23 Abril 2017
Desde el año pasado, el fiscal Diego López Ávila viene advirtiendo acerca de los problemas que genera la droga en la provincia. “Esta es una realidad que nadie quiere terminar de asimilar. Los adictos han perdido todo tipo de freno inhibitorio y por eso actúan con violencia hasta en contra de su propia familia”, explicó en una charla con LA GACETA
“Desde hace bastante tiempo que desde la Justicia se viene hablando de que se necesita de manera urgente recuperar a estos chicos. Los fiscales y los jueces venimos reclamándole al Estado políticas claras para frenar las adicciones. Si no se toman medidas, se agravará el drama”, aseguró López Ávila.
En la Justicia, según las estadísticas que manejan, el 85% de las personas procesadas tiene problemas de adicción. “Muchos de ellos reciben un tratamiento de desintoxicación que dura entre tres y cinco días. Después afrontan un tratamiento ambulatorio, es decir, ingresan por la mañana a un lugar donde son tratados y después vuelven al barrio, donde los esperan sus amigos para seguir consumiendo. Está claro que esa no es la solución al problema”, indicó.
La fiscala Adriana Reinoso Cuello dio otra visión de lo que está sucediendo con este tipo de casos. “Básicamente vienen a Tribunales a buscar ayuda porque están cansadas de no conseguirla. Podemos colaborar con ellos, pero esa no es la solución. Es muy duro ver a una madre que pide la detención de su hijo. Y es más duro reconocer que ese encierro no servirá para acabar con la pesadilla que están viviendo”, explicó.
Las fuentes judiciales reconocieron que el incremento de denuncias de padres en el fuero penal tiene que ver con la falta de respuestas que reciben en los juzgados de familia que están tapados de expedientes. “El problema es que ellos cuentan con más herramientas que nosotros. Podemos gestionarle una medida restrictiva o una orden para que reciban un tratamiento. Pero no estamos en condiciones de hacer un seguimiento de los casos. Actuamos, pero nunca sabremos si dejaron de consumir o, lo que es peor aún, si dejaron de tener problemas”, explicó un funcionario.
Reinoso Cuello indicó que investigar estos casos es todo un tema. “Estimamos que el 50% de las denuncias que se realizan no prosperan porque son los mismos familiares los que desisten de seguir accionando en contra de sus hijos. Ellos, en realidad, no necesitan un proceso judicial, sino que se los asista”, concluyó.
“Desde hace bastante tiempo que desde la Justicia se viene hablando de que se necesita de manera urgente recuperar a estos chicos. Los fiscales y los jueces venimos reclamándole al Estado políticas claras para frenar las adicciones. Si no se toman medidas, se agravará el drama”, aseguró López Ávila.
En la Justicia, según las estadísticas que manejan, el 85% de las personas procesadas tiene problemas de adicción. “Muchos de ellos reciben un tratamiento de desintoxicación que dura entre tres y cinco días. Después afrontan un tratamiento ambulatorio, es decir, ingresan por la mañana a un lugar donde son tratados y después vuelven al barrio, donde los esperan sus amigos para seguir consumiendo. Está claro que esa no es la solución al problema”, indicó.
La fiscala Adriana Reinoso Cuello dio otra visión de lo que está sucediendo con este tipo de casos. “Básicamente vienen a Tribunales a buscar ayuda porque están cansadas de no conseguirla. Podemos colaborar con ellos, pero esa no es la solución. Es muy duro ver a una madre que pide la detención de su hijo. Y es más duro reconocer que ese encierro no servirá para acabar con la pesadilla que están viviendo”, explicó.
Las fuentes judiciales reconocieron que el incremento de denuncias de padres en el fuero penal tiene que ver con la falta de respuestas que reciben en los juzgados de familia que están tapados de expedientes. “El problema es que ellos cuentan con más herramientas que nosotros. Podemos gestionarle una medida restrictiva o una orden para que reciban un tratamiento. Pero no estamos en condiciones de hacer un seguimiento de los casos. Actuamos, pero nunca sabremos si dejaron de consumir o, lo que es peor aún, si dejaron de tener problemas”, explicó un funcionario.
Reinoso Cuello indicó que investigar estos casos es todo un tema. “Estimamos que el 50% de las denuncias que se realizan no prosperan porque son los mismos familiares los que desisten de seguir accionando en contra de sus hijos. Ellos, en realidad, no necesitan un proceso judicial, sino que se los asista”, concluyó.
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