Por Federico Türpe
04 Abril 2015
En Jesús María, Córdoba, las inundaciones derribaron tres puentes en los últimos cinco años. Cansados de padecer evacuaciones, cortes de caminos, y todo tipo de daños materiales cada vez que llueve, vecinos de esa localidad turística, ubicada a 50 kilómetros al norte de la capital cordobesa, decidieron denunciar judicialmente al gobierno provincial.
Patrocinados por el abogado Alvaro Vucovich, presentaron un amparo judicial para que el gobierno realice las obras de prevención necesarias en la cuenca del río Guanusacaste y para que la Justicia determine si hubo inacción, omisión e incumplimiento de sus obligaciones.
Ante la falta de respuestas de las autoridades, los vecinos decidieron acudir a la Justicia, inspirados en un precedente judicial importante, que sentó jurisprudencia, por decirlo de alguna manera. Se trata de la limpieza del Riachuelo, causa que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, que en julio de 2008 dictó un fallo histórico. En esa sentencia, la Corte dictaminó quiénes son los responsables de hacer las obras de saneamiento del río y dejó abierta la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento.
En la causa “Contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo”, se responsabilizó por daños y perjuicios a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas, y luego se amplió a 14 municipios que limitan con la cuenca.
Los cordobeses decidieron seguir el mismo camino y el martes pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Jesús María aceptó el amparo de los vecinos y emplazó al gobierno de Córdoba a que se presente ante la Justicia para dar explicaciones.
Otro trámite similar está ocurriendo en la ciudad de La Plata, donde la Justicia penal ya citó a declaración indagatoria a los ex directores de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires, Sergio Ariel Lezana y Sergio Angel De Lorenzo, respectivamente, acusados del delito de omisión de deberes en su accionar durante las inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013.
Tres puentes en cinco años cayeron en Jesús María y en menos de un mes ya intervino la Justicia y citó a declarar a los funcionarios responsables. En Tucumán, en sólo 15 días, se desplomaron 10 puentes y otros dos están en riesgo y no pasó nada. En realidad sí pasó, pero nada bueno.
• La senadora Beatriz Rojkés insultó a los inundados y avergonzó a los tucumanos en todo el mundo, salvo a un puñado de aplaudidores a sueldo que salieron a defender lo indefendible. Lealtad que le dicen, a la billetera.
• El gobernador Alperovich dijo que las obras del plan pre lluvia funcionaron a la perfección y luego se superó a sí mismo al vaticinar: “vamos a salir a flote”.
• Luego, Alperovich, abrumado por el desastre, culpó al clima, y ni siquiera al nuestro, no vaya a ser cosa que alguien crea que él no controla el clima: “El motivo fundamental (de la devastación) es la cantidad de precipitaciones que hubo, sobre todo lo que vino de las montañas de Catamarca”.
• El secretario de Obras Públicas de la provincia, Oscar Mirkin, admitió que no se hicieron las obras hídricas necesarias para evitar que las inundaciones causen tanto daño, contradiciendo al propio gobernador. Y ahí sigue, como si nada.
• El director de Flora y Fauna de la provincia, Juan Manuel Villá, reconoció que el desmonte ilegal persiste en Tucumán y dijo que la urbanización en los márgenes de los ríos es descontrolada.
• El intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, apuntó contra la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Desarrollo Productivo por la falta de controles en la extracción de áridos del río Muerto.
• Autoridades de la UNT responsabilizaron a Toledo de ser el único que extrae áridos del río Muerto. Ya debe haber como 15 fiscales investigando, pero silenciosamente.
• Al que no se lo volvió a ver nunca más es al secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, que hasta antes de la primera tormenta andaba de pueblo en pueblo y de caravana en caravana. Se borró olímpicamente, como dicen en el barrio. “No quise aparecer en las fotos”, se justificó. Y sí, en momentos así nadie quiere aparecer, sobre todo si está en campaña.
• Desde la oposición dispararon con todo y contra todo. Hablaron de corrupción, negligencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, de falta de rendición de cuentas, de inoperancia, entre otras acusaciones. Pero todo al voleo, sin una sola denuncia concreta, con mucha pinta de pirotecnia electoralista.
Una joyita
Pasó casi inadvertido, y quizás porque ellos mismos quisieron que así fuera. Durante la última sesión de 2014 del Concejo Deliberante de la capital, el martes 23 de diciembre, aprobaron una maratón de ordenanzas. Las más resonantes fueron aumentos en las tarifas de transporte, vía libre para que se licite la recolección de basura y un incremento en los impuestos municipales. Pero al llegar al punto 15 del orden del día, el alperovichista Morof propuso que desde allí hasta el punto 22 se aprueben en bloque, con el argumento de que contaban con un solo dictamen. Se aprobó su moción, y los ocho puntos fueron aprobados. El punto 15 era un proyecto para que se instituya en la ciudad el 9 de diciembre como el Día de Lucha contra la Corrupción. El artículo 2° señala: “Declárese de interés y prioridad las acciones, proyectos y medidas promovidas en San Miguel de Tucumán que tengan por objeto el estímulo e impulso de herramientas y mecanismos en la gestión y administración del Estado, que promuevan mayor transparencia; entendiendo la misma como la publicidad eficaz, el fortalecimiento de las instituciones, de la función de control de los actos de Gobierno, y la promoción y concientización a la ciudadanía”.
Es apenas un día y lo hicieron pasar desapercibido, pero ante la nada judicial que nos asiste, parece mucho.
Patrocinados por el abogado Alvaro Vucovich, presentaron un amparo judicial para que el gobierno realice las obras de prevención necesarias en la cuenca del río Guanusacaste y para que la Justicia determine si hubo inacción, omisión e incumplimiento de sus obligaciones.
Ante la falta de respuestas de las autoridades, los vecinos decidieron acudir a la Justicia, inspirados en un precedente judicial importante, que sentó jurisprudencia, por decirlo de alguna manera. Se trata de la limpieza del Riachuelo, causa que llegó hasta la Corte Suprema de la Nación, que en julio de 2008 dictó un fallo histórico. En esa sentencia, la Corte dictaminó quiénes son los responsables de hacer las obras de saneamiento del río y dejó abierta la posibilidad de imponer multas en caso de incumplimiento.
En la causa “Contaminación ambiental del río Matanza-Riachuelo”, se responsabilizó por daños y perjuicios a la Nación, a la provincia de Buenos Aires y a la ciudad de Buenos Aires y a 44 empresas, y luego se amplió a 14 municipios que limitan con la cuenca.
Los cordobeses decidieron seguir el mismo camino y el martes pasado la Cámara en lo Contencioso Administrativo de Segunda Nominación de Jesús María aceptó el amparo de los vecinos y emplazó al gobierno de Córdoba a que se presente ante la Justicia para dar explicaciones.
Otro trámite similar está ocurriendo en la ciudad de La Plata, donde la Justicia penal ya citó a declaración indagatoria a los ex directores de Defensa Civil de la Municipalidad de La Plata y de la provincia de Buenos Aires, Sergio Ariel Lezana y Sergio Angel De Lorenzo, respectivamente, acusados del delito de omisión de deberes en su accionar durante las inundaciones del 2 y 3 de abril de 2013.
Tres puentes en cinco años cayeron en Jesús María y en menos de un mes ya intervino la Justicia y citó a declarar a los funcionarios responsables. En Tucumán, en sólo 15 días, se desplomaron 10 puentes y otros dos están en riesgo y no pasó nada. En realidad sí pasó, pero nada bueno.
• La senadora Beatriz Rojkés insultó a los inundados y avergonzó a los tucumanos en todo el mundo, salvo a un puñado de aplaudidores a sueldo que salieron a defender lo indefendible. Lealtad que le dicen, a la billetera.
• El gobernador Alperovich dijo que las obras del plan pre lluvia funcionaron a la perfección y luego se superó a sí mismo al vaticinar: “vamos a salir a flote”.
• Luego, Alperovich, abrumado por el desastre, culpó al clima, y ni siquiera al nuestro, no vaya a ser cosa que alguien crea que él no controla el clima: “El motivo fundamental (de la devastación) es la cantidad de precipitaciones que hubo, sobre todo lo que vino de las montañas de Catamarca”.
• El secretario de Obras Públicas de la provincia, Oscar Mirkin, admitió que no se hicieron las obras hídricas necesarias para evitar que las inundaciones causen tanto daño, contradiciendo al propio gobernador. Y ahí sigue, como si nada.
• El director de Flora y Fauna de la provincia, Juan Manuel Villá, reconoció que el desmonte ilegal persiste en Tucumán y dijo que la urbanización en los márgenes de los ríos es descontrolada.
• El intendente de Yerba Buena, Daniel Toledo, apuntó contra la Universidad Nacional de Tucumán y el Ministerio de Desarrollo Productivo por la falta de controles en la extracción de áridos del río Muerto.
• Autoridades de la UNT responsabilizaron a Toledo de ser el único que extrae áridos del río Muerto. Ya debe haber como 15 fiscales investigando, pero silenciosamente.
• Al que no se lo volvió a ver nunca más es al secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, que hasta antes de la primera tormenta andaba de pueblo en pueblo y de caravana en caravana. Se borró olímpicamente, como dicen en el barrio. “No quise aparecer en las fotos”, se justificó. Y sí, en momentos así nadie quiere aparecer, sobre todo si está en campaña.
• Desde la oposición dispararon con todo y contra todo. Hablaron de corrupción, negligencia, incumplimiento de los deberes de funcionario público, de falta de rendición de cuentas, de inoperancia, entre otras acusaciones. Pero todo al voleo, sin una sola denuncia concreta, con mucha pinta de pirotecnia electoralista.
Una joyita
Pasó casi inadvertido, y quizás porque ellos mismos quisieron que así fuera. Durante la última sesión de 2014 del Concejo Deliberante de la capital, el martes 23 de diciembre, aprobaron una maratón de ordenanzas. Las más resonantes fueron aumentos en las tarifas de transporte, vía libre para que se licite la recolección de basura y un incremento en los impuestos municipales. Pero al llegar al punto 15 del orden del día, el alperovichista Morof propuso que desde allí hasta el punto 22 se aprueben en bloque, con el argumento de que contaban con un solo dictamen. Se aprobó su moción, y los ocho puntos fueron aprobados. El punto 15 era un proyecto para que se instituya en la ciudad el 9 de diciembre como el Día de Lucha contra la Corrupción. El artículo 2° señala: “Declárese de interés y prioridad las acciones, proyectos y medidas promovidas en San Miguel de Tucumán que tengan por objeto el estímulo e impulso de herramientas y mecanismos en la gestión y administración del Estado, que promuevan mayor transparencia; entendiendo la misma como la publicidad eficaz, el fortalecimiento de las instituciones, de la función de control de los actos de Gobierno, y la promoción y concientización a la ciudadanía”.
Es apenas un día y lo hicieron pasar desapercibido, pero ante la nada judicial que nos asiste, parece mucho.
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