21 Octubre 2016
La discusión por la inclusión de las inmunidades procesales para legisladores, magistrados judiciales y funcionarios del Poder Ejecutivo (PE) en el nuevo Código Procesal Penal de la Provincia (CPPP) insumió largos minutos de la sesión de ayer. A pesar del insistente rechazo de la oposición, el oficialismo impuso su mayoría -con el apoyo de algunas bancas “rivales”- y consignó en la normativa procesal ese privilegio constitucional.
En la revisión previa de los proyectos, el radical José Canelada, el bussista Claudio Viña y la peronista disidente Stella Maris Córdoba (ausente en la sesión de ayer por estar de viaje) rubricaron un dictamen de minoría que objetaba esas inmunidades. “No se puede, por vía de ley, regular o extender privilegios que no han sido enunciados por el constituyente. Si el constituyente hubiera querido otorgarle estas inmunidades al gobernador, a los ministros o al Tribunal de Cuentas, probablemente lo hubiera hecho en 2006, cuando se reformó la Carta Magna, o en cualquiera de sus reformas anteriores”, manifestó Canelada.
Cuestionó también que las causas jurisdiccionales queden indefectiblemente en manos de un fiscal regional (nueva figura en el Ministerio Público Fiscal). “Eso significa que una sola persona concentrará el poder de resolver todas las denuncias. Si quiero que alguien que roba en la calle sea juzgado y vaya preso, también un funcionario que comete un ilícito debe ser sometido a las mismas reglas. Su caso no tiene por qué ser tomado por un fiscal especial”, adujo.
El macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) consideró que lo más preocupante fue la fijación de un plazo de caducidad de dos meses para las causas penales contra funcionarios públicos sujetos a juicio político o de destitución. “Sugiero llevar el plazo a seis meses, que es lo previsto por el Código Procesal en los procesos ordinarios (contra cualquier ciudadano). Eso no vulneraría los derechos y garantías de un legislador o funcionario público investigado”, indicó. El radical Raúl Albarracín se adhirió a su planteo. “Deberíamos lograr un consenso para lograr la igualdad ante la ley”, señaló el ex concejal de Concepción.
El peronista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, rechazó la idea del macrista y del radical.
El sindicalista bancario Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad) expresó duras críticas contra el régimen penal actual, pero consideró que los responsables son “personas” y no el sistema en sí. “Esto tiene nombre y apellido. Cuando se habla de la elección de jueces y fiscales no podemos olvidarnos (...) que estuvieron digitados desde el PE por (el actual ministro fiscal) Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez”, indicó. Mencionó además a los ex fiscales Guillermo Herrera y Carlos Albaca y al actual fiscal Washington Navarro Dávila. “El problema no es el sistema, sino quienes administran justicia, salvo honrosas excepciones”, consignó Bourlé.
En la revisión previa de los proyectos, el radical José Canelada, el bussista Claudio Viña y la peronista disidente Stella Maris Córdoba (ausente en la sesión de ayer por estar de viaje) rubricaron un dictamen de minoría que objetaba esas inmunidades. “No se puede, por vía de ley, regular o extender privilegios que no han sido enunciados por el constituyente. Si el constituyente hubiera querido otorgarle estas inmunidades al gobernador, a los ministros o al Tribunal de Cuentas, probablemente lo hubiera hecho en 2006, cuando se reformó la Carta Magna, o en cualquiera de sus reformas anteriores”, manifestó Canelada.
Cuestionó también que las causas jurisdiccionales queden indefectiblemente en manos de un fiscal regional (nueva figura en el Ministerio Público Fiscal). “Eso significa que una sola persona concentrará el poder de resolver todas las denuncias. Si quiero que alguien que roba en la calle sea juzgado y vaya preso, también un funcionario que comete un ilícito debe ser sometido a las mismas reglas. Su caso no tiene por qué ser tomado por un fiscal especial”, adujo.
El macrista Alberto Colombres Garmendia (PRO-Cambiemos) consideró que lo más preocupante fue la fijación de un plazo de caducidad de dos meses para las causas penales contra funcionarios públicos sujetos a juicio político o de destitución. “Sugiero llevar el plazo a seis meses, que es lo previsto por el Código Procesal en los procesos ordinarios (contra cualquier ciudadano). Eso no vulneraría los derechos y garantías de un legislador o funcionario público investigado”, indicó. El radical Raúl Albarracín se adhirió a su planteo. “Deberíamos lograr un consenso para lograr la igualdad ante la ley”, señaló el ex concejal de Concepción.
El peronista Marcelo Caponio, presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, rechazó la idea del macrista y del radical.
El sindicalista bancario Eduardo Bourlé (bloque Trabajo y Dignidad) expresó duras críticas contra el régimen penal actual, pero consideró que los responsables son “personas” y no el sistema en sí. “Esto tiene nombre y apellido. Cuando se habla de la elección de jueces y fiscales no podemos olvidarnos (...) que estuvieron digitados desde el PE por (el actual ministro fiscal) Edmundo ‘Pirincho’ Jiménez”, indicó. Mencionó además a los ex fiscales Guillermo Herrera y Carlos Albaca y al actual fiscal Washington Navarro Dávila. “El problema no es el sistema, sino quienes administran justicia, salvo honrosas excepciones”, consignó Bourlé.
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