23 Febrero 2015
Desestiman que los Ale tuvieran un informante
En su acusación, el imputado dijo que le pidieron $ 100.000 para “revertir la orden de detención” que había sido ordenada en su contra. Entrecruzamiento de llamadas El imputado Fabián González dijo en diciembre pasado que el clan recibía información de un importante funcionario del Juzgado Federal N° 2
La sospecha de que el denominado “Clan Ale”, que está siendo investigado por el lavado de activos de alrededor de $ 63 millones, tenía un informante dentro del Juzgado Federal N° 2, que está a cargo del magistrado Fernando Poviña, había generado un cimbronazo en la causa por la que permanecen detenidos los hermanos Rubén “La Chancha” Ale y Ángel “El Mono” Ale, acusados de liderar esta supuesta asociación ilícita que tendría también vinculaciones con el narcotráfico.
La versión había surgido luego de una ampliación de declaración indagatoria, realizada el pasado 9 de diciembre, en la que el imputado Fabián Antonio González -que también permanece detenido en el marco de esta causa- señalaba que le habían pedido $ 100.000 para pagarle a un alto funcionario de ese Juzgado que iba a “revertir la orden de detención” que pesaba en su contra, explicaron fuentes consultadas por LA GACETA.
Esa supuesta petición, según explicó González en su declaración, se la habían solicitado por medio de una comunicación telefónica en la que el señalado funcionario judicial le aseguraba que “duerma sin frazada” porque iba a resolver su precaria situación procesal, agregaron.
En esa indagatoria, González también afirmó que la comunicación telefónica a la que estaba aludiendo sucedió el 20 de diciembre de 2013. Tres días antes de que fuera detenido por efectivos de Gendarmería. Junto a esta grave acusación, el imputado aportó a la Justicia Federal tanto el número de teléfono (un aparato de telefonía móvil) desde el que se realizó el llamado como el número del destinatario que, según sostenía, pertenecía al funcionario judicial con el que se había comunicado.
Ante esta situación, Poviña había dispuesto separar de inmediato al empleado del Juzgado N° 2 que había sido mencionado y le solicitó al fiscal federal, Carlos Alfredo Brito, que abriera una investigación reservada para determinar la veracidad de los hechos denunciados por González, dijeron las fuentes.
Esta supuesta fuga de información que, según el abogado Carlos Varela Soria, que tiene a su cargo la defensa de María Jesús Rivero, también detenida por esta causa, había favorecido tanto a “La Chancha” Ale como a Oscar Roberto Dilascio y a Víctor “Pelado” Suárez (ambos prófugos) debido a que ninguno de ellos estaba en sus domicilios cuando los gendarmes fueron a buscarlos para detenerlos. Es decir, que los tres habían sido informados por este funcionario sobre los pedidos de prisión preventiva que había en su contra. Sin embargo, según se informó, la investigación del fiscal Brito echó por tierra estas sospechas.
Brito requirió un entrecruzamiento de llamadas telefónicas para verificar la versión de González pero, según detalló en su informe, en el día mencionado por el imputado -ni en los anteriores o subsiguientes- no hubo ni llamadas ni mensajes de textos que vinculen a ambas líneas, por lo que decidió desestimar la grave acusación que había sido formulada.
La versión había surgido luego de una ampliación de declaración indagatoria, realizada el pasado 9 de diciembre, en la que el imputado Fabián Antonio González -que también permanece detenido en el marco de esta causa- señalaba que le habían pedido $ 100.000 para pagarle a un alto funcionario de ese Juzgado que iba a “revertir la orden de detención” que pesaba en su contra, explicaron fuentes consultadas por LA GACETA.
Esa supuesta petición, según explicó González en su declaración, se la habían solicitado por medio de una comunicación telefónica en la que el señalado funcionario judicial le aseguraba que “duerma sin frazada” porque iba a resolver su precaria situación procesal, agregaron.
En esa indagatoria, González también afirmó que la comunicación telefónica a la que estaba aludiendo sucedió el 20 de diciembre de 2013. Tres días antes de que fuera detenido por efectivos de Gendarmería. Junto a esta grave acusación, el imputado aportó a la Justicia Federal tanto el número de teléfono (un aparato de telefonía móvil) desde el que se realizó el llamado como el número del destinatario que, según sostenía, pertenecía al funcionario judicial con el que se había comunicado.
Ante esta situación, Poviña había dispuesto separar de inmediato al empleado del Juzgado N° 2 que había sido mencionado y le solicitó al fiscal federal, Carlos Alfredo Brito, que abriera una investigación reservada para determinar la veracidad de los hechos denunciados por González, dijeron las fuentes.
Esta supuesta fuga de información que, según el abogado Carlos Varela Soria, que tiene a su cargo la defensa de María Jesús Rivero, también detenida por esta causa, había favorecido tanto a “La Chancha” Ale como a Oscar Roberto Dilascio y a Víctor “Pelado” Suárez (ambos prófugos) debido a que ninguno de ellos estaba en sus domicilios cuando los gendarmes fueron a buscarlos para detenerlos. Es decir, que los tres habían sido informados por este funcionario sobre los pedidos de prisión preventiva que había en su contra. Sin embargo, según se informó, la investigación del fiscal Brito echó por tierra estas sospechas.
Brito requirió un entrecruzamiento de llamadas telefónicas para verificar la versión de González pero, según detalló en su informe, en el día mencionado por el imputado -ni en los anteriores o subsiguientes- no hubo ni llamadas ni mensajes de textos que vinculen a ambas líneas, por lo que decidió desestimar la grave acusación que había sido formulada.
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