (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales) proponen como autoridad de aplicación de esta a la Secretaría de Saneamiento, además de la Policía. Además, fijaron las multas al doble del valor original, y se sujetará el costo de la sanción al precio de la nafta súper expedida por YPF. Así, según fuentes legislativas, las penalizaciones pasarán de un mínimo de $ 600 a $ 1.200, y de un tope de $ 5.000 a $ 10.000.
La repartición que encabeza Assán fue creada el mes pasado, y depende del Ministerio de Economía. El dirigente capitalino había anunciado que, para perseguir a quienes arrojan basura en lugares prohibidos, se iba a recurrir a la Policía. La intención era que los agentes vigilen los espacios públicos, y que apliquen las faltas previstas en el Código de Contravenciones Policiales. Esta normativa prevé un proceso que fue declarado inconstitucional por la Corte de la Nación en la causa “Núñez”, en 2010. Legisladores del oficialismo y de la oposición habían planteado que la ley, si se aplicaba con su diseño vigente, podía ser objetada luego en la Justicia.
Por eso, los autores de la iniciativa buscaron una manera de sortear estos posibles cuestionamientos. “Los infractores a las disposiciones relativas a la preservación, conservación, defensa, mejoramiento y recuperación ambiental serán sancionados con las penas previstas en la presente ley, los Códigos de fondo, leyes aplicables y ordenanzas sobre la materia”, propusieron en el articulado del proyecto de ley. Además, solicitaron otro agregado a la ley N° 7.883. “Sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en virtud de lo dispuesto en esta ley, quienes realicen actividades que produzcan degradación del ambiente serán responsables de los daños y perjuicios causados”, añadieron.
El texto sería tratado la semana próxima. Está previsto que el lunes se celebre una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, en la que los presidentes de los diferentes bloques políticos analizarán el orden del día. Si no hay inconvenientes, la sección se efectuará el martes, afirmaron fuentes legislativas.
La idea de Álvarez, Fernández y Caponio respecto a la ley que utilizará la Secretaría de Saneamiento es enmarcar el asunto como de interés público por la protección del medio ambiente. Al ser la repartición la autoridad de aplicación, no habría así objeciones respecto al procedimiento de las sanciones.
En 2006, con la última reforma de la Constitución provincial, la Convención incluyó el artículo 41. “La Provincia adopta como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo”, indica la Carta Magna. El inciso 1° de la norma establece que la prohibición del “depósito de materiales o substancias de las consideradas basura ecológica”.
La iniciativa prevé la modificación de la ley N° 7.883, sancionada en 2007, cuyo objetivo era prohibir “el traslado de residuos en vehículos no habilitados” y la conformación de los basurales clandestinos. Los oficialistas Roque Álvarez (presidente del Tucumán Crece), Manuel Fernández (vicepresidente de la Cámara) y Marcelo Caponio (titular de la comisión de Asuntos Constitucionales) proponen como autoridad de aplicación de esta a la Secretaría de Saneamiento, además de la Policía. Además, fijaron las multas al doble del valor original, y se sujetará el costo de la sanción al precio de la nafta súper expedida por YPF. Así, según fuentes legislativas, las penalizaciones pasarán de un mínimo de $ 600 a $ 1.200, y de un tope de $ 5.000 a $ 10.000.
La repartición que encabeza Assán fue creada el mes pasado, y depende del Ministerio de Economía. El dirigente capitalino había anunciado que, para perseguir a quienes arrojan basura en lugares prohibidos, se iba a recurrir a la Policía. La intención era que los agentes vigilen los espacios públicos, y que apliquen las faltas previstas en el Código de Contravenciones Policiales. Esta normativa prevé un proceso que fue declarado inconstitucional por la Corte de la Nación en la causa “Núñez”, en 2010. Legisladores del oficialismo y de la oposición habían planteado que la ley, si se aplicaba con su diseño vigente, podía ser objetada luego en la Justicia.
Por eso, los autores de la iniciativa buscaron una manera de sortear estos posibles cuestionamientos. “Los infractores a las disposiciones relativas a la preservación, conservación, defensa, mejoramiento y recuperación ambiental serán sancionados con las penas previstas en la presente ley, los Códigos de fondo, leyes aplicables y ordenanzas sobre la materia”, propusieron en el articulado del proyecto de ley. Además, solicitaron otro agregado a la ley N° 7.883. “Sin perjuicio de las sanciones que se apliquen en virtud de lo dispuesto en esta ley, quienes realicen actividades que produzcan degradación del ambiente serán responsables de los daños y perjuicios causados”, añadieron.
El texto sería tratado la semana próxima. Está previsto que el lunes se celebre una reunión de la comisión de Labor Parlamentaria, en la que los presidentes de los diferentes bloques políticos analizarán el orden del día. Si no hay inconvenientes, la sección se efectuará el martes, afirmaron fuentes legislativas.
La idea de Álvarez, Fernández y Caponio respecto a la ley que utilizará la Secretaría de Saneamiento es enmarcar el asunto como de interés público por la protección del medio ambiente. Al ser la repartición la autoridad de aplicación, no habría así objeciones respecto al procedimiento de las sanciones.
En 2006, con la última reforma de la Constitución provincial, la Convención incluyó el artículo 41. “La Provincia adopta como política prioritaria de Estado la preservación del medio ambiente. El ambiente es patrimonio común. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano y equilibrado, así como el deber de preservarlo y defenderlo en provecho de las generaciones presentes y futuras. El daño ambiental conlleva prioritariamente la obligación de recomponerlo y/o repararlo”, indica la Carta Magna. El inciso 1° de la norma establece que la prohibición del “depósito de materiales o substancias de las consideradas basura ecológica”.
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