07 Diciembre 2016
BUENOS AIRES.- El juez federal, Sebastián Casanello, dispuso que un equipo de contadores de la Corte Suprema realice el peritaje para establecer de qué forma gastó la productora de la actriz, Andrea del Boca, los más de $ 36 millones que recibió del Estado para “Mamá Corazón”, según informó Télam.
El magistrado ordenó el estudio sobre la productora “a+A Group” con el objetivo de reconstruir “el circuito de empresas que intervinieron en el desarrollo del proyecto” y determinar la ruta de los fondos que la actriz y su hermano Nicolás recibieron de parte del ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.
A pedido del fiscal federal, Federico Delgado, el juez Casanello solicitó determinar, en el plazo de 30 días, “si existen inconsistencias entre los fondos entregados por el Estado Nacional y los gastos realizados por la productora a+A Group”.
El magistrado solicitó que se investigue “si existieron movimientos de fondos, entre cualquiera de los partícipes que de algún modo intervengan en el ámbito del citado proyecto, que por cualquier causa no tengan su correlato fiel en documentación de respaldo contable y/o extracontable”.
El juez advirtió que deberá discriminarse “cada uno de beneficiarios de los pagos, con indicación de su pertinente factura, fecha, orden de compra/pago que se imputara y determinación de fecha, y medio de pago”.
La investigación se originó en una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, que apuntaba al financiamiento y la contratación directa para la producción y grabación de 25 capítulos de una novela producida por parte de la empresa “a+A Group” a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
En la causa que ventila la adjudicación de fondos públicos para una telenovela que nunca se emitió están imputados ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y la actriz. (Télam)
El magistrado ordenó el estudio sobre la productora “a+A Group” con el objetivo de reconstruir “el circuito de empresas que intervinieron en el desarrollo del proyecto” y determinar la ruta de los fondos que la actriz y su hermano Nicolás recibieron de parte del ministerio de Planificación Federal, durante el kirchnerismo.
A pedido del fiscal federal, Federico Delgado, el juez Casanello solicitó determinar, en el plazo de 30 días, “si existen inconsistencias entre los fondos entregados por el Estado Nacional y los gastos realizados por la productora a+A Group”.
El magistrado solicitó que se investigue “si existieron movimientos de fondos, entre cualquiera de los partícipes que de algún modo intervengan en el ámbito del citado proyecto, que por cualquier causa no tengan su correlato fiel en documentación de respaldo contable y/o extracontable”.
El juez advirtió que deberá discriminarse “cada uno de beneficiarios de los pagos, con indicación de su pertinente factura, fecha, orden de compra/pago que se imputara y determinación de fecha, y medio de pago”.
La investigación se originó en una denuncia presentada por el abogado Ricardo Monner Sans, titular de la Asociación Civil Anticorrupción, que apuntaba al financiamiento y la contratación directa para la producción y grabación de 25 capítulos de una novela producida por parte de la empresa “a+A Group” a través de un convenio con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam).
En la causa que ventila la adjudicación de fondos públicos para una telenovela que nunca se emitió están imputados ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido y la actriz. (Télam)
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