La provincia de Santa Cruz está literalmente en llamas. Para apaciguarlas, fue designada María Cecilia Velázquez como ministra de Educación. Apenas le pusieron un micrófono delante de su boca, aprovechó para vaciar una botella de combustible sobre el fuego: habló de “jóvenes y jóvenas”. Para sostener una suerte de parodia de la corrección política llevada hasta el paroxismo, Velázquez no tuvo ningún freno que evitara dejar en evidencia su absoluta impericia para ocupar el cargo. 


Casi en simultáneo, en un confuso episodio, el director del INCAA Alejandro Cacetta presentó su renuncia por una cuestión administrativa, según el comunicado oficial, y fue puesto a disposición de la Oficina Anticorrupción por el ministro de Cultura Pablo Avelluto para “sostener la transparencia” debido a supuestos manejos espurios de los millonarios fondos que tenía a su disposición. Como toda crisis política ocurrida en la Argentina desde diciembre de 2015, el gobierno jugó un papel fundamental a la hora de magnificarla, hacerla escalar y generar confusión en la opinión pública.

No quedó claro qué pasó, la industria se le volvió encima a Avelluto y hasta históricos bastiones de apoyo mediático para Cambiemos, como Adrián Suar o Juan José Campanella, alzaron sus voces en contra de la medida. Dos fotografías de la Argentina que parecen no tener nada que ver la una con la otra, pero que corresponden al mismo patrón: la escasez crónica de nuestro país en materia de profesionales preparados para asumir funciones en las áreas clave de gobierno: si bien aquí quedaron en el tapete la educación y la cultura, nada menos, lo mismo ocurre en todas las áreas de políticas públicas del Estado, incluyendo salud y, por supuesto, seguridad. Lejos de solucionar el problema, el actual gobierno tendió a profundizarlo.

Es que cuando Cambiemos accedió al poder, se encontró con que tenía que cubrir una infinidad de cargos en al menos tres estadios imposibles de “llenar”: el Estado nacional, la ciudad de Buenos Aires (el único que, por trayectoria, tenían más o menos controlado) y la ingobernable (en sentido no tan figurado) provincia de Buenos Aires. Así, Macri hizo en la Argentina lo que no se hubiera permitido hacer en sus empresas: improvisar con el equipo de ejecutivos responsables de tomar decisiones críticas. A sabiendas de que contaba con un número acotado de gente, debió “rellenar” espacios.

Esta decisión implicó, entre otras cosas, sostener personal del antiguo régimen que continuaron en muchos casos haciendo negocios espurios. Es cierto que existe un plan integral muy ambicioso de reforma del Estado, que lleva adelante Andrés Ibarra desde el Ministerio de Modernización. Sin embargo, si se revisan sus fundamentos, sus alcances y su implementación, se descubrirá que falta un ítem esencial: no existe ninguna área que se ocupe en serio de formar profesionales en la administración pública, ni en la órbita federal, ni en las provinciales, ni en las locales.

Hay un presupuesto escasísimo para financiar el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Una gota de agua en un desierto de desidia y corrupción. De nada sirve incorporar tecnología o cambiar criterios básicos del funcionamiento del Estado si no se cuenta, en paralelo, con personal preparado para gestionarlo adecuadamente. Y esto no se logra con unos cuantos concursos. Esta situación no es nueva, original ni un invento de Cambiemos: es una característica intrínseca a la política argentina. Iniciativas puntuales como el programa de administradores gubernamentales desarrollado durante la presidencia de Raúl Alfonsín representan la excepción a la regla.

Esta histórica propensión nacional a gastar mal el dinero de los contribuyentes en un Estado enorme e ineficiente y en sueldos de funcionarios que, lejos de producir algún resultado positivo, hasta parecen tener la misión de hacer lo contrario a aquello para lo que fueron designados nos encuentra ahora ante una nueva amenaza global.

En efecto, el mundo parece estar metiéndose en una encerrona trágica que podría generar una inestabilidad sistémica con una ola de conflictos armados. Algunos ya sostienen que ha comenzado la Tercera Guerra Mundial. La propensión de Donald Trump a lanzar sus bombas, un Medio Oriente en el que no cabe un paño frío, las tensiones nucleares en Corea del Norte…

Son todas señales de alarma lo suficientemente contundentes como para que la Argentina deje de malgastar sus recursos y tome en serio el desafío de construir una Estado moderno, eficaz, eficiente y diseñado para proveer bienes públicos y garantizar la soberanía nacional. Urge definir una estrategia clara y consensuada, con prioridades de corto, mediano y largo plazo, respecto del tamaño, modelo y funciones del Estado.

De no hacerlo, las consecuencias para la Argentina pueden ser gravísimas: hasta ahora, el derroche de tiempo y recursos implicó la reversión de nuestro desarrollo. Pero ahora puede estar en juego la integridad nacional. Debería ser suficiente para que nos despabilemos como país y comencemos a crear planes más ambiciosos, orientados a los aspectos vitales, sin desviarse en cuestiones contemplativas o heredadas. No podemos seguir mirándonos el ombligo, pensando que la agenda global no nos impacta, que el mundo “queda lejos” o que podemos vivir con lo nuestro.

Necesitamos entender que uno más uno es dos y que el problema no es que una líder educativa habla de jóvenas ni que hay un potencial hecho de corrupción en el instituto del cine: el verdadero conflicto es que se gasta mucho y mal. Y se gobierna peor. No tenemos el capital humano necesario para asignar los recursos de manera correcta. Tampoco lo estamos formando.

Asimismo, podemos plantearnos otros interrogantes. ¿Puede un país que no tiene fuerzas armadas preparadas para los nuevos desafíos de seguridad seguir financiando al cine nacional? Esto no es una diatriba en contra del cine nacional: considero que idealmente hay que apoyarlo con mecanismos transparentes y fomentando la competencia. Pero necesitamos discutir en serio, sin prejuicios, sin ataduras ideológicas y sin necesidad de apelar de manera continua a la corrección política (para no caer, precisamente, en el “jóvenas”) qué queremos para nuestro país en el largo plazo.

La Argentina tiene un pasado traumático en su relación con las fuerzas armadas, es cierto, pero de lo que se trata aquí es de estructurar un esquema adecuado, profesional y capaz de cooperar con otros países de la región para estar preparados ante un mundo que se vuelve cada vez más complicado. Tenemos recursos naturales estratégicos en materia de alimentos, energía, minería y agua. Debemos estar a la altura de las circunstancias y reaccionar a tiempo antes de que sea tarde.

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