22 Septiembre 2016
El escándalo por la detención de un ex empleado del legislador Ramón Santiago Cano, jefe del bloque oficialista Tucumán Crece, generó una primera reacción entre los bloques opositores.
Los radicales José María Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz instaron por nota al gobernador, Juan Manzur, a que reglamente y aplique la ley que dispone la obligatoriedad de los exámenes de detección de drogas para funcionarios jerárquicos de la Administración Pública.
Los parlamentarios justificaron su pedido en “la delicada situación social” actual y “en las notas periodísticas que dan cuenta de la participación de funcionarios y policías en hechos delictivos”.
Esta semana fue detenido el dirigente Julio César Trayan, que se desempeñaba bajo la órbita del peronista Cano (lo había sumado como adscripto desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán). El sospechoso es sindicado como presunto participante en una banda “narco”.
La ley N° 8.850, que dispone la realización de exámenes anti-drogas, promulgada en marzo, pero nunca fue reglamentada, indicaron los radicales. “No queremos droga en la política ni en la Policía. La lucha contra el narcotráfico debe darse con coherencia y decisión política, no con hipocresía y doble moral”, dijo Canelada.
Ayer, Manzur consideró “correcta” la decisión del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, de haber cesado los lazos laborales de la Cámara con Trayan y con una mujer, supuestamente vinculada al caso.
Los radicales José María Canelada, Adela Estofán y Eudoro Aráoz instaron por nota al gobernador, Juan Manzur, a que reglamente y aplique la ley que dispone la obligatoriedad de los exámenes de detección de drogas para funcionarios jerárquicos de la Administración Pública.
Los parlamentarios justificaron su pedido en “la delicada situación social” actual y “en las notas periodísticas que dan cuenta de la participación de funcionarios y policías en hechos delictivos”.
Esta semana fue detenido el dirigente Julio César Trayan, que se desempeñaba bajo la órbita del peronista Cano (lo había sumado como adscripto desde la Municipalidad de San Miguel de Tucumán). El sospechoso es sindicado como presunto participante en una banda “narco”.
La ley N° 8.850, que dispone la realización de exámenes anti-drogas, promulgada en marzo, pero nunca fue reglamentada, indicaron los radicales. “No queremos droga en la política ni en la Policía. La lucha contra el narcotráfico debe darse con coherencia y decisión política, no con hipocresía y doble moral”, dijo Canelada.
Ayer, Manzur consideró “correcta” la decisión del vicegobernador, Osvaldo Jaldo, de haber cesado los lazos laborales de la Cámara con Trayan y con una mujer, supuestamente vinculada al caso.
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