16 Febrero 2015
La Justicia dice que hay siete cárceles federales en las que podría estar detenido Rubén Ale
Tras la apelación presentada por el viernes, fuentes tribunalicias confirmaron que no hay informes negativos sobre la salud del acusado. La defensa siempre alegó que el imputado debía estar en su casa, pero no hay pruebas que indiquen que su vida este en riesgo.
TRASLADO. En noviembre pasado Rubén “La Chancha” Ale fue trasladado al penal de Ezeiza en donde no registró un desmejoramiento en su salud. LA GACETA / FOTO DE MARIO SAYES
El Sistema Penitenciario de Tucumán no tenía un lugar acorde para su alojamiento, pero la Justicia Federal contaba con seis posibles destinos que cumplían con las condiciones requeridas para que Rubén “La Chancha” Ale esté preso en una cárcel común. Aún así, en diciembre del año pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán le concedió el privilegio del arresto domiciliario a Ale, que es investigado por el Juez Federal N° 2, Fernando Poviña, acusado de ser uno de los líderes de una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de activos.
El detalle de las cárceles, según documentación a la que tuvo acceso LA GACETA, está incorporado a la causa que dirige Poviña. Y en ese escrito figuran la Colonia Penal de Santa Rosa, en La Pampa; la Prisión Regional del Norte, en Chacho; la Colonia Penal de Candelaria, en Misiones; y los complejos del área metropolitana de Buenos Aires entre los que figuran el penal de Ezeiza, el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y el Complejo Penitenciario de Buenos Aires. Y en cualquiera de estos podría estar recluido Rubén Ale, de acuerdo con las fuentes, sin poner en riesgo su vida.
Un problema de salud
Un imputado entra en una cárcel para cumplir con una pena, no para morir. Es por eso que el Estado, por medio del Poder Judicial, tiene la obligación de garantizar la condición en la que permanecen recluidas todas aquellas personas que quebrantaron la ley.
Ese fue el principio que esgrimió la defensa de “La Chancha” Ale para, en reiteradas ocasiones, sostener que el imputado por lavado de activos que, en principio, rondan los $ 63 millones, debía acceder al privilegio del arresto domiciliario.
La prisión preventiva, condición bajo la cual está Ale, se dicta cuando se considera que el imputado puede fugarse o entorpecer el trabajo de la Justicia. No obstante, los magistrados de la Cámara de Apelaciones Federal de Tucumán consideraron que el acusado tenía que estar en su casa, haciendo lugar al pedido de la defensa, sostuvieron las fuentes.
Uno de los fundamentos de esta determinación está basada, según las fuentes, en el supuesto empeoramiento del estado clínico del imputado, que padece distintas dolencias (hipertensión, mal de Parkinson, diabetes). “Esto se decidió sin que, en la estadía de Rubén Ale en Ezeiza que, además cuenta con un hospital dentro del predio, hubiera ni siquiera un informe que indique el supuesto empeoramiento”, dijo una fuente.
Esta decisión quizás se tomó, y eso será lo que deberá analizar la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gómez, apelara el viernes el fallo que le otorgó la prisión domiciliaria al imputado, “sin tener en cuenta los informes de los médicos forenses que están en la causa que indican que Ale tiene un 70% de capacidad motriz, por lo que puede estar detenido en una cárcel común con asistencia especializada”, explicaron.
Otra cuestión que surge en este contexto es que mientras Casación revisa el fallo, trámite que podría durar hasta tres meses, Ale está bajo la tutoría de un organismo público pero civil, como lo es Patronato de Liberados, que periódicamente revisa las condiciones en las que permanece recluido. Sin embargo, no hay ningún uniforme ni verde (Gendarmería) ni negro (Policía de Seguridad Aeroportuaria) ni azul (Policía Federal) que garantice que el imputado Ale no intervenga en la investigación, dicen las fuentes. Además trascendió que tampoco tiene una tobillera o pulsera de seguridad que permita verificar vía satélite cómo está cumpliendo la prisión preventiva.
Por otra parte se informó que cuando el acusado estaba detenido en un sanatorio céntrico, “desde el Juzgado Federal N° 2 se le ofreció instalar una cinta mecánica en la habitación en la que permanecía detenido para que pudiera hacer los ejercicios que necesita realizar para evitar que su condición clínica no empeore”. Sin embargo, siempre de acuerdo con la investigación que dirige Poviña, la defensa del imputado que lleva adelante el abogado Alejandro Biagosh rechazó ese ofrecimiento.
Esta cinta mecánica es uno de los equipos específicos que Biagosh había mencionado que no eran provistos por el Estado para garantizar la debida detención de su defendido en alguna de las seis prisiones del Sistema Penitenciario Federal. A estas penitenciarías ahora se les agrega el penal de Colonia Pinto, en Santiago del Estero, que fue el destino propuesto por el fiscal Gómez en su apelación. “También se tiene que tomar en cuenta que la primera vez que Biagosh supo que su cliente podía ser trasladado a cualquiera de estos destinos no apeló esa disposición”, concluyeron las fuentes.
En el último eslabón que por el momento tiene esta cadena judicial, da fe de que, según los últimos informes médicos -tal como lo consideraron en Casación-, Rubén Ale debe estar en su casa bajo el cuidado de su familia.
El detalle de las cárceles, según documentación a la que tuvo acceso LA GACETA, está incorporado a la causa que dirige Poviña. Y en ese escrito figuran la Colonia Penal de Santa Rosa, en La Pampa; la Prisión Regional del Norte, en Chacho; la Colonia Penal de Candelaria, en Misiones; y los complejos del área metropolitana de Buenos Aires entre los que figuran el penal de Ezeiza, el Complejo Penitenciario de Marcos Paz y el Complejo Penitenciario de Buenos Aires. Y en cualquiera de estos podría estar recluido Rubén Ale, de acuerdo con las fuentes, sin poner en riesgo su vida.
Un problema de salud
Un imputado entra en una cárcel para cumplir con una pena, no para morir. Es por eso que el Estado, por medio del Poder Judicial, tiene la obligación de garantizar la condición en la que permanecen recluidas todas aquellas personas que quebrantaron la ley.
Ese fue el principio que esgrimió la defensa de “La Chancha” Ale para, en reiteradas ocasiones, sostener que el imputado por lavado de activos que, en principio, rondan los $ 63 millones, debía acceder al privilegio del arresto domiciliario.
La prisión preventiva, condición bajo la cual está Ale, se dicta cuando se considera que el imputado puede fugarse o entorpecer el trabajo de la Justicia. No obstante, los magistrados de la Cámara de Apelaciones Federal de Tucumán consideraron que el acusado tenía que estar en su casa, haciendo lugar al pedido de la defensa, sostuvieron las fuentes.
Uno de los fundamentos de esta determinación está basada, según las fuentes, en el supuesto empeoramiento del estado clínico del imputado, que padece distintas dolencias (hipertensión, mal de Parkinson, diabetes). “Esto se decidió sin que, en la estadía de Rubén Ale en Ezeiza que, además cuenta con un hospital dentro del predio, hubiera ni siquiera un informe que indique el supuesto empeoramiento”, dijo una fuente.
Esta decisión quizás se tomó, y eso será lo que deberá analizar la Cámara Nacional de Casación Penal, luego de que el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, Antonio Gómez, apelara el viernes el fallo que le otorgó la prisión domiciliaria al imputado, “sin tener en cuenta los informes de los médicos forenses que están en la causa que indican que Ale tiene un 70% de capacidad motriz, por lo que puede estar detenido en una cárcel común con asistencia especializada”, explicaron.
Otra cuestión que surge en este contexto es que mientras Casación revisa el fallo, trámite que podría durar hasta tres meses, Ale está bajo la tutoría de un organismo público pero civil, como lo es Patronato de Liberados, que periódicamente revisa las condiciones en las que permanece recluido. Sin embargo, no hay ningún uniforme ni verde (Gendarmería) ni negro (Policía de Seguridad Aeroportuaria) ni azul (Policía Federal) que garantice que el imputado Ale no intervenga en la investigación, dicen las fuentes. Además trascendió que tampoco tiene una tobillera o pulsera de seguridad que permita verificar vía satélite cómo está cumpliendo la prisión preventiva.
Por otra parte se informó que cuando el acusado estaba detenido en un sanatorio céntrico, “desde el Juzgado Federal N° 2 se le ofreció instalar una cinta mecánica en la habitación en la que permanecía detenido para que pudiera hacer los ejercicios que necesita realizar para evitar que su condición clínica no empeore”. Sin embargo, siempre de acuerdo con la investigación que dirige Poviña, la defensa del imputado que lleva adelante el abogado Alejandro Biagosh rechazó ese ofrecimiento.
Esta cinta mecánica es uno de los equipos específicos que Biagosh había mencionado que no eran provistos por el Estado para garantizar la debida detención de su defendido en alguna de las seis prisiones del Sistema Penitenciario Federal. A estas penitenciarías ahora se les agrega el penal de Colonia Pinto, en Santiago del Estero, que fue el destino propuesto por el fiscal Gómez en su apelación. “También se tiene que tomar en cuenta que la primera vez que Biagosh supo que su cliente podía ser trasladado a cualquiera de estos destinos no apeló esa disposición”, concluyeron las fuentes.
En el último eslabón que por el momento tiene esta cadena judicial, da fe de que, según los últimos informes médicos -tal como lo consideraron en Casación-, Rubén Ale debe estar en su casa bajo el cuidado de su familia.
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