El 2,6% de la población total percibe una pensión por invalidez laboral

Ante las evidencias de irregularidades en la masiva distribución de pensiones sin aportes por invalidez, el Gobierno inició un proceso de revisión que generó mucha polémica. Cuando se otorga una pensión a quien no es inválido automáticamente se lo condena a la dependencia crónica del asistencialismo ya que tiene prohibido trabajar en la formalidad. En lugar de suspender la revisión, lo pertinente es mantenerla, pero acompañada de instrumentos más eficaces de inserción laboral, señala un estudio del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

Las pensiones no contributivas por invalidez son prestaciones que se les otorga a personas que no realizaron aportes a la seguridad social, presentan un grado de discapacidad laboral superior al 76% y no disponen de ingresos o bienes que permitan la subsistencia de su grupo familiar. Se tramitan en el Ministerio de Desarrollo Social nacional y para obtenerlas se requiere un certificado médico oficial expedido por un profesional de hospital público. Son incompatibles con un empleo formal, tanto asalariado como por cuenta propia. Entre 2000 y 2015 -continúa el informe- se otorgaron más de un millón de estas pensiones. El grueso de este aumento se dio entre 2009 y 2014, cuando crecieron a razón de 130.000 por año. Hoy, las personas subsidiadas con una pensión por invalidez laboral representan el 2,6% de la población total. Al considerar la distribución de pensiones por provincias, se observan manejos discrecionales en su asignación y también un alto impacto en el funcionamiento del mercado de trabajo. Según el Ministerio de Desarrollo Social se observa que:

• En 3 provincias (Santiago, Formosa y Chaco) el 8% de la población recibe una de estas pensiones por invalidez laboral y la tasa de inactividad laboral es del 41%.

• En las 9 provincias que le siguen, el 5% de la población recibe una pensión sin aportes por invalidez laboral y la tasa de inactividad laboral es de 29%. Tucumán figura en el octavo lugar, con el 3,89%.

• En las 12 provincias de menor incidencia de estas pensiones, el 2% recibe una pensión por invalidez y la tasa de inactividad es de 24%. Estos datos confirman las sospechas sobre discrecionalidad, añade el trabajo de Idesa. No hay una conformación de la población tan diferente como para justificar provincias con tasas de invalidez 4 veces superior a otras. Por otro lado, que en la mitad de las provincias entre el 3 y el 8% de la población tenga una incapacidad laboral por impedimento físico sólo podría explicarse por catástrofe natural o una guerra, considerando además que a estas personas hay que sumarles los inválidos laborales que reciben pensiones contributivas. No habiendo mediado ninguno de estos factores, es claro que las pensiones por invalidez, al igual que muchos otros programas, fueron administradas de manera rudimentaria y con escaso apego al cumplimiento de las normas, finaliza.