Por Gustavo Cobos
10 Marzo 2015
Las denuncias por los supuestos favores que el clan Ale recibía de secretarios judiciales y de fiscales, son adjudicadas por los abogados a puras estrategias procesales. Los defensores de los detenidos aducen que la presentación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en contra del fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción de la provincia, Alejandro Noguera, responde a una estrategia para alimentar la idea de una red de influencia de Rubén “La Chancha” Ale, que le garantizaba protección política y judicial. La UIF, en tanto, cree que la declaración de uno de los imputados señalando la supuesta filtración de datos del secretario del Juzgado Federal N° 1 a miembros del clan Ale, tiene como fin quitarle credibilidad a un testigo de identidad reservada, que todos saben ya quien es.
La UIF presentó la denuncia en noviembre del año pasado al juez Federal Fernando Poviña, luego de realizar la desintervención del material secuestrado en los allanamientos de principios de octubre de 2014, cuando habían encontrado una carta cuya autoría le adjudicaron a Noguera, a pesar de que no estaba firmada. Poviña analizó durante tres meses si tenía competencia para investigar a Noguera, y en febrero decidió enviar la presentación del organismo que dirige José Sbatella a la Justicia ordinaria. La versión oficial indica que el momento elegido para hacer pública la decisión de denunciar a Noguera no tuvo nada que ver con la resolución previa de archivar la investigación por la denuncia contra el secretario judicial.
En el medio de la tormenta quedó el fiscal Noguera. Desplazado de la pesquisa del caso Lebbos luego de que LA GACETA lo fotografiara saliendo de la casa del gobernador, el ahora fiscal de Cámara eligió tener un bajo perfil que se contradecía con la importancia del cargo que ostenta. Es el único fiscal de Apelaciones en toda la provincia, y por sus manos pasan, por ejemplo, todas las elevaciones a juicio oral que son apeladas. Demasiado poder le significó que varios abogados cuestionaran por lo bajo muchas de sus decisiones y por ello algunos, como Alfredo Falú, recogieron el guante y se sumaron a la embestida en contra de Noguera. En los pasillos de tribunales nadie afirma conocer que el fiscal tenga relación con los Ale, con excepción del letrado Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco. Garmendia asegura que el año pasado Noguera le pidió que la madre de María de los Ángeles “Marita” Verón levantara el veto a la designación de Gustavo Romagnoli como camarista penal, quien ostenta el récord de 10 ternas y ninguna selección para ser magistrado penal. La supuesta objeción de Trimarco (negada por sus allegados) es por el parentesco de Romagnoli con Cergio Morfil, histórico abogado del clan Ale.
La causa por lavado de activos, en tanto, sigue aguardando la decisión de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, quien ya lleva más de un año estudiando el procesamiento que dictó Poviña. Es probable que antes de que se realice un juicio oral, los acusados recuperen su libertad, al cumplirse el tiempo máximo para la prisión sin condena. La novela de ataques y contraataques judiciales comenzó con la obtención de la prisión domiciliaria por parte de la defensa de “La Chancha”. La UIF respondió con un comunicado asegurando que habían descubierto un plan del clan Ale para asesinar al procurador de Criminalidad Económica Carlos Gonella, a la prima de Susana Trimarco, Alicia, y al abogado José D’Antona. Pero esa situación sólo fue denunciada en un comunicado de prensa, y no hubo una presentación judicial en los tribunales provinciales. En respuesta, el acusado Fabián González (según la acusación, un testaferro de “La Chancha”) declaró ante Poviña que el secretario judicial Horacio Argüello era la voz que les adelantó que estaban por detenerlos. El juez Poviña dispuso una investigación reservada, y en febrero archivó la causa al no haber encontrado conexiones entre Argüello, González y un supuesto nexo del clan Ale, vinculado al testigo de identidad reservada (que de reservada ya tiene muy poco). Mario Leiva, uno de los abogados defensores, denunció en la Cámara Federal de Apelaciones que Poviña se limitó a cruzar datos telefónicos de un sólo día, y luego archivó la causa. El procesamiento de los Ale se parece cada vez más a una novela judicial, en la que cada uno cumple un papel guionado.
La UIF presentó la denuncia en noviembre del año pasado al juez Federal Fernando Poviña, luego de realizar la desintervención del material secuestrado en los allanamientos de principios de octubre de 2014, cuando habían encontrado una carta cuya autoría le adjudicaron a Noguera, a pesar de que no estaba firmada. Poviña analizó durante tres meses si tenía competencia para investigar a Noguera, y en febrero decidió enviar la presentación del organismo que dirige José Sbatella a la Justicia ordinaria. La versión oficial indica que el momento elegido para hacer pública la decisión de denunciar a Noguera no tuvo nada que ver con la resolución previa de archivar la investigación por la denuncia contra el secretario judicial.
En el medio de la tormenta quedó el fiscal Noguera. Desplazado de la pesquisa del caso Lebbos luego de que LA GACETA lo fotografiara saliendo de la casa del gobernador, el ahora fiscal de Cámara eligió tener un bajo perfil que se contradecía con la importancia del cargo que ostenta. Es el único fiscal de Apelaciones en toda la provincia, y por sus manos pasan, por ejemplo, todas las elevaciones a juicio oral que son apeladas. Demasiado poder le significó que varios abogados cuestionaran por lo bajo muchas de sus decisiones y por ello algunos, como Alfredo Falú, recogieron el guante y se sumaron a la embestida en contra de Noguera. En los pasillos de tribunales nadie afirma conocer que el fiscal tenga relación con los Ale, con excepción del letrado Carlos Garmendia, abogado de Susana Trimarco. Garmendia asegura que el año pasado Noguera le pidió que la madre de María de los Ángeles “Marita” Verón levantara el veto a la designación de Gustavo Romagnoli como camarista penal, quien ostenta el récord de 10 ternas y ninguna selección para ser magistrado penal. La supuesta objeción de Trimarco (negada por sus allegados) es por el parentesco de Romagnoli con Cergio Morfil, histórico abogado del clan Ale.
La causa por lavado de activos, en tanto, sigue aguardando la decisión de la Cámara de Apelaciones de Tucumán, quien ya lleva más de un año estudiando el procesamiento que dictó Poviña. Es probable que antes de que se realice un juicio oral, los acusados recuperen su libertad, al cumplirse el tiempo máximo para la prisión sin condena. La novela de ataques y contraataques judiciales comenzó con la obtención de la prisión domiciliaria por parte de la defensa de “La Chancha”. La UIF respondió con un comunicado asegurando que habían descubierto un plan del clan Ale para asesinar al procurador de Criminalidad Económica Carlos Gonella, a la prima de Susana Trimarco, Alicia, y al abogado José D’Antona. Pero esa situación sólo fue denunciada en un comunicado de prensa, y no hubo una presentación judicial en los tribunales provinciales. En respuesta, el acusado Fabián González (según la acusación, un testaferro de “La Chancha”) declaró ante Poviña que el secretario judicial Horacio Argüello era la voz que les adelantó que estaban por detenerlos. El juez Poviña dispuso una investigación reservada, y en febrero archivó la causa al no haber encontrado conexiones entre Argüello, González y un supuesto nexo del clan Ale, vinculado al testigo de identidad reservada (que de reservada ya tiene muy poco). Mario Leiva, uno de los abogados defensores, denunció en la Cámara Federal de Apelaciones que Poviña se limitó a cruzar datos telefónicos de un sólo día, y luego archivó la causa. El procesamiento de los Ale se parece cada vez más a una novela judicial, en la que cada uno cumple un papel guionado.
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