05 Noviembre 2014
A CARGO. Hofer dirige la comisión creada por el tema “narcomenudeo”. la gaceta / foto de osvaldo ripoll (archivo)
La Justicia provincial no asumirá en marzo la competencia que coloca en su cabeza la investigación de los casos de venta de drogas al por menor (o “narcomenudeo”), como prevé la norma que impulsó el oficialismo a comienzos de este año. Dicha facultad seguirá en la órbita de la Justicia Federal hasta tanto la comisión creada por la ley para adaptar la estructura local defina las necesidades y recursos disponibles.
“No llegaremos a marzo porque queremos hacer un buen trabajo”, explicó por teléfono Paul Hofer, secretario de Seguridad y presidente del comité mencionado. El funcionario comentó que, tras tres reuniones, el equipo llegó a la conclusión de que se imponía encarar un estudio “profundo” sobre el tema antes de dar vía libre al traspaso de la competencia para perseguir a los dealers. “Necesitamos datos precisos sobre el volumen de causas existentes en la Justicia Federal y sobre la experiencia de las provincias que ya asumieron la potestad para investigar el ‘narcomenudeo’”, precisó. Aún no se sabe cuánto tiempo más hará falta, pero la demora está prevista en la ley, que faculta al Poder Ejecutivo -PE- a establecer las prórrogas que considere pertinentes.
La comisión ad hoc está integrada por dos miembros del Gobierno (Hofer y Lucas Haurigot Posse, secretario de Estado de Prevención y Asistencia a las Adicciones); dos del Poder Judicial (Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la magistrada Juana Juárez) y tres del Poder Legislativo (los legisladores oficialistas Graciela Suárez y José Alberto León, y la parlamentaria Nancy Bulacio, del Partido de los Trabajadores -aliado del alperovichismo-). Fuentes del comité indicaron que la propuesta de investigar el terreno partió de Gandur, que desde antes de la sanción de la ley sostiene que el traspaso de la competencia a la Justicia local en materia de “narcomenudeo” requiere de la creación de centros para tratamientos de adictos; más fiscalías; una fuerza policial especializada; un laboratorio, etcétera. Según la norma, los recursos destinados a cubrir tales necesidades deben ser transferidos por diferentes órganos de la Nación.
De un día para el otro
La decisión de adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes (para traspasar a los Tribunales locales los expedientes de “microtráfico” de drogas) fue anunciada de un día para el otro. En principio, la política obedeció a un pedido del Gobierno nacional, que pretendía así liberar a la Justicia Federal de los casos “chicos” para que esta institución concentre sus energías en la persecución del narcotráfico. La oposición, expertos y un grupo de fiscales rechazaron la iniciativa con el argumento de que no había dado resultado en otras provincias y de que no había posibilidades de atender las numerosas causas de “narcomenudeo”.
“Algunos nos critican por la decición que estamos tomando y puede que tengan razón. Pero hay que intentar algo, hay que luchar contra los que venden drogas”, manifestó el gobernador José Alperovich en un diálogo con la prensa del 17 de marzo pasado (antes, Alperovich había estimado que la implementación del cambio implicaría $ 200 millones). Durante la sesión en la que el oficialismo aprobó el proyecto, la oposición dijo que el plan carecía de estadísticas y de consenso político, y que sólo profundizaría la gravedad del problema (finalmente la bancada afín al Gobierno se impuso por 35 votos a favor y ocho en contra).
En febrero, Ricardo Sanjuán, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, había dicho a este diario que la Justicia Federal no podía seguir haciéndose cargo de la investigación del “microtráfico” de estupefacientes. “Estamos colapsados: tenemos dos juzgados y necesitamos cuatro (el tercero ya fue creado, pero aún no fue puesto en marcha)”, había manifestado el camarista, después de afirmar: “a la provincia nunca le importó el tema de la droga”.
“No llegaremos a marzo porque queremos hacer un buen trabajo”, explicó por teléfono Paul Hofer, secretario de Seguridad y presidente del comité mencionado. El funcionario comentó que, tras tres reuniones, el equipo llegó a la conclusión de que se imponía encarar un estudio “profundo” sobre el tema antes de dar vía libre al traspaso de la competencia para perseguir a los dealers. “Necesitamos datos precisos sobre el volumen de causas existentes en la Justicia Federal y sobre la experiencia de las provincias que ya asumieron la potestad para investigar el ‘narcomenudeo’”, precisó. Aún no se sabe cuánto tiempo más hará falta, pero la demora está prevista en la ley, que faculta al Poder Ejecutivo -PE- a establecer las prórrogas que considere pertinentes.
La comisión ad hoc está integrada por dos miembros del Gobierno (Hofer y Lucas Haurigot Posse, secretario de Estado de Prevención y Asistencia a las Adicciones); dos del Poder Judicial (Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, y la magistrada Juana Juárez) y tres del Poder Legislativo (los legisladores oficialistas Graciela Suárez y José Alberto León, y la parlamentaria Nancy Bulacio, del Partido de los Trabajadores -aliado del alperovichismo-). Fuentes del comité indicaron que la propuesta de investigar el terreno partió de Gandur, que desde antes de la sanción de la ley sostiene que el traspaso de la competencia a la Justicia local en materia de “narcomenudeo” requiere de la creación de centros para tratamientos de adictos; más fiscalías; una fuerza policial especializada; un laboratorio, etcétera. Según la norma, los recursos destinados a cubrir tales necesidades deben ser transferidos por diferentes órganos de la Nación.
De un día para el otro
La decisión de adherir a la Ley Nacional de Estupefacientes (para traspasar a los Tribunales locales los expedientes de “microtráfico” de drogas) fue anunciada de un día para el otro. En principio, la política obedeció a un pedido del Gobierno nacional, que pretendía así liberar a la Justicia Federal de los casos “chicos” para que esta institución concentre sus energías en la persecución del narcotráfico. La oposición, expertos y un grupo de fiscales rechazaron la iniciativa con el argumento de que no había dado resultado en otras provincias y de que no había posibilidades de atender las numerosas causas de “narcomenudeo”.
“Algunos nos critican por la decición que estamos tomando y puede que tengan razón. Pero hay que intentar algo, hay que luchar contra los que venden drogas”, manifestó el gobernador José Alperovich en un diálogo con la prensa del 17 de marzo pasado (antes, Alperovich había estimado que la implementación del cambio implicaría $ 200 millones). Durante la sesión en la que el oficialismo aprobó el proyecto, la oposición dijo que el plan carecía de estadísticas y de consenso político, y que sólo profundizaría la gravedad del problema (finalmente la bancada afín al Gobierno se impuso por 35 votos a favor y ocho en contra).
En febrero, Ricardo Sanjuán, vicepresidente de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, había dicho a este diario que la Justicia Federal no podía seguir haciéndose cargo de la investigación del “microtráfico” de estupefacientes. “Estamos colapsados: tenemos dos juzgados y necesitamos cuatro (el tercero ya fue creado, pero aún no fue puesto en marcha)”, había manifestado el camarista, después de afirmar: “a la provincia nunca le importó el tema de la droga”.
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