Investigan si el partido de Alfaro afilió a un vecino muerto en 1986

La Justicia Federal de Tucumán puso la lupa sobre las fichas de afiliación al Partido por la Justicia Social (PJS), que tiene por máxima autoridad al intendente de la capital, Germán Alfaro (Cambiemos por el Bicentenario).

Sobre la base de un informe elevado por el secretario electoral del Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, Rogelio Rodríguez del Busto, el fiscal federal Carlos Brito abrió una investigación de oficio para dilucidar si el PJS registró en sus filas a 14 ciudadanos que ya habían fallecido.

Por esta razón, fueron citados a prestar indagatoria ocho dirigentes de la agrupación, que cumplirá un año de existencia el 17 de octubre, cuando se celebra el “Día de la Lealtad Peronista”.

La situación fue denunciada en mayo pasado por Rodríguez del Busto, según el dictamen fiscal 2.128/17. El secretario electoral hizo constar que si bien el PJS había superado las 4.000 planillas de inscripción requeridas por ley -en octubre pasado ya tenían más 7.000 adhesiones-, “se detectaron 14 fichas de ciudadanos que se encuentran informados como fallecidos por el Registro Nacional de las Personas”.

La inmensa mayoría de los decesos se produjeron recientemente, entre el 20 de octubre de 2016 -es decir, tres días después del anuncio de la inscripción del PJS- y el 12 de marzo de este año. De todas formas, en el párrafo del dictamen en cual el representante del Ministerio Público señala los “hechos imputables” se advierte que estas personas “se encontraban fallecidas a la fecha de la afiliación”.

Además, uno de los casos llamó la atención incluso en las propias filas del partido de Alfaro.

Se trata de un hombre nacido en abril de 1976 y que, según la documentación incorporada por el fiscal federal, habría muerto el 13 de octubre de 1986 (es decir, a la edad de 10 años).

El expediente, cuya carátula indica que aún se debe determinar el posible delito, está desde agosto pasado en la Secretaría Electoral de la Justicia Federal.

Allí deben declarar los miembros del PJS que certificaron -en calidad de actuarios- la recepción de las planillas cuestionadas. En el listado aparecen el secretario de Gobierno municipal, Walter Fabián Berarducci, quien fue titular de la junta promotora de la agrupación y ocupa la vicepresidencia del PJS. Además, el Ministerio Público convocó a Diego Sebastián Alfaro, Cristian David Petersen, Néstor Fabián Pérez, Nilda Valeria Amaya, Norma del Valle Torossi, Oscar Velasco Imbaud y Claudio Arias Maidana, todos por idéntica razón.

Algunos ya se presentaron -se habrían abstenido de dar su versión, según fuentes judiciales-, mientras que otros lo harán esta semana.

Desde los tribunales federales advirtieron que la situación administrativa del Partido por la Justicia Social no corre peligro, por lo que su participación dentro del Frente Cambiemos en las legislativas nacionales de octubre está asegurada. Lo que se investiga, aclararon las fuentes, es la conducta de quienes eran garantes de la documentación elevada a la Junta Electoral Nacional.

Desde su reciente creación, el PJS afrontó a través de sus abogados diversas objeciones ante la Justicia Federal. La mayoría estaba originada por el uso de la expresión “justicia social”, que apoderados del Partido Justicialista a nivel nacional y local consideraban propios del movimiento de Juan Domingo Perón.

En junio pasado, la agrupación que lidera Alfaro obtuvo la habilitación para participar de la contienda electoral. En principio, el juez federal Daniel Bejas consideró que el PJS no podía obtener la personería jurídica hasta que la Cámara Nacional Electoral resolviera las impugnaciones. Pero la confirmación llegó sobre el filo del plazo de cierre de alianzas, explicaron fuentes cercanas al intendente, por lo que finalmente la ex legisladora Beatriz Ávila, esposa de Alfaro, pudo presentarse como segunda candidata a diputada por Cambiemos en Tucumán.