No se define qué sucederá con las tarifas

Las empresas distribuidoras de gas afirman que no recibieron ninguna instrucción del Enargas y que facturan con los incrementos El juez de La Plata que anuló los aumentos dice que deben retrotraerse los valores. Esperan que la Corte Suprema fije postura

ESPERAN SU ORDEN. El Enargas es el organismo que debería indicar a las empresas distribuidoras de gas qué hacer con las tarifas luego del fallo. dyn ESPERAN SU ORDEN. El Enargas es el organismo que debería indicar a las empresas distribuidoras de gas qué hacer con las tarifas luego del fallo. dyn
09 Julio 2016
BUENOS AIRES.- Las compañías distribuidoras de gas natural por redes no recibieron instrucción alguna por parte del Ministerio de Energía o del Enargas, luego de conocido el fallo de la Cámara Federal de La Plata que anuló las resoluciones que dispusieron el aumento de las tarifas a partir del 1 de abril último. Fuentes empresarias indicaron respecto de la facturación a los usuarios que siguen actuando como lo venían haciendo, dado que no han recibido instrucción alguna por parte del Gobierno, que se apresta a apelar el fallo el lunes, e incluso acudir a la Corte Suprema en procura de una pronta resolución de la controversia.

Mientras tanto, se conocieron hoy repercusiones sobre la resolución de la Cámara platense desde el ámbito político, judicial y de defensa del consumidor, cuestionando el procedimiento del gobierno para disponer los aumentos. El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, afirmó que la resolución de la Cámara Federal que anuló los aumentos de las tarifas de gas en todo el país es consecuencia de un proceso que empezó mal.

Lifschitz consideró que la resolución de la Cámara responde a un cortocircuito judicial, y destacó: “en Santa Fe intentamos frenar la suba de las tarifas teniendo en cuenta los aspectos sociales, la gente de menores recursos, jubilados y trabajadores; pero también sobre empresas, industrias, comercios y clubes”.

Por su parte, el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo (PRO), reconoció que el esquema de aumento de tarifas tuvo partes equivocadas, pero advirtió que si el Gobierno no las incrementaba la Argentina se iba a quedar sin energía. “Y sin energía no hay trabajo, ni hospitales, ni escuelas, ni país”, aseveró.

El senador pidió que la Corte Suprema de Justicia defina con celeridad si deja firme el fallo de la Cámara Federal platense, pero en conversación con radio Mitre admitió que “se hizo un sistema de aumentos que tuvo partes acertadas y partes equivocadas”.

“Entre las acertadas está la tarifa social, que abarca al 30% de la población”, y en cuanto a las equivocadas, Pinedo puntualizó: “en algunos lugares de la Argentina había un atraso especial que llevó los aumentos hasta un mil por ciento, lo cual nos parecía que era un disparate, y el Gobierno corrigió poniendo tope a los aumentos del 400 por ciento”.

“El Gobierno va a acompañar una solución razonable para los argentinos, la menos dolorosa para los argentinos, pero no le va a mentir. Los seis primeros meses fueron muy duros pero el camino alternativo, que es mentir, no es un camino que se va a tomar”, sostuvo el presidente provisional del Senado. También cargó contra la política energética del kirchnerismo, al afirmar que mantuvo las tarifas congeladas para ganar elecciones y que ello derivó en que la Argentina perdió reservas de gas y se iba a quedar sin energía.

La diputada nacional por el GEN Margarita Stolbizer consideró que el Gobierno no debe apelar el fallo, y afirmó que debe aceptar retrotraer el valor de las tarifas de los servicios de luz y gas. “El aumento fue brutal e ilegal, el Gobierno debe aceptar y dar marcha atrás, aceptando la nulidad de las resoluciones de (el ministerio de) Energía”, señaló.

Posición judicial

El juez en lo Contencioso Administrativo de la ciudad de La Plata, Luis Arias, indicó que el fallo de la Cámara Federal obliga a la empresa a retrotraer la facturación a los valores anteriores y devolver lo que haya percibido de más. El magistrado insistió en que se deben hacer audiencias públicas antes de ajustar las tarifas porque ello tiene que ver con el derecho a la información de los usuarios y, por otra parte, está la cuestión de la razonabilidad de las tarifas que, dijo, es uno de los requisitos legales. (DyN-Télam)

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