18 Julio 2015
PREMISA. Buscar hacer mas eficiente los sistemas de control sanitario. gentileza senasa
El proyecto de redefinición del Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) seguirá en estudio en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación. La declaración de interés nacional para la sanidad de animales y vegetales y la erradicación de enfermedades y plagas, propone, además, un cambio en el sistema de control de alimentos a través de convenios entre entes sanitarios a crearse y ese organismo oficial.
La idea de replicar el exitoso esquema de las Fundaciones para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa en otros entes fue bien recibida, como un modelo de participación público-privado. Sin embargo, varios diputados expusieron que, para que la propuesta funcione, es necesario revisar algunos puntos del proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado.
En la última reunión de legisladores de la comisión y en un encuentro de sus asesores que la antecedió, hubo desacuerdo en declarar como servicio público a la prestación de servicios prestados por los entes. Dicha caracterización es utilizada para aquellos servicios que el Estado presta directamente o aquellos servicios que concesiona a un privado con fines de lucro (aguas, gas, etcétera.). En este caso se estaría concesionando a organizaciones sin fines de lucro a la vez que, por ser un servicio público, se establece que será Senasa el encargado de fijar el valor arancelario. Esto tiene dos implicancias: por un lado, se corre el riesgo de que, ante un valor bajo, los entes con buen funcionamiento no puedan solventar los gastos y puedan dejar de prestar el servicio. Por otro lado, la fijación centralizada de un valor de las prestaciones no tendrá en cuenta las diferentes estructuras de costos por ser de distintas regiones, tener diferentes escala según sus costos operativos, producción, distritos, etc. pudiendo ser en otros casos excesivo y no justificado el arancel.
Se hicieron objeciones sobre declarar de orden público normas que no están definidas. Debido a observaciones de diputados de la oposición y del oficialismo, se acordó seguir trabajando el proyecto, llamando a representantes de Senasa, asociaciones de productores y ONG para que opinen.
La idea de replicar el exitoso esquema de las Fundaciones para la Lucha Contra la Fiebre Aftosa en otros entes fue bien recibida, como un modelo de participación público-privado. Sin embargo, varios diputados expusieron que, para que la propuesta funcione, es necesario revisar algunos puntos del proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado.
En la última reunión de legisladores de la comisión y en un encuentro de sus asesores que la antecedió, hubo desacuerdo en declarar como servicio público a la prestación de servicios prestados por los entes. Dicha caracterización es utilizada para aquellos servicios que el Estado presta directamente o aquellos servicios que concesiona a un privado con fines de lucro (aguas, gas, etcétera.). En este caso se estaría concesionando a organizaciones sin fines de lucro a la vez que, por ser un servicio público, se establece que será Senasa el encargado de fijar el valor arancelario. Esto tiene dos implicancias: por un lado, se corre el riesgo de que, ante un valor bajo, los entes con buen funcionamiento no puedan solventar los gastos y puedan dejar de prestar el servicio. Por otro lado, la fijación centralizada de un valor de las prestaciones no tendrá en cuenta las diferentes estructuras de costos por ser de distintas regiones, tener diferentes escala según sus costos operativos, producción, distritos, etc. pudiendo ser en otros casos excesivo y no justificado el arancel.
Se hicieron objeciones sobre declarar de orden público normas que no están definidas. Debido a observaciones de diputados de la oposición y del oficialismo, se acordó seguir trabajando el proyecto, llamando a representantes de Senasa, asociaciones de productores y ONG para que opinen.
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