27 Enero 2015
Desde 2013 la Dirección de Patrimonio Cultural de la provincia y la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural han requerido formalmente en numerosas ocasiones al delegado comunal de El Mollar que dé cumplimiento a la ley de Patrimonio Cultural de la Provincia y a las resoluciones dictadas por el Ente Cultural. Concretamente, se le requirió que no autorizara la feria que se ubicaba en el entorno de los Menhires. Hasta la fecha, nunca se obtuvo ninguna respuesta.
La acción que este año ha llevado adelante el delegado comunal de El Mollar, alquilar parte de un predio protegido y permitir el ingreso de una feria en el Parque de los Menhires, es un hecho gravísimo. No solo sincera su actitud reiterada hasta el momento, pues deja totalmente en evidencia que no le interesa cumplir con la ley, sino que la transgrede y hace apología de ello.
Uno de los recursos más importantes que tiene la provincia es su Patrimonio Arqueológico, y los Menhires son un patrimonio excepcional, que debería ser protegido y valorado por el estado que es su custodio. Lo que está sucediendo en El Mollar habla muy claramente de la inconsistencia de la política de estado en materia de patrimonio cultural y turismo: hay una ley que protege y revaloriza este patrimonio, pero los funcionarios no la cumplen.
La acción que este año ha llevado adelante el delegado comunal de El Mollar, alquilar parte de un predio protegido y permitir el ingreso de una feria en el Parque de los Menhires, es un hecho gravísimo. No solo sincera su actitud reiterada hasta el momento, pues deja totalmente en evidencia que no le interesa cumplir con la ley, sino que la transgrede y hace apología de ello.
Uno de los recursos más importantes que tiene la provincia es su Patrimonio Arqueológico, y los Menhires son un patrimonio excepcional, que debería ser protegido y valorado por el estado que es su custodio. Lo que está sucediendo en El Mollar habla muy claramente de la inconsistencia de la política de estado en materia de patrimonio cultural y turismo: hay una ley que protege y revaloriza este patrimonio, pero los funcionarios no la cumplen.
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