Gandur y Paz defienden sus roles y la validez de los comicios

La Junta Electoral Provincial (JEP) dio la espalda a los planteos que había articulado el Partido Obrero (PO) por medio de su apoderado, el también candidato a gobernador Daniel Blanco. La resolución que firmaron ayer el presidente Antonio Gandur y la vocal Ana María Rosa Paz rechazó el pedido de nulidad de los comicios del 23 de agosto así como la pretensión de apartar a Gandur del órgano que organiza y controla el proceso electoral. Por último, la Junta desestimó las objeciones introducidas respecto de su conformación.

Blanco había solicitado la invalidez de las elecciones en virtud de las graves irregularidades detectadas. Al respecto mencionó al acarreo de votantes; el reparto de bolsones; la manipulación de las urnas; el “voto cadena”; el robo de boletas; la compra de fiscales; los hechos de violencia ocurridos en San Pablo y otras comunas; la existencia de votos falsos y de ciudadanos fallecidos en los padrones, y los supuestos telegramas apócrifos y errores del escrutinio provisorio. Asimismo, expresó que la Junta estaba acéfala por cuanto hay un cargo vacante (el correspondiente al presidente de la Legislatura) y recusó a Gandur con el argumento de que este había prejuzgado al decir que no hubo fraude.

En cuanto al clientelismo, Gandur y Paz recordaron que la Junta, por medio de la resolución del 30 de julio, había advertido sobre el carácter delictivo de esta práctica y adoptado medidas de prevención. La Junta expresó que la autoridad policial debía impedir la consumación del clientelismo y que su investigación correspondía a las fiscalías de Instrucción en lo Penal o a la Justicia Federal, a quienes había remitido las denuncias ingresadas. “Hasta el momento no hemos recibido información sobre el resultado de esas pesquisas”, expresaron.

Los miembros de la JEP afirmaron que al momento de tratar los planteos del PO habían incorporado 696 mesas al escrutinio final; que 270 urnas habían sido abiertas, y que sólo en cuatro casos habían encontrado diferencias de sufragios y electores que autorizaran a declarar la nulidad específica. A continuación, insistieron conque la ley habilitaba a invalidar los comicios cuando la mitad del total de las mesas fueran anuladas.

Gandur y Paz rechazaron los planteos referidos al escrutinio provisorio con base en que este no tenía valor jurídico. “Es inhábil para poner en tela de juicio los resultados de los comicios”, repitieron. Y si bien repudiaron los actos vandálicos ocurridos en las comunas de Sargento Moya, Los Ralos y San Pablo, aseguraron que tales hechos, que estaban siendo investigados en las fiscalías correspondientes, no invalidaban el conjunto de los comicios, según el Código Electoral Nacional. Por último, explicaron que los cambios de domicilio advertidos en Garmendia habían sido puestos en conocimiento de la Justicia Federal.

Previamente, la JEP confirmó a Gandur al interpretar que los comentarios periodísticos en los que este había negado la versión de fraude se referían a las circunstancias verificadas en el momento concreto de su emisión. “No caben dudas de que las referencias formuladas por el presidente de la JEP se encontraban ceñidas a la oportunidad en la que fue consultado”, afirmaron el propio Gandur y Paz.

Por último, los integrantes del órgano sostuvieron que este había sido conformado en forma correcta. “Su composición actual es el resultado de la sentencia de la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo que el 21 de agosto de 2015 facultó al titular de la Junta a proceder a su legítima integración”, dijeron a colación del apartamiento del ministro público Edmundo Jiménez y de la legisladora oficialista Beatriz Bordinaro. Debido a este fallo, Gandur convocó a Paz y, como la Legislatura informó que todos sus miembros tenían intereses en los comicios, ambos resolvieron que, en caso de empate, debía intervenir la fiscala Emma Beatriz García.