El conflicto de la UNT llega al ombudsman de la Nación

El conflicto por el que atraviesa la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) llega a la Defensoría del Pueblo de la Nación. El lunes, una veintena de padres de estudiantes jujeños de distintas facultades pidió la intervención del ombudsman de esa provincia, Víctor Galarza, a raíz de la falta de clases, debido al paro por tiempo indeterminado que cumplen los afiliados a la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNT (Adiunt). Galarza resolvió derivar esta presentación a su homólogo de Tucumán, Hugo Cabral, y al secretario general de la Defensoría del Pueblo de la Nación -a cargo de esa dependencia-, Carlos Guillermo Haquim, “para conocimiento y efectos”.

En el planteo, los padres solicitan a la Defensoría del Pueblo de Jujuy que intervenga para salvaguardar los derechos de sus hijos, que consideran vulnerados, ante los inconvenientes derivados de las medidas de fuerza.

El paro por tiempo indeterminado de Adiunt rige desde el viernes 23 de mayo: al cierre del cuatrimestre había cumplido 30 días hábiles. El 13 del mes pasado Conadu Histórica (Conaduh) nacionalizó la medida. Entre otros, los docentes reclaman un aumento de un 40%, retroactivo a enero, en un pago y con revisión semestral. El 30 de junio, la Nación dio por cerradas las paritarias. Según funcionarios nacionales, la suba que otorgaron promedia un 31% anual; desde Adiunt dicen que sólo llega a un 28,15%, más otro 2% que darían en octubre.

En los considerandos del planteo, Galarza sintetiza las declaraciones de los padres. “Comprenden que el reclamo salarial de los docentes resulta justo; pero comparten la preocupación y el temor de sus hijos de perder el año ya que la falta de clases significó hasta el momento la pérdida del (cuatrimestre) y de materias correlativas”, señala el funcionario.

Alquileres, traslados

Galarza también considera los argumentos ofrecidos por los padres. “Relatan que realizan grandes sacrificios económicos para solventar los gastos de estudios y manutención de sus hijos en Tucumán. Y manifiestan (que) las medidas de fuerza ocasionan perjuicios en la economía familiar, debido a que se priorizan las necesidades de los jóvenes antes que las del grupo familiar”, dice. A modo de ejemplo, agrega que deben continuar solventando alquileres, expensas, comidas, traslados y pago de servicios.

Según añade el ombudsman jujeño en el escrito que remitió a Haquim, los padres, a raíz de la prolongación del conflicto, recurrieron a la Defensoría para que interceda ante autoridades públicas competentes, de la Nación y de Tucumán, con el fin de que se reabra el diálogo con los docentes. “Y solucionar el inconveniente, mediante el reinicio de clases y el recupero de las mesas de exámenes perdidas hasta la fecha”, explica Galarza.

De esta manera, ya suman tres los defensores del Pueblo al tanto del conflicto docente. A fines de la semana pasada, Cabral -tras haberse reunido con padres de alumnos de escuelas experimentales de la UNT, con el titular de Adiunt, Oscar Pavetti, y con la rectora, Alicia Bardón- interpuso un amparo ante la Justicia federal, contra la Nación, contra Adiunt y Conaduh, y contra la UNT, para que “garanticen el cumplimiento efectivo del pleno goce del derecho a la educación a todos los alumnos” de la casa de Juan B. Terán. Fuentes judiciales habían confiado a LA GACETA que primero debía resolverse la competencia de Cabral para interponer el amparo para, luego, hacer lugar o no a este.